Lo que está ocurriendo en La Araucanía son ejemplos claros de crímenes de odio. Quienes perpetran atentados contra las iglesias violan el derecho de muchos chilenos a ejercer libremente sus creencias religiosas; los que atentan contra la propiedad violan el derecho de otros chilenos a ejercer libremente sus actividades económicas legales y legítimas. En vez de pinochetizar el debate haciendo uso de la ley antiterrorista, el nuevo gobierno debiera promover una ley contra los crímenes motivados por el odio que ayude a restablecer el Estado de derecho en la región.

Así como el próximo Presidente debe evitar un golpe de timón demasiado brusco, también debe demostrar que el país sí cambiará de rumbo a partir del 11 de marzo. Después de todo, su promesa de campaña era que se vienen tiempos mejores. Su gobierno debe comenzar a dar señales de que el país comenzará a avanzar más rápidamente por el camino del desarrollo, con oportunidades para todos.