El debate sobre el uso de la ley antiterrorista para perseguir a aquellos que atacan iglesias o atentan contra la propiedad privada —quemando camiones e inutilizando el capital de trabajo de mucha gente— se ha desvirtuado al punto que se centra en la intención de los violentistas y no en los derechos ultrajados de las víctimas. En vez de enfocar el problema desde la visión políticamente polarizada —e históricamente cargada de simbolismos— de la ley antiterrorista, el nuevo gobierno debe abordarlo con herramientas modernas y mentalidad del siglo XXI.
Lo que está ocurriendo en La Araucanía son ejemplos claros de crímenes de odio. Quienes perpetran atentados contra las iglesias violan el derecho de muchos chilenos a ejercer libremente sus creencias religiosas. Los que atentan contra la propiedad violan el derecho de otros chilenos a ejercer libremente sus actividades económicas legales y legítimas. En vez de pinochetizar el debate haciendo uso de la ley antiterrorista, el nuevo gobierno debiera promover una ley contra los crímenes motivados por el odio que ayude a restablecer el Estado de derecho en La Araucanía.
Desde el retorno de la democracia en 1990, Chile ha avanzado una enormidad en respeto por los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia. En casi todas las dimensiones estamos muchos mejor que hace 30, 20 y 10 años. Pero en lo que respecta a la seguridad de los chilenos que viven en La Araucanía y al ejercicio de sus derechos, el país claramente ha retrocedido. Allá se queman regularmente iglesias y lugares de culto; los atentados contra el capital de trabajo restringen el derecho de muchos chilenos a llevar adelante sus actividades empresariales —y de lucro— legítimas y legales; la percepción de que el Estado de derecho rige menos en La Araucanía que en el resto del país ha limitado la inversión privada en la región y ha imposibilitado la expansión de oportunidades laborales y de desarrollo para cientos de miles de personas que habitan en una de las regiones más empobrecidas del país.
La razón del conflicto se explica por las demandas de muchos activistas y grupos mapuche que revindican una multiplicidad de posiciones, desde los más moderados que demandan inclusión y oportunidades hasta los más radicales que aspiran a autonomía política e incluso un Estado independiente. Pero el pueblo mapuche también es el principal afectado por las negativas consecuencias del conflicto. Los derechos humanos de los mapuches son continuamente violentados en el esfuerzo poco exitoso del gobierno por combatir a los grupos violentistas. La gente que vive en la zona del conflicto no puede gozar de la protección que deben brindar las instituciones públicas cuando existe Estado de derecho.
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