Desde que Nicolás Maquiavelo publicó El Príncipe en 1513, los principios morales y los principios que rigen la lucha por el poder pasaron a ocupar diferentes estantes en la cajonera de la política. Cuatro siglos más tarde, Max Weber describió, en la conferencia La Política como Vocación, las dos modalidades de ética en la política: responsabilidad y convicción. La primera orienta las decisiones que buscan alcanzar un fin necesario a través de medios reprochables. La segunda se basa en criterios meramente morales que permiten calificar una decisión de justa o injusta. Para el filósofo alemán, la ética de responsabilidad es la que reina en el ámbito de la política.
Si por un lado el divorcio entre la política y la ética ya estaba vaticinado desde el siglo XVI, la historia nos enseña que no hay semejante divorcio entre la política y la ironía. Vale mencionar el rechazo a Ronald Reagan para que actuara como protagonista de “The Best Man”. La respuesta de los productores de la película fue que Reagan no tenía la apariencia de un presidente.
El más reciente matrimonio entre política e ironía tuvo lugar el 10 de agosto en Brasil, cuando congresistas del Partido de los Trabajadores solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que suspenda el proceso de impeachment contra Rousseff. Para muchos, el impeachment o cualquier alternativa que satisfaga a Michel Temer y su partido significa un retroceso para la frágil democracia brasileña y, sobre todo, para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay quienes piensan que el Partido de los Trabajadores se equivocó en lo político, en lo ético y en la falta de coherencia que ahora se disfraza de ironía.
En abril de 2011 Brasil puso en marcha una verdadera guerra contra la CIDH, en represalia por unas medidas cautelares en las que el organismo internacional había recomendado suspender la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. Se trata de una obra faraónica, en plena Amazonía, que Rousseff había apoyado cuando era Ministra de Minas y Energía y que, según la CIDH, ponía en riesgo la vida e integridad de varios pueblos indígenas. Tras el dictamen de medidas cautelares, Rousseff congeló las contribuciones de Brasil a la OEA, retiró el Embajador Permanente de la Organización y aplazó la candidatura de Paulo Vannuchi a la CIDH, quien sería electo Comisionado posteriormente.
Dos meses después del fatídico dictamen de medidas cautelares, el Consejo Permanente de la OEA creó un Grupo de Trabajo cuya finalidad era pasar la cuenta a la CIDH por decisiones consideradas inaceptables por algunos países. Las críticas al organismo de derechos humanos eran antiguas y venían siendo repetidas por Rafael Correa, Hugo Chávez y otros presidentes y cancilleres del coro ideológico del ALBA. Pero no fuera el peso diplomático de Brasil y la reacción virulenta de Rousseff, la CIDH no hubiera atravesado la tormenta diplomática que caracterizó el mal llamado “proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano”, entre 2011 y 2013. Los efectos de dicha tormenta se sienten hasta ahora, con una CIDH que atraviesa una profunda crisis financiera.
Tras el cierre formal del “proceso de fortalecimiento” en marzo de 2013, Brasil mantuvo una actitud pasivo-agresiva contra la CIDH. Las contribuciones voluntarias a dicho organismo siguieron congeladas y las contribuciones obligatorias al fondo regular de la OEA siguieron atrasadas de dos a tres años en promedio. Mientras Azerbaiyán hizo un aporte financiero a la CIDH en el 2011, la última vez que Brasil hizo lo propio fue en el 2009.
Para la fortuna de la mandataria brasileña, la CIDH decide en derecho y no bajo la Ley de Talión. Para la mala fortuna de los brasileños que lamentamos el retroceso moral de un gobierno encabezado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), le ha faltado a Rousseff una actitud más responsable en la lucha por la democracia. La lección de Weber aplicable al ajedrez del impeachment brasileño requería una ética de responsabilidad en la que los 2 años y 6 meses que sobran de mandato presidencial son un medio fungible para lograr un fin mayor, que es un gobierno con legitimidad definida en las urnas. La anunciada carta comprometiéndose a impulsar elecciones anticipadas jamás ha sido publicada por Rousseff, como si la principal víctima del impeachment fuera ella misma y no la democracia brasileña.
Su actitud solo confirma la enseñanza de Weber en su famosa conferencia de 1919: “quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecuencia de otros fines (idealistas o egoístas) o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere”.
Daniel Cerqueira es oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso. Twitter @dlcerqueira.
This article originally appeared on El País on August 11th.
