En las últimas décadas, los expertos, académicos e investigadores en justicia transicional han centrado su atención en la relación entre la educación y el conflicto. Esta relación se ha dimensionado en dos direcciones.
Primero, el impacto que el conflicto puede tener en la educación y, segundo, las formas en las que la educación puede contribuir a perpetuar los conflictos o puede contribuir a la construcción de paz.
En la mayoría de los casos, el enfoque que se le da a la educación en escenarios de post-conflicto tiene que ver con cómo la calidad de la educación puede contribuir al desarrollo económico, el cual a su vez genera las condiciones para que la transición hacia la paz sea duradera.
Aunque esta visión del papel de la educación en el post-conflicto es importante, han comenzado a emerger otras corrientes de investigación. Ese es precisamente el caso de la última publicación de UNICEF y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en ingles) editado por Clara Ramírez-Barat y Roger Duthie.
Esta publicación se enfoca en los legados que puede dejar un pasado violento en el sector educativo de países que han hecho la transición hacia la paz. Esto incluye discriminaciones en contra de poblaciones marginales o corrientes ideológicas dentro del sistema educativo, políticas educativas que promueven la división o la violencia y la enseñanza de la memoria histórica del conflicto que termina.
La publicación también discute los retos que afrontan estos países cuando el conflicto le ha negado la posibilidad de estudiar a una parte importante de la población.
La justicia transicional se debe entender como una serie de medidas judiciales y no judiciales que promueven la responsabilidad por violaciones masivas de derechos humanos y la reparación de las víctimas. Aunque es un concepto relativamente nuevo, los expertos y las organizaciones supranacionales lo consideran indispensable para la construcción de paz en países agobiados por conflictos armados.
Estas medidas que hacen parte de la justicia transicional junto con otras políticas públicas que permitan el reconocimiento de los derechos de las víctimas y reestablezcan la confianza en las instituciones del estado y entre los ciudadanos, pueden reestablecer el estado de derecho y prevenir que se reincida en la violencia.
Los países que han elegido no reconocer ni reparar las violaciones de derechos humanos y se han rehusado a afrontar las causas de los conflictos son mucho más susceptibles a regresar al conflicto armado.
En este contexto de transición hacia la paz, la educación tiene dos propósitos fundamentales. En el sentido más amplio, la educación debe dotar a los niños y jóvenes de los conocimientos y las habilidades necesarios para que participen en los ámbitos productivos y sociopolíticos de su país.
Para leer más, visite Compartir.
