Resulta ya un ejercicio inútil volver sobre la cantidad de especulaciones y opiniones que rodearon a la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Dicha visita fue la etapa culminante de un proceso que se activó en septiembre de 2018, cuando la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recibió un mandato para evaluar el impacto de la crisis en la población y el manejo institucional de Nicolás Maduro.
Si tuviese que escoger una sola palabra para definir a este informe, diría que es demoledor. No deja resquicios. Mete el dedo en la llaga en muchos ámbitos de la vida social venezolana.
“El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida”, reza el informe. Esto desmonta la tesis de que hay una guerra económica que ha hecho disminuir la calidad de vida en líneas generales.
“Información verificada por el ACNUDH confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”, la palabra clave es hambre. La población padece hambre.
Para leer mas, visite ContraRépublica.
