Cuando el tema principal del debate político y la discusión pública en Chile es el acceso igualitario a las playas del país, nadie puede seguir insistiendo en que éste atraviesa por una preocupante crisis política y social que haga necesaria una refundación o cambio radical del modelo de desarrollo.
La semana pasada se viralizó un video en redes sociales en que el presidente de la empresa Gasco, Matías Pérez Cruz, le pedía a la religiosa Claudia Figueroa y dos amigas que se fueran del lugar donde estaban descansando, frente al lago Ranco, porque ellas presumiblemente estaban en su jardín, no en el sector de acceso público de la playa. La polémica que se desató sobre el video se ha convertido en una de las noticias destacas del verano. La mayoría de las personas han tomado partido a favor de las mujeres que, por lo que aparece en el video, no querían invadir una propiedad privada. Otros se han enfocado en la discrecionalidad sobre qué constituye propiedad privada frente a una playa o un lago. Pocos han solidarizado con presidente de Gasco que, en el mismo video, comenta que su propiedad había sido invadida antes por personas que querían hacer daño. Como segunda derivada de la polémica, no pocos han cuestionado la actitud de Pérez Cruz, que ha traído mala publicidad a la empresa Gasco y se ha convertido en símbolo del abuso empresarial.
Corresponde entonces una reflexión menos apasionada sobre las implicancias de que el debate más relevante para el chileno medio en lo que va del verano de 2019 haya sido la discusión sobre el acceso público a las playas y orillas de lago del país.
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