Cubillos valiente

No sabemos cuál va a ser el destino de esta acusación constitucional. Pero lo que es evidente es que la decisión de los partidos políticos de enfrascarse en un debate que le importa poco a la gente refleja la incapacidad de la clase política de hacerse cargo de las preocupaciones y prioridades de la población.

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Hay pocas cosas que le importan menos a los chilenos que las peleas entre las coaliciones políticas. En tanto va a tener nulo efecto en mejorar el acceso a educación de calidad para los niños de Chile, la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos es un tema que solo le interesa a la elite política. Porque la gente ni cree que esa acusación constitucional solucione los problemas de la educación chilena ni tampoco siente simpatía por una ministra que es sometida a juicio político, toda la clase política pierde de igual forma en esta inútil batalla. Ni los que apuntan a la ministra ni los que intentan aprovechar la acusación para victimizarla sacarán réditos de un conflicto que solo logra ahuyentar todavía más a la gente de la arena política.

La acusación constitucional contra Cubillos tiene más que ver con ajustes de cuentas políticos por eventos anteriores que con la preocupación por mejorar la calidad de la educación. Después que la derecha impulsara una cuestionable acusación constitucional contra la ministra de Educación Yasna Provoste en 2008 —durante el primer mandato de Bachelet— la herramienta de la acusación constitucional se convirtió en un arma utilizada para desgastar a los gobiernos. En 2008, la entonces diputada Marcela Cubillos fue una de las líderes del esfuerzo derechista por remover a Provoste. Si bien ella fue la primera ministra removida de su cargo por una acusación constitucional, no fue la última. En el gobierno de Sebastián Piñera, la centroizquierda tomó venganza al acusar constitucionalmente al también ministro de Educación Harald Beyer con argumentos tan cuestionables como los que se usaron contra Provoste.

Aunque los optimistas hubieran podido pensar que después de la remoción de Beyer las coaliciones ya no volverían a usar la herramienta de la acusación constitucional en sus conflictos políticos, la decisión por parte de legisladores de centroizquierda de hacerlo contra Cubillos muestra lo contrario: una vez que se abre la puerta de su uso político, es difícil volver a cerrarla.

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