¿No sería una paradoja pensar que un organismo encargado de “fortalecer la promoción y protección de derechos humanos en todo el mundo” esté compuesto por dictaduras? El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creado en 2006 y compuesto por 47 países, sufre de esta contradicción. Al respecto, un análisis de la elección de países miembros del Consejo desde su creación plantea dudas sobre la efectividad de este organismo para cumplir con su misión.
Desde su constitución, la Asamblea General de la ONU eligió a los Estados Miembro que conformarían el Consejo mediante votación secreta y tomando en cuenta dos consideraciones principales. Una—la más lógica—es que los países que integren el organismo debieran registrar altos estándares internos en el respeto de los derechos humanos o haber producido avances notorios. La otra consideración, ilusoria y bastante insensible frente a quienes sufren la violación de sus libertades fundamentales, es que el Consejo debe ser “incluyente” respecto a las dictaduras, como si su incorporación al organismo ayudase a disminuir la represión que las caracteriza.
El problema es que entre los 193 estados miembros de la ONU, las democracias de alta calidad institucional son una minoría y entre ellas no coordinan su política exterior en derechos humanos.
Mientras tanto, las dictaduras y otros países con baja calidad democrática son la mayoría en la ONU. Pero no deja de ser sorprendente que las dictaduras—debido a su perpetuación en el poder, la coordinación entre las mismas y la complicidad de muchas democracias—logren una importante presencia en el principal organismo internacional de derechos humanos, con el objetivo de anular su misión.
Las dictaduras no enfrentan la oposición política interna ni críticas de la prensa local, pues éstas están reprimidas. Sus principales críticos y detractores suelen denunciarlos en la arena internacional. Es por eso que requieren legitimarse internacionalmente y muchas dictaduras con mayor exposición le dedican especial atención en su política exterior a defenderse en los organismos intergubernamentales.
Esto se ve reflejado en la elección de Estados Miembros al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por ejemplo, tres dictaduras emblemáticas y con distinto peso económico, territorial y poblacional, como son China, Cuba y Arabia Saudita, han sido electas cuatro veces para integrar el Consejo y son los tres países que cumplirán más años en el organismo entre 2007 y 2019. Contrariamente, algunas democracias que se destacan en los primeros lugares de los índices de libertades civiles y políticas, libertad de prensa, y transparencia, no registran una presencia importante en este organismo: Finlandia estuvo solamente un año, Noruega tres y Suecia nunca integró el Consejo.
Recientemente se renovó un tercio de los miembros del Consejo, logrando China, la mayor dictadura del mundo, nada menos que 180 votos y dejando en clara evidencia que obtuvo el apoyo de varias democracias desarrolladas. Por su parte, Cuba obtuvo 160 votos y Arabia Saudita 152.
Si bien los países son nominados por región, en el caso de América Latina llama la atención que los de mejor calidad democrática hayan integrado el organismo por muchos menos años que aquellos donde se registran las situaciones más graves en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, Costa Rica fue electa una sola vez al Consejo y estuvo integrando el mismo entre los años 2012 y 2014; Uruguay estuvo desde 2007 al 2012, y en la última ocasión que se postuló, en 2014, perdió con Cuba; y Chile integró el organismo solamente seis años, entre 2009 y 2014.
Actualmente, Costa Rica, Uruguay y Chile, junto a la Argentina, no integran el Consejo, que además de Cuba tiene entre los ocho puestos de América Latina a Bolivia, Ecuador y Venezuela, logrando así una gran sobre-representación de los países bolivarianos.
¿Cómo se podría contrarrestar esta tendencia? Un cambio a introducir en la elección de los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos es que su voto en la Asamblea General de la ONU sea público, brindando así transparencia y también debate interno sobre la posición que adopten las democracias.
Por otra parte, es necesaria una coordinación más efectiva entre los países más respetuosos de los derechos humanos, lo cual podría implementarse a través de la hoy inoperante Comunidad de las Democracias. En el caso de los países de América Latina, los tres del Cono Sur, apoyados en la memoria de su pasado de dictaduras militares y en la solidaridad internacional recibida, tendrían que actuar en bloque y lograr que al menos uno de los tres esté siempre presente como miembro del Consejo.
Lamentablemente, un contexto global con amenazas y ataques terroristas, crisis migratorias y el triunfo de un candidato presidencial controvertido en los Estados Unidos, no contribuyen a generar mucho optimismo sobre un mayor compromiso internacional en la defensa de los derechos humanos. Por tal motivo, las organizaciones de la sociedad civil y redes de ONGs cobran una renovada importancia para promover la calidad democrática y luchar para que los organismos multilaterales de derechos humanos no sirvan como plataforma de justificación de regímenes no democráticos.
