Ahora que la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos es parte de la historia de intentos fallidos de la oposición para dañar al gobierno, tanto la administración del Presidente Sebastián Piñera como la fragmentada oposición tienen una inmejorable oportunidad para dejar de lado las armas de guerra. Porque la gente quiere líderes políticos que se aboquen a ponerse de acuerdo para solucionar problemas y no actitudes belicosas y confrontativas, ambos debieran aprovechar de dar vuelta la página y trabajar juntos para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el país.
La oposición tiene razones para sentirse frustrada por la forma en que se resolvió la acusación constitucional. Pese a contar con una mayoría de escaños, no logró alinear a todos sus diputados. Si bien un puñado del PDC votó contra la acusación, también hubo parlamentarios que son incuestionablemente de izquierda que se opusieron. Culpar al PDC puede ser atractivo y tentador, pero la razón por la que Cubillos sigue en su cargo y la estrategia de la izquierda falló tiene más que ver con la equivocada lectura que hizo ese sector sobre cuáles son las prioridades de los chilenos.
La acusación a Cubillos nunca tuvo el apoyo popular que esperaba la izquierda precisamente porque, para las familias que aspiran a que sus hijos logren adquirir las herramientas que les permitan ser competitivos y exitosos en el mundo de hoy, la salida o permanencia de Cubillos no iba a tener ningún efecto en la calidad de la educación. Es cierto que Cubillos tiene prioridades diferentes a las que tenía el gobierno de Bachelet que impulsó la reforma educacional que ahora se está implementando. Pero los chilenos votaron mayoritariamente por Sebastián Piñera en 2017, un candidato que expresó claramente que sus prioridades en política educacional eran muy diferentes a las que había tenido Bachelet. Que el gobierno de Piñera quiera revertir, o al menos aminorar, el efecto de las reformas educacionales de Bachelet no es solo comprensible —dada su ideología—, sino perfectamente legítimo, dado que los chilenos votaron mayoritariamente por un candidato que se comprometió a hacer precisamente eso. Resulta irónico que la izquierda, que tanto defiende la democracia, le exija a Piñera —y a sus ministros— incumplir sus promesas de campaña.
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