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La recesión global, producto de la pandemia, causó una caída considerable en el comercio internacional. Una de las consecuencias fue el colapso inesperado de las cadenas de suministros que interconectan a proveedores y vendedores internacionalmente, lo que obligó al sector privado a considerar la regionalización de la producción de bienes y servicios. América Latina y el Caribe, siendo la región en desarrollo más afectada por la disrupción del comercio mundial, podría beneficiarse de esta potencial relocalización de inversión e industrias. Por ende, Ecuador debería emprender reformas económicas y políticas que incrementen su competitividad e integración global y fortalezcan sus instituciones para minimizar los riesgos operacionales, y así adaptarse a las nuevas tendencias y dinámicas del comercio internacional.
Si bien la irrupción del COVID-19 se produjo dentro de un contexto de debilitamiento del comercio internacional que se arrastra desde la crisis financiera del 2008, es claro que la rápida propagación de la pandemia sacudió la base de la cadena de suministros que mueven la economía global. Consecuentemente, esto ha dado lugar a la caída repentina en la demanda de bienes y servicios, que, sumado a las medidas gubernamentales para contener el virus, sacaron a la luz la fragilidad de los vínculos que conectan a productores, distribuidores y vendedores entre un país y otro. Esto sin mencionar la disrupción al flujo de créditos y capital que lubrican esta maquinaria comercial globalizada. Ante una economía mundial caracterizada por la incertidumbre, las empresas de todos los tamaños han considerado reducir sus costos y trabas logísticas a través de la regionalización de sus inversiones y producción en mercados geográficamente cercanos.
Son pocos los países latinoamericanos que pueden atraer inversiones costosas como la relocalización industrial y de manufacturas de manera eficiente. Es más, de acuerdo con un reciente estudio de la revista británica El Economista, esto se debe a que la región, excluyendo a México, está poco preparada en áreas de infraestructura y desarrollo tecnológico para aprovechar efectivamente esta creciente oportunidad –con Ecuador entre los países más desventajados en estas áreas. Además, al ser principalmente exportador de petróleo, entre otros recursos naturales, el Ecuador se halla en lo más bajo de la cadena de suministros. Teniendo en cuenta estas desventajas, el gobierno electo en mayo del 2021 debería priorizar la implementación de reformas que comprendan el incremento de la competitividad comercial del país y así avanzar la integración internacional.
Por lo tanto, económicamente, Ecuador deberá adoptar políticas que favorezcan el comercio internacional, abriendo sus fronteras a la inversión extranjera. No es factible, entonces, que se siga un modelo económico diseñado para resguardar a productores domésticos ya que el país carece de los recursos y estabilidad financiera que permitirían contrarrestar la carga tributaria impositiva que las tarifas al comercio e inversión tienen en la productividad económica nacional. El gobierno del expresidente Rafael Correa es un claro ejemplo de la inestabilidad que genera el proteccionismo puesto que, al desplomarse la bonanza petrolera en 2014, el Ecuador vio el colapso de sus arcas fiscales, así como en la prestación de servicios públicos, dado que el Estado no tenía fuentes de financiamiento alternativas como pudieron -y podrían- ser nuevas inversiones extranjeras. De establecerse políticas fiscales, comerciales y laborales que faciliten el hacer negocios y emprender en Ecuador, el país podría atraer nuevas inversiones e industrias que diversifiquen su economía y revitalicen a una clase media que actualmente pierde terreno ante la informalidad laboral. Un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Ecuador –que actualmente se encuentra en su primera fase– y las reformas recomendadas por la Organización Mundial de Comercio en cuanto a regulación tarifaria son dos avenidas para hacer esto posible.
En cuanto a medidas políticas, el gobierno entrante de Ecuador debería demostrar su compromiso inequívoco a mantener la independencia de los poderes del Estado. Este compromiso debería sobre todo reflejarse en la no intromisión en el poder judicial que, al ser sujeto a constante politización, permanece incapaz de combatir altos niveles de impunidad en el sistema público. La lucha contra la corrupción endémica es otro factor clave que debe ser atendido, puesto que las empresas internacionales se verán reacias a invertir en países donde reine la impunidad y existan deficiencias en la protección jurídica al capital extranjero. Si bien los casos más recientes de corrupción, como lo son la contratación y venta con sobreprecio de insumos médicos en plena pandemia en la mayoría de los hospitales públicos, son solo la punta del iceberg, estos muestran a la comunidad internacional la decadencia ética en las instituciones más fundamentales del Estado, y además, enfatizan la necesidad de establecer mecanismos que controlen y sancionen adecuadamente, y de forma ejemplar, actos de corrupción en el sector público ecuatoriano.
Los problemas estructurales en materia económica y política pronostican un futuro incierto para el Ecuador en la carrera por redibujar las cadenas de suministros globales. El gobierno electo en mayo tendrá ante sí la decisión de crear las condiciones que permitan al país incrementar su competitividad para integrarse a la vanguardia de un sistema comercial moldeado por la pandemia y prevenir así que Ecuador oscile al margen del desarrollo regional y internacional.
Santiago J. Herdoiza es director asociado en Hills & Company International Consultants, donde asesora empresas Fortune 500 en temas de comercio e inversión en América Latina, India, y mercados emergentes. Santiago, quien se graduó de Clark University en ciencias políticas e historia, trabajó también para la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia en la OEA y el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.
