Foto: Marcelo Pecci. Fuente: Ministerio Público de Paraguay.
Autoridades colombianas, con investigadores paraguayos y norteamericanos, detuvieron e identificaron a los ya confesos sicarios del asesinado fiscal Marcelo Pecci (contratados por 120.000 $ en efectivo, se dijo al principio y ahora ya se habla de 500.000 $), cuando con Claudia Amarilla, su esposa, concluían su luna de miel el 10 de mayo último en una paradisiaca playa colombianocaribeña de la Península de Barú, en la histórica Cartagena de Indias, capital del departamento Bolívar de ese país. Resta lo fundamental: identificar a quienes ordenaron y pagaron el sicariato, que tiñe con rojo sangre la ya inocultable crisis terminal de la “transición paraguaya a la democracia”, iniciada en 1989 por medio del derrocamiento militar del autoritario régimen del general Alfredo Stroessner (1954-1989), y fracasada porque los líderes civiles de la apertura no fueron capaces de educar cívicamente al “pueblo soberano” a efectos de transitar con firmeza hacia la institucionalización de una república constitucional y democrática.
Esto, últimamente, lo impidió el ahora de lejos principal poder fáctico local, afianzado como tal en los últimos dos lustros. Se llama Horacio Cartes (HC) y es ya casi el actual “dueño” del oficialista y tradicional Partido Colorado (PC)/Asociación Nacional Republicana (ANR, fundado en 1887), al que casi compró del todo con su inmensa riqueza plutocrática, la de uno de los mayores productores mundiales de cigarrillos que inundan competitivamente parte del mercado mundial del tabaco gracias a que ingresan de contrabando al Brasil, desde donde se distribuyen criminalmente al planeta. Los produce en Paraguay de manera “legal” Tabacalera del Este S.A. (TABESA), empresa en la que el accionista mayoritario de lejos es el expresidente “colorado” Cartes (2013-2018). Con las multimillonarias ganancias derivadas de tal negocio criminal, y para multiplicarlas sin límites, HC se convirtió además en uno de los principales lavadores de activos financieros que, en Latinoamérica, sin la menor duda, compite por la titularidad hemisférica de esa estratégica dimensión del crimen organizado planetario.
Camino a las votaciones generales del ya tan cercano 2023, en su condición de ex mandatario, constitucionalmente Cartes no puede aspirar a un segundo mandato presidencial, lo que intentó entre 2017 y hasta fin de su periodo palaciego, generando una crisis política que estuvo a punto de iniciar una guerra civil paraguaya, la primera del siglo XXI. Desistió sobre todo por la nada encubierta y eficaz oposición del Departamento de Estado y agencias norteamericanas de seguridad, inteligencia y antinarcotráfico que lo investigan desde hace tiempo. Tal fracaso, de inmediato, le hizo invertir sumas multimillonarias en la precandidatura de un títere exministro suyo de Hacienda, Santiago Peña (45), agravando la guerra politiquera y partidocrática que lo enfrenta, desde fines de su desgobierno, con otro de los desgobernantes actuales, el también colorado Mario Abdo Benítez (MAB).
Algo más de una semana atrás, el matutino asunceño Última Hora publicó pruebas de transferencias monetarias del Banco Basa SA, propiedad de Cartes, a la cuenta de Peña en los últimos tres años por un valor de 1.5 millones de dólares “Oficialmente”, esta es la remuneración que Peña recibe en su calidad de miembro del directorio del banco cartista, un instrumento fundamental para el lavado de sus incuantificables activos financieros, propios y ajenos. El costo de Peña es una inversión mínima para la riqueza de origen criminal de HC si se le compara, por ejemplo, con cualquiera de los 13 inmensos negocios de lavandería ganadera que posee el “empresario” en el país, modernos, lujosos, inmensos y abarrotados con ganados de raza, además de una interminable cantidad de muy prósperas “lavanderías” en todo el país, de incalculables inversiones en el exterior y sin olvidar sus cuantiosos depósitos en la tan significativa banca offshore mundial.
El actual presidente Mario Abdo Benítez, hijo homónimo del ya fallecido Mario Abdo Benítez, este de origen extremadamente pobre, pero eterno secretario privado de Stroessner, gracias a lo cual sus hijos heredaron una de las grandes fortunas producto de la corrupción imperante en el régimen autoritario. Derrocado el dictador, el actual presidente, se convirtió en contratista del Estado, como tantos otros de sus coetáneos y privilegiados amigos hijos de la burguesía cleptocrática stroessnerista, y también inició su carrera de politiquero colorado oficialista. Abdo Benítez hijo, al menos, nunca hizo negocios con lavadores de dinero y narcotraficantes y, como jefe de Estado, posibilitó la mayor y más efectiva colaboración internacional contra el crimen organizado aquí, con la DEA norteamericana en particular. Esto le valió, como es lógico, el respaldo creciente de Washington que impidió su derrocamiento (literalmente hablando) por el “cartismo”, como se denomina al poderoso brazo “colorado” de HC, es decir, al interior del politiquero y partidocrático PC/ANR.
El presidente Abdo tuvo en Pecci al mejor colaborador en las investigaciones legales para perseguir a narcotraficantes extranjeros y locales desde la Fiscalía General (FG), también denominado Ministerio Público (MP). Su titular y jefa es Sandra Quiñónez, quien convirtió a la institución en el freezer polar de las numerosas denuncias sobre el jefe local del crimen organizado, HC, lo que se trasluce de informes oficiales estadounidenses y de innumerables y más recientes de la local Seprelad (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero). La fiscala general llegó a serlo porque su carrera en la institución la hizo siempre como apparatchik de sus anteriores jefes, y siempre en coordinación con ministros de la Corte Suprema y escalones inferiores del también estructuralmente corrupto Poder Judicial (PJ) sometido a poderes fácticos locales desde la segunda mitad del siglo pasado.
Las miasmas de la autoritaria corrupción estatal-colorada se extendieron sobre las sociedad y economía locales desde entonces, propagándose nacionalmente hasta cobijar incluso el inicial y todavía casi artesanal narcotráfico en el hemisferio, que se inauguró con la heroína del sudeste asiático. Fue el primer paso continental hacia lo que después sería el crimen organizado de tiempos de la globalización, convirtiéndose en las últimas décadas en el principal obstáculo de la hoy fallida transición local y considerada un peligro para la propia seguridad nacional por las principales potencias democráticas del mundo.
Tan solo una semana después del atentado contra Pecci, en Paraguay, sicarios narcocriminales asesinaron al intendente José Carlos Acevedo de la ciudad de Pedro Juan Caballero (PJC, bastión importante en el interior del país del tradicional liberalismo paraguayo, el Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, el mayor de la oposición aquí, coetáneo histórico del coloradismo), capital del fronterizo departamento Amambay. Avenida de por medio PJC está unida de manera vertebral a Ponta Porã, un gemelo municipio brasileño. Es un muy importante centro logístico y operativo de los principales sicariatos del crimen organizado en el país vecino: el PCC (Primeiro Comando da Capital) y el CV (Comando Vermelho), y que en esa región paraguaya también están por encima de la constitución y leyes nacionales. La soberanía paraguaya no existe sobre todo en Amambay y departamentos colindantes, en los que el crimen organizado impone su violencia, casi con total impunidad, como lo evidencia el sicariato que también costó la vida al alto funcionario municipal compatriota.
Un muy atípico fiscal ético y competente
Para Emmanuele Ottolonghi, investigador sénior de la washingtoniana Fundación para la Defensa de la Democracia (FDD), Pecci era “una estrella en ascenso” y próximo a convertirse en titular del MP/FG, que con el PJ son dos principales instituciones del equilibrio del poder republicano y constitucional. Adicionalmente, en vez de funcionar como tales, están estragadas por la corrupción y venalidad de los poderes fácticos locales, politiqueros y partidocráticos, colorados sobre todo, cómplices subordinados del crimen organizado: lavado, narcotráfico, armatráfico… El autor agrega que Pecci, a la cabeza de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Crimen Organizado de la fiscalía se convirtió en enemigo principal y eficaz de “aquellos cuyos intereses amenazaba con sus investigaciones”, numerosos y muy poderosos, en el mundo oficial y político, en la sociedad y en los negocios, en los que ya bajo el autoritarismo hizo su aparición lo que más adelante se denominó crimen organizado. El ascenso del fiscal, en proceso, era de interés principal para EUA y países de la Unión Europea (UE), debido a las aquí atípica y acrisolada eficiencia y honradez de Pecci, que lo convirtieron en principal colaborador local de instituciones fiscales, policiales y de inteligencia anticrimen organizado del exterior.
“Sus enemigos––recalca Ottolonghi––eran los del estado de derecho, la transparencia, el buen gobierno y la integridad pública: las mafias, las redes de financiamiento del terrorismo y los políticos corruptos que vendieron sus almas y el futuro de su país al crimen transnacional”. El fiscal era “incorruptible”, agrega, pues no se había dejado vencer por el miedo, como ocurre y ocurrió con tantos aquí, funcionarios y particulares, que se sometieron a los poderes fácticos, convirtiéndose en sus cómplices, no solo por omisión, a cambio de riquezas y privilegios.
A las mafias fiscales y judiciales, y en general a los poderes fácticos locales, jamás perteneció Pecci. Se lo impedían sus éticas de ciudadano y de servidor público, no la falta de oportunidades que enriqueció criminalmente a tantos como al ex fiscal jefe en Ciudad del Este, Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la república, y también precandidato del Palacio de López, por el sector “disidente”, no cartista, del PC/ANR, para la coyuntura votacionista del año venidero. Su ilegal jefe de campaña es el inquilino actual del Palacio de López, Abdo Benítez, quien intenta impedir que HC sea el poder sobre el sillón presidencial nominal, que tendrá sentado en él a su empleado Peña en caso de “triunfar” en las próximas votaciones. Sin ciudadanía casi y con una oposición que no es mayoritariamente republicana y democrática, el Paraguayo se encuentra entre el Escila de HC/Peña y el Caribdis de Velázquez, impulsado por Abdo Benítez. De triunfar Peña, es decir Cartes, Abdo sería perseguido con saña mal disfrazada de justicia.
Velázquez––quien acumuló y multiplicó su también multimillonaria riqueza en Ciudad del Este, capital de Alto Paraná, el principal departamento del país en la región oriental paraguaya, protegiendo a “empresarios” libaneses lavadores de divisas para terroristas chiitas y proiraníes de Hizbulá––camino al 2023 cuenta con el respaldo del actual jefe de Estado. El indeciso e incompetente mandatario presidencial Abdo Benítez, como sus antecesores, apenas llegado al Palacio de López, abrió la caja de pandora de los contratos públicos a la voracidad de los Al Capone de la politiquería partidocrática, la teñida de colorado, pero de su sector. Eso (y mucho más) le critican analistas y líderes opositores y democráticos, y a la sordina también intranquiliza a autoridades norteamericanas, europeas y de otros países democráticos, que colaboran con Paraguay en el intento de contener, al menos, la cada vez más sangrienta ofensiva del crimen organizado aquí.
Abdo Benítez, por contradictorio que sea, es el mandatario de la decadente transición paraguaya que más colaboró con potencias extranjeras y organismos internacionales en todo lo vinculado a suscribir instrumentos internacionales y ejecutar políticas públicas para enfrentar el desafío del narcotráfico, lavado de dinero, armatráfico, terrorismo… En Abdo es habitual que sus dudas, ni remotamente hamletianas, siempre le hagan caminar sobre el filo de la navaja, en un muy peligroso equilibrio entre lo peor del corrupto autoritarismo paraguayo y sus fugaces y espasmódicos momentos de republicanismo democrático.
Terrorismo y crimen organizado
Ottolonghi, especializado además en políticas antilavado de dinero y antiterrorismo, con énfasis en Hizbulá, la organización libanesa chiita y proiraní, es uno de los escasos expertos sobre ese real y negro agujero geopolítico del crimen organizado trasnacional que es la Triple Frontera (TF), principal centro regional de la multicriminalidad y corrupción globalizadas (narcos, lavadores, terroristas, armatraficantes, trata de blancas y demás peligros), uniendo criminalmente a Argentina, Brasil y Paraguay. Ciudad del Este, en cuanto a tasa de criminalidad cotidiana, cede ante la ya mencionada capital de Amambay, Pedro Juan Caballero, la principal puerta paraguaya de entrada utilizada por organizaciones criminales brasileñas, sobre todo el PCC y su rival CV.
Según Ottolenghi Paraguay se ha “convertido en un centro de tránsito clave para cantidades cada vez mayores de cocaína. Los sindicatos del crimen extranjeros se han mudado (a este país), para trabajar o competir con las organizaciones locales. Como si eso no fuera suficiente, gran parte de la clase política de Paraguay (la más corrupta de la región) está en la cama con los narcos. Los políticos que no aceptan el dinero de la corrupción de los sindicatos del crimen extranjeros a menudo manejan sus propios negocios ilícitos, como el contrabando de cigarrillos a gran escala y la producción local de marihuana. Su crimen genera más crimen. Se estima que las ganancias de la economía ilícita representan entre una cuarta parte y la mitad del PIB del país”.
Y sin eufemismos, agrega: “El aumento dramático en los flujos de cocaína que transitan por Paraguay se dirige a Europa. El dinero lavado para Hizbulá alimenta el conflicto en el Medio Oriente. Las armas de contrabando a Paraguay para armar bandas y cárteles regionales dentro y fuera de sus fronteras. La espiral de violencia alimentada por la creciente presencia de sindicatos criminales en el país se extiende a los vecinos, en una espiral descendente que está corroyendo el estado de derecho, la gobernabilidad y la seguridad pública en todo el continente latinoamericano”.
Todo apunta al narcotráfico, al lavado de dinero, al armatráfico, al megacontrabando y a la corrupción sistémica, legados del autoritarismo stroessnerista pero—no debe ocultarse—perfeccionados durante la transición a la democracia realmente existente, a punto de desembocar en Estado fallido, en este caso en cercano salto al vacío, en del 2023. Nada hace pensar que líderes y partidos opositores que se consideran democráticos, con o sin representación parlamentaria, sean capaces de ofrecer una alternativa a la captura del poder por quienes sustentan el proyecto cleptonarcocrático de dominación, actualmente en curso.
La trágica muerte de Pecci, no es política ficción expresarlo, acaba de convertirle en el símil paraguayo de un colega suyo argentino, al que no conoció, Alberto Nisman. Nisman fue asesinado el 18 de enero de 2015 en su departamento en Buenos Aires, “suicidado” según la corrupta administración presidencial de entonces, la de CFK (2007-2015) enrolada en la deriva corrupta y autoritario-populista del socialismo siglo XXI, versión kirchnerista. El magnicidio de Nisman ocurrió en vísperas de la presentación oficial por él, de los resultados de sus investigaciones sobre (i) el atentado perpetrado en 1994 por un comando terrorista de Hizbulá que, en la capital argentina, destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con el elevadísimo saldo trágico de 85 muertos y 300 heridos, ejecutado con el respaldo financiero y logístico orquestado en Ciudad del Este y Tres Fronteras; (ii) la causa por espionaje político en Bs. As. (2009); y (iii) el Memorando de Entendimiento Argentina-Irán (2013) para destruir evidencias que incriminaban a CFK y su desgobierno con el atentado terrorista.
Autoritarismo, corrupción, narcotráfico…
Los lodazales del presente paraguayo remontan sus orígenes a los polvos letales del régimen autoritario de Guerra Fría del general Alfredo Stroessner (1954-1989), afianzado por el populista concubinato entre el PC/ANR y el militarismo en ciernes del ya entonces Comandante en Jefe de las FFAA de la Nación. Se gestó así el parto corrupto y autoritario del “neocoloradismo stroessnerista”, de afiliación obligatoria por militares, policías, empleados del Estado y de empresas y entes públicos en expansión cuantitativa y desde entonces deficitarias y corrompidas. Por contradictorio que parezca, el autoritarismo del régimen se impregnó con rasgos totalitarios, en un país oficialmente macartista hasta 1989. Francisco Delich, intelectual argentino, sociólogo y rector de las prestigiosas universidades nacionales de Buenos Aires y Córdoba, estudioso también del Paraguay, donde vivió parte de su exilio durante el último régimen militar argentino, interpretó con acierto el modelo histórico de dominación, stroessnerista y neocolorada, denominándolo despotismo republicano.
El beneficio para ese concubinato politiquero entre Stroessner y el coloradismo oficialista––los disidentes colorados democráticos eran absoluta minoría y muy pronto también padecerían las persecuciones, torturas y ergástulas del régimen, y el exilio que ya sufrían los partidos opositores––consistió en el aumento exponencial de sus afiliados prebendarios y patrimonialistas. El autoritarismo stroessnerista y la “neocoloradización” oficialista del Paraguay se erigió con rasgos totalitarios: monopolización del aparato de Estado por el régimen y su partido oficialista y hegemónico; policía política como ariete de la represión militar y policial; espionaje de la vida privada de opositores y disidentes, oleadas de presos políticos, torturados, desaparecidos y exiliados a todo lo largo del régimen dictatorial; y la permanente censura de prensa y demás violaciones de los derechos humanos.
La feudalización por la ANR/PC del aparato de Estado y del sector público de la economía, en permanente expansión, incluía el maná de la corrupción pública, que muy pronto involucraría a sucesivos sectores y grupos privados. Fue la génesis y el desarrollo sistémico de la politiquería partidocrática oficialista, base del “Estado de corrupción”, que de inmediato se erigió en el país. Sus efectos tan corrosivos hicieron que, en 1977, el entonces Arzobispo de Asunción y titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, monseñor Ismael Rolón, difundiese una carta pastoral, auténtica tomografía computarizada del cáncer de la corrupción sistémica, en la que los obispos católicos clamaban por El saneamiento moral de la nación. Más de tres décadas después del derrocamiento de Stroessner, las raíces de tal corrupción pública y privada generalizada se transformaron en el muy denso y sangriento entramado del crimen organizado, en un país en el que la pobreza y miserias se extienden cada vez más.
El Paraguay posdictadura, en la delirante y mal escrita Constitución de 1992 definió a la república como “Estado social de derecho” sin siquiera haber iniciado la consolidación democrática de la apertura política de 1989. La degradación del proceso, a partir de entonces, encabezada casi siempre por sucesivos oficialismos del coloradismo, contagió también a partidos y líderes opositores, fortaleciendo y modernizando el sistema integral de corrupción, caldo de cultivo local del crimen organizado, importado originalmente y generalizado desde entonces. En lugar de haberse establecido el Estado de derecho democrático se “institucionalizó” la anomia. Fue el peldaño inicial que dio aquí el crimen transnacionalizado que hoy incluso pone en duda incluso la sobrevivencia de la nación.
Cleptonarcocracia y crimen organizado
La “transición a la democracia”, sin haberse purgado de la cultura, las instituciones y prácticas autoritarias, se convirtió en la matriz de la actual politiquería partidocrática, cuando más imperiosa era la necesidad de política, liderazgos y partidos republicanos y democráticos. A tal deterioro del posstroessnerismo finisecular, carente todavía del concepto adecuado, este escribidor (vargasllosianamente hablando) denomina con el ya empleado término cleptonarcocracia, entendiendo por tal el desgobierno de los corruptos, narcotraficantes y lavadores, que, sintetizando, se caracteriza por la pudrición politiquera y partidocrática del ideal político de la sociedad abierta (Popper), que impide realizar la condición humana (Arendt) y agravado todo por la carencia, hasta de la menor partícula, de la ética de la responsabilidad política (Weber).
Derrocada la dictadura stroessnerista, en mayo de 1989 el coloradismo de nuevo oficialista convirtió en presidente votado al general Andrés Rodríguez––jefe del golpe militar que lo depuso––tras “elecciones libres pero no limpias”, como con cinismo reconoció entonces el nuevo dueño del Palacio de López. Hasta el golpe triunfante del 3 de febrero de 1989, que forzó la “renuncia” del anciano, enfermo y senil Stroessner, por décadas Rodríguez había sido el principal sostén militar del dictador y, con él, corresponsable principal de haber convertido a Paraguay en el primer centro regional el naciente crimen organizado del tráfico internacional, pero de heroína, el de fines de la década de 1960. Muy pronto ocuparía su lugar la marihuana, aquí producida y de muy buena calidad, a la cual en breve se sumaría la cocaína, elaborada por procedimientos químicos a partir de la planta autóctona de la coca, oriunda de los Andes amazónicos o ceja de selva de la hoya amazónica, compartida por países andinos sudamericanos con litoral marítimo en el Pacífico.
Tras la promulgación de la constitución de 1992, a partir de 1993 se inició, pero solo con formalidad votacionista, y por primera vez hasta ahora, la alternancia en el Palacio de López, para el periodo presidencial 2008-2013 gracias a una débil y efímera alianza opositora. Camino al 2008 la fractura de la ANR en el gobierno fue aprovechada aquí por un brote del emergente socialismo siglo XXI chavista y el PLRA. Por primera vez desde 1940 el gobierno pasó a manos de opositores: el presidente Fernando Lugo (un controvertido, corrupto y escandaloso obispo católico, neófito supuestamente de la denominada teología de la liberación) y el vicepresidente liberal Federico Franco. Los colorados tuvieron que respetar el resultado de las urnas, libres y limpias, que resultó en un gobierno sin fortaleza cívica y carente incluso hasta de un borrador de proyecto de gobernabilidad democrática.
La “unidad” opositora, apenas anticolorada, concluyó abruptamente en 2012, cuando parlamentarios liberales y colorados, por primera vez en sus más que centenarias luchas por el poder, se aliaron para realizar el juicio político constitucional que destituyó a Lugo en el marco de una grave crisis política, maniobra que en el parlamento sumó los votos de senadores y diputados de la ANR y el PLRA. El breve mandato del vicepresidente Franco y la presidencia previa de Lugo, sirvieron apenas para que las mieles del poder empalagaran también a los opositores convertidos en oficialistas. En ese quinquenio se “democratizó”, lamentablmente, la corrupción politiquera y partidocrática, con nuevos, voraces y provisorios comensales.
Los votos que no eligen, desde 1993 siempre son legalizados por un partidocrático Supremo Tribunal de Justicia Electoral (STJE), encabezado por tres ministros, un colorado, otro liberal y el representante de una tercera fuerza menor, pero representada en el congreso bicameral. El TSJE, con burocracia y presupuesto inmensos mal administrados, excepto en lo relativo al inicio del periodo mencionado, hasta hoy no hizo sino certificar lo obvio: la victoria de la maquinaria clientelística y prebendaria colorada, prima hermana del PRI mexicano. El TSJE, y en el ámbito jurídico, el Poder Judicial (PJ) y la FG/MP, jamás cuestionaron las sucesivas votaciones y candidatos financiados cada vez más por el poder real en Paraguay, por entonces ya la cleptonarcocracia. De lejos el principal financista de candidatos y candidaturas para cargos electivos nacionales es Cartes, dueño de la ANR, no por el terror de Estado, como hizo Stroessner, pero semejante a él en cuanto a alentar la corrupción con su ejemplo de “empresario exitoso”, que después de 1989 no es solo estatal y local, sino sobre todo la del crimen organizado.
El académico Aníbal Miranda se ocupó de la transformación como mafia estatal del coloradismo, pre y posdictatorial, en sus libros Crimen organizado en Paraguay (2001) y Partido Colorado: la máxima organización mafiosa (2002). Sus páginas explican la descomposición politiquera y partidocrática de la ANR, con efectos nacionales, que se perfecciona como tal bajo el dictatorial stroessnerismo con el transfondo de la siempre predominante cultura autoritaria nacional. La corrosión cívica de ese importante partido, contagió de manera sucesiva a las demás organizaciones partidarias. En un país sometido al crimen organizado del lavado de dinero, se volvió incontrolable el financiamiento extrapartidario de líderes y organizaciones “electoralistas”, por ende, entonces, apenas votacionistas.
Las muy graves anomalías constitucionales descritas son el resultado del proceso político local que está en manos (i) de una muy densa trama de corruptos públicos y privados, enriquecidos vía contratos leoninos con el Estado, núcleo de la corrupción institucionalizada, empezando por el macrocontrabando, el de exportación de cigarrillos de TABESA, la gallina de huevos de oro y diamantes de Cartes, que abastece al menos el 10 % del consumo ilegal de tabaco en el planeta, y que en su mayoría ingresan a Brasil y salen de ahí por las rutas del narcotráfico que controlan el PCC y otras organizaciones criminales de ese país, sin olvidar el también masivo contrabando de importación de delikatessen, electrónica, armas, tecnología de punta y bienes de consumo en general, casi todos “reexportados” de hecho y de inmediato a países vecinos y otros destinos; (ii) del poder fáctico del narcotráfico en crecimiento y expansión aquí; (iii) de lavadores de dinero, entre los cuales el principal aquí y muy de lejos también es HC; y (iv) de la penetración comprobada en Ciudad del Este de células financiero-logísticas de Hizbulá.
Grave ingobernabilidad actual
En las últimas dos décadas, con casi total impunidad, hasta hace poco, el crimen organizado expandió y aumentó notoriamente su presencia en la realidad nacional. Su principal efecto fue “institucionalizar” las violaciones de la constitución y normas legales, modernizando y complejizando así la stroessnerista suprema “ley del mbareté” o de la “prepotencia del poder”. Esta norma suprema de hecho, la de los poderes fácticos, era patrimonio de los neocolorados del autoritarismo, mientras que hoy está sobre todo al servicio de los jefes del crimen organizado local y foráneo. La justicia y la fiscalía no son independientes de ellos, tampoco de los caciques cartistas del coloradismo y de sectores corrompidos de partidos opositores y politiqueros en general.
La trama de intereses criminales impera en poderes del Estado y el aparato estatal, y, convertida en epidemia nacional penetró en la sociedad, la economía y la política. Su base partidocrática principal la componen el coloradismo cartista, hoy al frente del coloradismo, y de los numerosos infiltrados que tiene incluso en el “abdismo”, y que también se extiende entre algunos dirigentes de partidos y lid erazgos opositores adictos a los dólares de la monumental lavandería de HC.
Gracias a ella y a la explosión de sus reinversiones aquí Cartes financia a innumerables operadores politiqueros, colorados sobre todo, sin olvidar a partidócratas opositores. En su casi interminable nómina de pagos, con excepciones como la de Pecci, se encuentran altos funcionarios de las más importantes instituciones públicas del país: i) las jurídico-políticas (PJ, FG y Consejo de Magistratura); ii) el Banco Central; iii) los entes administrativos y estatales: aduanas, aeropuertos, controles fronterizos, etc.; iii) el Poder Legislativo: mayoría cartistacolorada en diputados a la que se suman algunos “opositores”, y también con presencia en el senado; iv) los mandos militares y policiales (muchos de los cuales trabajan para él abiertamente cuando pasan a retiro), y hasta 2018 también las agencias antidrogas y antilavado: Senad (Secretaría de Nacional Antidrogas), Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes); v) los gobiernos departamentales y municipales; y un interminable etc.
El “ogro filantrópico”, como tiempo atrás bautizó Octavio Paz al gigantesco estatalismo latinoamericano y caribeño, viciado e ineficiente en extremo, aquí se transformó en el Leviatán del crimen organizado, que pretende convertir al Paraguay en su centro geocriminal sudamericano. Por eso estimula la actual ingobernabilidad paraguaya, a la cual alimenta para hacerla estallar. Por ejemplo, degradando todavía más el pésimo funcionamiento del aparato de Estado.
Un ejemplo último de la superlativa inoperancia gubernamental es el asesinato del fiscal Pecci, facilitado objetivamente gracias a su viaje de boda a Colombia, sin la menor seguridad. La FG/MP, al igual que casi todo el aparato de Estado, carecía del imprescindible protocolo para proteger a sus funcionarios y ni qué decir al principal y más eficiente entre los pocos que se le parecían. La fiscala general Quiñónez, en tal contexto, no coordinó con la embajada colombiana en Asunción, para solicitar a Bogotá su parecer respecto de la conveniencia o no del periplo, lo que en el improbable caso de haber sido positivo habría empezado por solicitar la imprescindible y muy stricta protección de sus fuerzas de inteligencia y seguridad en ese país, antes ya que los esposos Pecci llegasen a destino. No fue así. Es más, familiares, amigos y colegas de los novios próximos a contraer nupcias, conocían todo lo relacionado con la luna de miel. Y la desprevenida pareja, hiperconectada en las redes, incluso informaba, y con lujo de detalles, todo lo concerniente a ella. Ya en destino siguieron compartiendo mensajes e imágenes, hasta el segundo antes de la tragedia.
En el contexto de acelerada penetración y afianzamiento del crimen organizado en Paraguay, Washington (cansado de que sus investigaciones al respecto quedasen solo en papeles y ordenadores oficiales locales) en los últimos dos lustros mejoró aquí la aplicación de sus políticas públicas anticrimen organizado, en cuanto a especialistas, inteligencia, recursos y demás. De hecho, agentes de EUA y la UE, con Abdo en palacio presidencial, empezaron a dirigir y ejecutar con sus pares locales (en calidad de subordinados) las políticas de inteligencia y seguridad en la materia, en el marco de convenios y tratados binacionales y multilaterales, con resultados cada vez más exitosos. Un ejemplo es el operativo A ultranza Paraguay, iniciado públicamente meses atrás con grandes resultados y que todavía prosigue. El presidente Abdo, como sus antecesores de la transición, en materia de “corrupción cero”, solo quedó en la palabra. Impulsó, por el contrario, la sustancial colaboración aquí de la DEA y organismos de inteligencia, judiciales, fiscales y del tesoro de la “república imperial”, como con acierto denominó Raymond Aron a los EUA, en la segunda mitad fines de la anterior centuria.
Otro logro de la errática, torpe y corrupta administración de Abdo Benítez (2018-2023) es el no haberse sometido a Cartes, desde las maniobras reeleccionistas de este al final de su periodo (2013-2018), hasta llegar a la coyuntura actual, en la que respalda al tan criticado Velázquez desde el Palacio de López, camino a la coyuntura votacionista próxima. Con vaivenes poliriquero-partidocráticas, Abdo es el único intento relativo de contrapeso al poder de HC en la “organización mafiosa” que es el coloradismo. Los debilitados y desprestigiados partidos y liderazgos opositores, aún no son alternativa democrática de gobernabilidad.
HC en su mayor celda del mundo
Cartes, de hecho propietario, no solo tendota (esto: caudillo autoritario, en idioma guaraní nativo) de la mitad del coloradismo actual, busca en Peña al mascarón de proa que disfrace su regreso apenas enmascarado al poder en Paraguay. Tiene imperiosa necesidad de que el próximo inquilino del Palacio de López sea un instrumento suyo: a su manera HC ensaya así la maniobra de CFK en Argentina, cuando en 2019 ungió candidato a presidente títere a Alberto Fernández, el actual mandatario, que muy probablemente pasará a la historia como el de la ingobernabilidad total en su país.
La obsesión de HC por el poder político, se debe al pánico que le genera el uniforme naranja, el de los condenados por la justicia norteamericana bajo cargos de haber perpetrado muy graves delitos propios del crimen organizado, y quienes son recluidos en prisiones federales de máxima seguridad, sin olvidar la incautación y decomiso de la ingente riqueza criminalmente acumulada e identificada como tal por sus organismos de inteligencia. Cree HC que con Peña presidente podrá salvarse del riesgo de enfrentar, en el futuro, una posible solicitud de extradición suya a EUA u otro país. Para ello necesita feudalizar Paraguay, “institucionalizando” la cleptonarcocracia en la que él será el poder supremo y criminal, por encima de la constitución y leyes.
Tan intensos y extensos son los vínculos de HC con el crimen organizado (sin ser él considerado un jefe del narcotráfico) que es el único “preso” del mundo encerrado en una celda, pero con 406.752 km2, la superficie total del país. Ocurre que Cartes (después del escándalo de haber brindado protección presidencial, incluso nacionalizando ilegalmente aquí a su “hermano del alma”, Darío Messer, ex principal doleiro o lavador de Brasil, allí purgando hoy una condena negociada en el marco de la figura jurídica de delación premiada) lleva cerca de tres años sin viajar al exterior. No por falta de aviones modernos.
Tiene terror a que en el exterior la Interpol lo detenga por un pedido de captura internacional emanada de alguna o varias potencias mundiales. HC se convirtió así en un paria planetario. Ni siquiera puede viajar a Israel, como lo hacía siendo primer ministro Benjamín Netanyahu, quien apenas abandonó el gobierno de su país fue sometido al fin a juicio bajo muy graves cargos de corrupción y abuso de poder. El mismo papa Francisco (afecto a mandatarios populistas, autoritarios y totalitarios) también en los últimos años se vio obligado a cerrarle las puertas del Vaticano, que tantas veces traspuso Cartes con familiares y miembros de su “Corte de los Milagros”, para ser bendecido urbi et orbi por el pontífice católico.
Apertura democratizante bastardeada
En estas páginas ni siquiera se insinúa que Cartes haya dado la orden o pagado para que se perpetrase el asesinato por sicarios del fiscal Pecci. El Director de la Policía Nacional colombiana, Jorge Luis Vargas, desde un primer momento aseveró que el “homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci obedece a un sistema de crimen organizado transnacional con una alta planeación e inversión de recursos”. Por el abc de la teoría de conjuntos sabemos lo de la interrelación entre sus partes componentes. Lo sabe también Cartes. Ergo, el contrabando masivo de cigarrillos, las rutas que sigue y el lavado de dinero contribuyen al debilitamiento y muerte de las instituciones republicanas y constitucionales. Y, objetivamente, lo quiera HC o no, además de funcionales son también imprescindibles para narcotraficantes, terroristas y todo lo que amenace al Estado de derecho democrático.
Este “escribidor”, paraguayo, lo que hizo aquí es ofrecer su interpretación de la teoría de conjunto aplicada al crimen organizado, lo que en otras palabras significa hablar del contexto interméstico, es decir, de la interrelación tan estrecha que existe en la actual criminalidad, la propia de la globalización, entre lo internacional y lo doméstico.
También se fundamentó que, en la realidad nacional, el más poderoso de los troncos de la cleptonarcocracia local, el cartescoloradismo, está por apoderarse del aparato de Estado. Para peor, la palaciega propuesta politiquera del también colorado presidente Abdo Benítez, que confronta a aquella, la encabeza su vicepresidente y correligionario Velázquez, ejemplo también de la estructural corrupción pública y privada, nacida y desarrollada aquí bajo el autoritarismo y perfeccionada durante la ingobernabilidad posdictatorial.
Y no se ha dejado de mencionar, aquí, que las organizaciones opositoras locales (filosófica y políticamente no todas republicanas, constitucionales y democráticas), aunque de manera subordinada al coloradismo, con sus respectivos excesos politiqueros y partidocráticos, son casi corresponsables con los colorados, nada menos que en lo de no haber ayudado a construir, desde 1989, el indispensable actor histórico de las modernas democracias que es la ciudadanía, sin el cual es imposible establecer el Estado de derecho democrático.
En Paraguay ni siquiera existe todavía un moderno y vigoroso sistema de partidos republicanos, constitucionales y democráticos, razón por la cual, tal como ocurría bajo el autoritarismo, los paraguayos (cada vez más humillados, postergados y empobrecidos, mientras se expande la miseria en el campo y la ciudad y avanza arrolladoramente la destrucción de la biodiversidad y el medioambiente) continuamos impedidos de utilizar el sufragio para elegir a auténticos servidores públicos y ponerlos al frente de la conducción del Estado. Eso sí, a partir de 1993, cada quinquenio, en periódicos y rituales procesos votacionistas, los paraguayos asistimos a la farsa de las urnas, desde hace muy poco suplantadas por máquinas electrónicas, que no sirven por sí solas para derrotar al aquí ya emergente régimen cleptonarcocrático.
José Luis Simón G. es sociólogo y politólogo paraguayo con énfasis en relaciones internacionales. Exprofesor-investigador en posgrado y grado en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y de grado en la Universidad Católica de Asunción (UCA), esto último en su Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales. Es, igualmente, periodista retirado.
