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A principios de noviembre de 2020, el Congreso de Perú regresó de una semana de receso y, luego de consultar con los miembros con los distritos electorales, votó para deliberar sobre la destitución del Presidente Martín Vizcarra por cargos de corrupción. En las próximas semanas, en un proceso no muy diferente al juicio político en Estados Unidos, el Congreso de Perú convocará al presidente para responder a los cargos de corrupción y, en el improbable caso de que logre la mayoría requerida de 2/3 (87 votos), podría destituirlo del cargo. Esta sería la segunda vez en poco más de dos meses que el Congreso ha intentado destituir a Vizcarra—aunque por dos cargos completamente separados—y la culminación de un año muy duro para el presidente y la nación.
Si Vizcarra, luego de dejar el cargo, es acusado formalmente por uno o más de los delitos por los que actualmente está siendo investigado, sería el sexto presidente peruano desde 2000 en sufrir esa suerte. Incluso mientras se desarrolla la crisis política, el país—que es estratégicamente importante por su peso político y económico, su posición geográfica como puerta de entrada a Asia y como fuente para el narcotráfico y productos de la minería ilegal—también está sufriendo un estrés socioeconómico y de salud sin precedentes debido a la pandemia del COVID-19. También está experimentando importantes transformaciones en su economía y se enfrenta a una expansión potencialmente significativa del impacto económico y la influencia asociada de la República Popular China (RPC).
Este artículo es el primero de una serie de tres partes que examina los desafíos multidimensionales que enfrenta el Perú, y que se refuerzan mutuamente. El presente artículo examina la crisis política y las perspectivas para las elecciones de 2021. El segundo examinará los desafíos de seguridad de Perú y la respuesta de su gobierno. El tercero contemplará el avance de la República Popular China y sus implicaciones para el país y la región.
Antecedentes
La situación actual del Presidente Vizcarra es irónica dado su camino hacia el cargo y la gran popularidad que tuvo hace apenas un año. Fue percibido como un líder honesto, que luchaba con valentía y obstinación contra los intereses creados en la política peruana.
Vizcarra asumió la presidencia en marzo de 2018 cuando su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, renunció por acusaciones de corrupción. Cuando el políticamente fracturado Congreso peruano—percibido como sujeto a intereses especiales—trató de bloquear la consideración de las reformas que estaban proponiendo, Vizcarra ejerció su derecho constitucional (entonces incierto) de disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. El desafío frontal del Presidente Vizcarra a un congreso considerado como lo peor de la corrupción y de los intereses especiales en la política peruana, lo convirtió en uno de los presidentes mejor vistos en la región, alcanzando una aprobación popular sin precedentes del 82 por ciento en octubre de 2019.
Vizcarra se impuso gracias a un fallo favorable de la Corte Constitucional del Perú y el tácito respaldo de los militares. En enero de 2020, Perú eligió un nuevo (y aún más fragmentado) congreso, cuyos miembros no habían participado en el anterior, y en el que el bloque anteriormente más poderoso, Fuerza Popular—vinculado al exiliado presidente peruano Alberto Fujimori y su hija Keiko, candidata presidencial—se redujeron considerablemente.
Entonces llegó el COVID-19.
La respuesta de Vizcarra a la pandemia a través de un cierre temprano y estricto del país, junto con un significativo paquete de asistencia para ayudar a los más vulnerables, fue anunciado como un buen liderazgo en ese momento. Sin embargo, no funcionó. La estructura económica y social de Perú, con mercados públicos y un gran sector informal centrado en la estrecha interacción humana, socavó los esfuerzos del gobierno para limitar la propagación del virus. El contagio se vio agravado por el costoso compromiso del gobierno de comprar USD $267 millones en “pruebas rápidas” de Orient Gene Biotech y otras empresas chinas. La alta tasa de resultados falsos negativos de las pruebas, muchos de los cuales ni siquiera fueron certificados por el gobierno chino, llevaron a muchos que habían contraído el virus a creer lo contrario, contaminando así a otros sin saberlo.
Las debilidades en el sistema de salud del Perú, agravadas por los retrasos en la adquisición de equipos médicos necesarios, como ventiladores de China, contribuyeron a que la nación tuviera la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo por COVID-19, 105.35 muertes/100.000 personas.
Contribuyendo a la apariencia de mala gestión, en julio de 2020, en medio de la pandemia, el presidente Vizcarra se vio obligado a reorganizar su gabinete. A medida que el virus continuó propagándose a pesar de la cuarentena, las medidas del presidente Vizcarra para controlarlo hicieron que los impactos adversos de la enfermedad en la salud se agravaran con una severa contracción económica y las dificultades particulares entre las pequeñas empresas y en el sector informal, el 71 por ciento de la economía.
Para noviembre de 2020, Perú tenía más de 890.000 casos de COVID-19 y más de 34.000 muertes por el virus, además de un PIB que se contrajo 30,2 por ciento en el segundo trimestre. Esta cifra se encuentra entre las peores de la región, aunque la situación parece estar mejorando actualmente.
En el contexto del descontento por la gestión de la pandemia del presidente Vizcarra, la aparición de acusaciones de corrupción en su contra en septiembre de 2020 socavó sustancialmente su imagen pública como un “político honesto.” Este era uno de sus pilares fundamentales de apoyo entre una población cansada por los efectos del COVID-19, así como la aparente ubicua corrupción y disfuncionalidad en otras partes de la política peruana.
En septiembre de 2020, se hicieron públicas grabaciones de audio que registran al presidente Vizcarra en una conversación con la secretaria de la presidencia Karen Roca y la administradora del Palacio Presidencial Miriam Morales. Aquí discutían cómo manejar una investigación de la Oficina de la Fiscalía General y el papel de Vizcarra en la contratación de su amigo—un cantante relativamente desconocido llamado Richard “Swing” Cisneros—por el Ministerio de Cultura para realizar una serie de charlas motivacionales. Cisneros cobró USD $44.000 por ellas. El Congreso votó a favor de realizar un proceso llamando al presidente Vizcarra ante la institución para responder por sus acciones.
El intento del presidente del Congreso, Manuel Merino Lama, de coordinar el caso con el Ejército Peruano generó una reacción negativa tanto en la ciudadanía, como en el ejército, ya que el sistema peruano está orientado a ver al presidente como su comandante en jefe. Recíprocamente, la aparición de altos funcionarios militares peruanos en fotos con el presidente durante el escándalo, fue percibida en algunos sectores como un tácito apoyo militar al cargo del presidente.
El Congreso deliberó y votó sobre la destitución del presidente Vizcarra por “incapacidad moral”, un cargo normalmente reservado para situaciones como la demencia. Surgió un debate sobre si el cargo podría usarse para destituir a un presidente por corrupción y “cuán corrupto” tenía que ser un presidente para que se aplicara el estatuto (por ejemplo, ¿podría ser destituido un presidente por infidelidad matrimonial). Al final, bloques clave en el Congreso, incluida Fuerza Popular—cuyas maniobras contra el presidente resultaron contraproducentes en 2019—optaron por no votar en su contra, y la moción no logró alcanzar la mayoría de 2/3 requerida para el juicio político.
El segundo grupo de acusaciones de corrupción que surgieron contra el presidente Vizcarra, que surgieron en octubre, fueron más graves. Estas incluyeron testimonios de primera mano de personas que alegaron que personalmente le dieron al presidente USD $280.000 en sobornos para obtener contratos de construcción mientras era gobernador del Departamento de Moquegua de 2013 a 2014. Se conocieron más acusaciones que alegaban que Vizcarra también había aceptado sobornos como Ministro de Construcción entre 2016 y 2017.
El caso se complicó rápidamente por aparentes maniobras políticas de múltiples instituciones. Las publicaciones de conversaciones grabadas entre el radical-político peruano encarcelado Antauro Humala y miembros de su partido (que ha apoyado el juicio político de Vizcarra) dieron la impresión de que el partido podría usar sus votos contra Vizcarra para presionar por la liberación de Humala (no muy diferente del uso que hizo anteriormente Fuerza Popular de su posición contra el presidente para presionar por el indulto de Alberto Fujimori). Recíprocamente, para algunos, los planes del gobierno de trasladar a Humala a una cárcel más fría y menos accesible sugerían reciprocidad en el apoyo de su partido para la investigación.
Creando aún más tensión política, el jefe de gabinete de Perú y general retirado Walter Matos generó controversia cuando sugirió que las Fuerzas Armadas no tolerarían acciones indebidas del Congreso para destituir al presidente. El comentario provocó susceptibilidades sobre el apoyo por las Fuerzas Armadas al presidente, lo que provocó una moción en el Congreso para llevar a Matos ante el organismo para dar cuenta de sus declaraciones.
Finalmente, la decisión del fiscal general Daniel Soria de no ceder la investigación de los casos al fiscal anticorrupción Amado Enco, sino a Silvana Carrión, provocó la renuncia de Enco, dando la impresión de que el gobierno de Vizcarra estaba intentando moldear el desenlace del caso.
Con un descontento generalizado por el manejo presidencial ante el COVID-19 y los escándalos de corrupción que socavaron seriamente su imagen como político honesto, en noviembre de 2020 el índice de aprobación del Presidente Vizcarra había caído al 22 por ciento.
Perspectivas para la crisis actual
La supervivencia de Vizcarra hasta el final de su mandato en julio de 2021 tiene poco que ver con la esencia de los desafíos constitucionales y penales planteados en su contra. Por el contrario, tiene que ver con si el Congreso cree en la estabilidad y el bienestar del país y los intereses de sus respectivos partidos políticos se benefician mejor manteniéndolo en el cargo mientras se navega por la pandemia. Además, faltan cinco meses para las elecciones y para elegir a su sucesor.
Los partidos políticos, como Fuerza Popular, están calculando si su apoyo a la destitución del presidente será visto como oportunista y los perjudicará en las urnas, o como una cuestión de principios y los ayudará.
Algunos partidos (que creen que les irá bien en las próximas elecciones) temen que derrocar a Vizcarra y elevar a la presidencia al jefe parlamentario Mario Merino Lama preparará el escenario para permitirle posponer las elecciones hasta que la pandemia esté bajo control dándole un total de cuatro años de mandato. De hecho, el Congreso actual ya ha propuesto devolver el organismo a una estructura de dos cámaras (a pesar del rechazo del público en un referéndum de 2018). El cambio eludiría la prohibición de postularse para la reelección, ya que el congreso técnicamente buscaría un mandato en un órgano legislativo diferente.
Suponiendo que la primera vuelta de las elecciones nacionales de Perú se desarrolle en abril de 2021 según lo programado, prácticamente cualquier cosa podría suceder ya que los partidos y sus “precandidatos” definen formalmente sus posiciones este mes. Aunque ha habido una gran variación entre las organizaciones de votación, para noviembre de 2020 habían 33 “precandidatos” para la presidencia. Ninguno contó con el apoyo constante de más del 15 por ciento de la población, lo que sugiere que las elecciones presidenciales pasarán a una segunda vuelta impredecible en junio.
El respetado economista peruano Hernando de Soto es un primer favorito. Sin embargo, su elección como candidato de Avanza País—partido alineado con el radical nacionalista Unión por el Perú, el partido de Antauro Humala—y una reunión con Jorge Paredes, ex congresista afiliado al movimiento (terrorista) Sendero Luminoso, ha planteado dudas sobre su discernimiento.
La dirigente izquierdista Verónica Mendoza, que estuvo a punto de llegar a la vuelta final de las elecciones presidenciales anteriores, es la principal contendiente entre los candidatos de izquierda, aunque otros como Marco Arana, precandidato del Frente Amplio, dividen el voto de izquierda.
La ex contendiente presidencial Keiko Fujimori es otra candidata potencialmente significativa y ha declarado su intención de volver al “100 por ciento” de la política peruana. Sin embargo, actualmente está siendo investigada por la Procuraduría General de la República del Perú y, según la ley peruana, será excluida de la carrera si se le acusa formalmente de actos delictivos.
Georges Forsythe, el joven alcalde de La Victoria, ha surgido como un candidato galopante a caballo. Su carisma y uso efectivo de las redes sociales lo han llevado a sobresalir en algunas encuestas. Sin embargo, parece estar perdiendo impulso a medida que su inexperiencia en el escenario nacional se ha hecho evidente en los compromisos públicos.
Daniel Urresti, un ex general del Ejército que se desempeñó como Ministro del Interior durante el mandato del ex presidente Ollanta Humala, y que se postuló sin éxito a la presidencia en 2016, es otra figura destacada. Tiene carisma, reconocimiento de nombre y su enfoque en seguridad resuena entre los peruanos en un momento de dificultad sin precedentes; caos político y actividad criminal. Sin embargo, su propio pasado está empañado por acusaciones de graves violaciones de derechos humanos y no está claro si puede atraer una base de apoyo lo suficientemente amplia. Esto fue lo que obstaculizó su candidatura en 2016.
Si hay una gracia salvadora para la estabilidad política peruana, es que la fragmentación de la izquierda peruana y la débil conexión entre sus partidos y el pueblo, disminuyen la probabilidad de movilizaciones masivas que han generado inestabilidad política en Ecuador, Chile y Colombia. Incluso con el enorme sufrimiento y la contracción económica producidos por la pandemia y los movimientos constitucionalmente cuestionables del gobierno peruano, las manifestaciones masivas parecen poco probables.
En el contexto de un panorama político tan indefinido, el próximo presidente peruano enfrentará desafíos sin precedentes que se refuerzan mutuamente por parte del crimen organizado transnacional y los efectos socioeconómicos del COVID-19.
El próximo artículo de esta serie examinará esos desafíos crecientes y la respuesta del gobierno hasta la fecha.
Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de EE.UU.
Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente suyas.
El autor quiere agradecer a su colega y analista estratégico Oscar Picon Alcalde para la traducción del articulo al Español. El autor también desea agradecer a COL Paul Vera, GEN® Leonardo Longa, RADM® Jose Mejia, COL® Richard Hurtado, Jorge Serrano Torres y CAPT® Mario Vinatea, entre otros, por sus conocimientos e información que contribuyeron a este trabajo.
