VRAEM Región en Perú, crédito foto: Ministerio de Defensa del Perú
[Para leer Parte 1 del Desafío Multidimensional de Perú, “la crisis política,” visita aquí.]
El 9 de noviembre de 2020, el Congreso Peruano votó para destituir al Presidente Martín Vizcarra por acusaciones serias y creíbles de sobornos. La decisión tomó por sorpresa a muchos en el país y hundió al Perú en un período de incertidumbre política. Mientras la mayoría en Washington estaba enfocado en las disputadas e impugnadas elecciones de Estados Unidos, los acontecimientos en el Perú destacan la gravísima crisis a la que se enfrenta el socio de Estados Unidos. La crisis involucra no solo la extensa corrupción generalizada en la política peruana, la cual ha llevado a cinco de los presidentes de la nación a ser encarcelados desde el año 2000, sino el profundo stress socioeconómico, agravado por la pandemia del COVID 19, y a un grave desafío de seguridad multidimensional.
Ese desafío incluye la expansión de la producción de coca, la minería ilegal y las actividades madereras, en menor grado, pero persistente, la amenaza terrorista, el nuevo centro delictivo emergente en las fronteras trinacionales con Brasil y Colombia, y la creciente inseguridad pública en el contexto de la salud y crisis socioeconómica creada por la pandemia del COVID-19. Hasta octubre de 2020, el virus había infectado a más de 922,000 personas, con 35,000 muertos, causando simultáneamente que la economía se contrajera por casi 10% respecto al año anterior. La caída y angustia económica ha creado un malestar social y, para los más vulnerables, incentivos para recurrir a la economía criminal.
Este artículo es el segundo de una serie de tres partes que examina los desafíos multidimensionales y de refuerzos mutuos que enfrenta el Perú. El presente artículo examina el desafío en las dimensiones de seguridad y la respuesta del gobierno.
Crimen Organizado Transnacional
Perú está integrado a la economía delictiva internacional de múltiples formas, estas se refuerzan cada vez más y son difíciles de abordar. En el contexto del COVID-19, el problema viene empeorando y evolucionando en todos los frentes.
Las actividades delictivas transnacionales en Perú están propiciadas por factores tanto internos como externos. La falta de oportunidades económicas y un gran sector informal (más del 70% de todas las actividades económicas según algunos cálculos) crea una base sustancial de personas disponibles para participar en un mercado clandestino construido para el cultivo y transporte de coca, el trabajo en la minería informal, el tráfico de personas, y la prostitución. La economía informal, basada en dinero en efectivo, también permite a las empresas delictivas lavar y ocultar las fuentes de sus ganancias mal habidas.
Además, la red criminal en Perú se nutre de las condiciones del mercado y estado de la infraestructura de sus vecinos, así como por la economía internacional en general. La demanda de cocaína (desde Europa, y en menor medida de Estados Unidos, en el caso de Perú), aumenta la demanda del cultivo de coca, su transformación química en cocaína, y su transporte desde el país a través de múltiples rutas. Estas rutas incluyen Bolivia y Brasil, hasta la Costa Atlántica de América del Sur, o alternativamente a través de Chile hasta Asia. De manera similar, la demanda mundial de oro nutre el sector de la minería ilegal; con Bolivia siempre teniendo un papel importante en la exportación y lavado del oro original a través de sus propias minas poco controladas.
Minería Ilegal
En Octubre 2020, las fuerzas de seguridad peruanas ejecutaron una importante operación contra la minería ilegal en La Pampa, en el Departamento de Madre de Dios. La operación, que destruyó 41 zonas de minería ilegal, fue a la vez un ejemplo del compromiso del gobierno para combatir el problema y su dificultad. La operación ocurrió a menos de dos años desde del despliegue por parte del gobierno de 500 unidades de seguridad, la cual, en la misma zona, parte de las 1,800 unidades enviadas a la región en la Operación Mercurio, esfuerzo que, en el mayor de los casos, dispersó las actividades de la minería ilegal hacia otras zonas.
La minería informal, sin licencia (ilegal) se da en la mayor parte del Perú Sin embargo, la provincia del sur de Madre de Dios y las provincias adyacentes de Puno y Junín han recibido la mayor atención por los daños causados al medio ambiente causado por las deforestaciones y el indiscriminado uso de sustancias letales como el mercurio. La zona se convirtió en una prioridad para el Ejército Peruano con la Operación Mercurio en febrero del 2019, y más con las recientes operaciones de seguimiento, a pesar de que estos esfuerzos solo desplazaron temporalmente a la minería ilegal. La pandemia del COVID-19 tuvo un efecto modesto—y temporal en la reducción de la minería ilegal—ya que las restricciones de la movilización interna impidieron que los mineros pudieran transitar entre los yacimientos y sus hogares en otras partes del país, aunque estas actividades no fueron interrumpidas por la pandemia.
Producción de Coca, Transformación, y Contrabando
Otra de las mayores industrias ilícitas del Perú es la producción de coca y su transformación en cocaína, la cual creció peligrosamente. En un informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos estimó que para el 2019, el Perú tiene un total de 72,000 hectáreas de coca cultivadas, representando una potencial producción anual de 705 toneladas por año, un incremento de casi el 50 por ciento mayor al año anterior, con el potencial de inundar con dinero la economía criminal del Perú. El informe lamentó la falta de progreso en Perú y pidió por la necesidad de resultados concretos.
La producción de coca en el Perú está concentrada principalmente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene, y Mantaro (VRAEM). Este valle es también el foco de los remanentes de la red de Quispe Palomino, jefe de la organización Sendero Luminoso, quien grava, protege, y tiene de alguna medida participación en el comercio ilícito. En los últimos años, la producción de coca también se ha expandido a zonas geográficas adyacentes y hacia el norte a lo largo de las fronteras con Ecuador y Colombia. Las condiciones de las zonas de selva baja reduce el rendimiento de químicos por planta de coca, pero la presencia del gobierno también es considerablemente menor e insuficiente.
A pesar de que las fuerzas de seguridad peruanas y sus socios colombianos han ejecutado operaciones contra los grupos criminales y terroristas en las regiones fronterizas en los últimos años, el problema persiste fuera de la visión de la prensa. Las crecientes actividades ilícitas que incluyen, entre otras, el cultivo de coca y el transporte de mercadería ilegal cerca a la triple frontera con Brasil y Colombia han hecho de esta zona un centro emergente de la economía delictiva regional.
En 2012, en el Valle del Alto Huallaga, otra de las principales regiones en el cultivo de coca, el gobierno capturó al líder de una facción de Sendero Luminoso, Artemio, permitiendo a las autoridades expandir significativamente las operaciones de erradicación en la zona. Sin embargo, desde el 2016, la producción de coca ha empezado a resurgir también en esta región.
En el VRAEM, la organización anti-drogas DEVIDA, bajo el liderazgo de Rubén Vargas, empezó la erradicación manual en 2019 como parte de una estrategia de integración Esta estrategia debía incluir el continuo desarrollo de la región. Los limitados esfuerzos iniciales de erradicación fueron suspendidos temporalmente debido a las restricciones por el COVID-19, pero han sido reanudados.
Las pequeñas avionetas que transportan cocaína y otros cargamentos ilícitos continúan saliendo de numerosas pistas de aterrizaje clandestinas del VRAEM, las cuales son destruidas por el gobierno, pero luego son rápidamente reconstruidas por trabajadores contratados de la zona. Desde el 2015, Perú cuenta con una ley que permite derribar avionetas sospechosas de narcotráfico que transitan sin un plan de vuelo, así como con dos radares para alertar en la detección e interceptación de aeronaves. Sin embargo, por insistencia del ejército estadounidense, el cual mantiene una estrecha relación de seguridad con el Perú, y debido a que accidentalmente derribó una avioneta que transportaba a una misionera y a su hijo en 1992, Perú no ha intentado derribar ninguna aeronave. No obstante, se informa que la capacidad del gobierno en la detección y derribo de aeronaves ha tenido cierto efecto disuasivo.
Sendero Luminoso
El Gobierno Peruano continúa logrando periódicamente pequeños éxitos contra el grupo terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM. Éxitos como la operación en septiembre del 2020 donde se dio de baja al comandante Cirilo y a otras cuatro personas, y donde se incautaron 500 kg de coca. A pesar de estos logros ocasionales, la situación de Sendero Luminoso en el VRAEM permanece notablemente sin cambios, con un estimado de 200 – 450 combatientes, y el apoyo oculto de simpatizantes entre la población. La situación de Sendero Luminoso en el VRAEM permanece fuerte a pesar de las 52 bases gubernamentales, que suman un total de 8,000 – 10,000 efectivos de seguridad en la región. Los remanentes de Sendero Luminoso, según se informa, viven de ingresos ilícitos y presentan una amenaza para el ejército, dificultando la erradicación de cultivos de coca. El 29 de octubre se llevó a cabo una emboscada a una unidad del ejército y policía de la fuerza COIEC, asesinando a dos personas y dejando un saldo de cinco heridos.
Mas allá de Sendero Luminoso, cuyos líderes y facciones aparecen regularmente en la prensa, los participantes en la economía ilícita del Perú son, de manera sorprendente, anónimos. En contraste con los carteles de drogas en otras partes de América Central, como México, y América del Sur, los grupos que introducen, de contrabando, los recursos químicos al país, cultivan la coca, la transforman en cocaína, la trafican fuera del país, y lavan los ingresos, se denomina como simples “clanes familiares”.
El impacto del COVID-19
La pandemia del COVID-19 ha causado inconvenientes a corto plazo para las actividades que generan ingresos ilícitos al inhibir el contrabando de droga por las fronteras (las cuales han sido cerradas y resguardadas por la amplia presencia del Ejército Peruano) y reduciendo el mercado de la coca en el país.
De otro lado, la pandemia ha beneficiado a las organizaciones criminales de otra manera importante. El desvío de fuerzas de seguridad para hacer cumplir el toque de queda, el control de fronteras, para distribuir los suministros médicos y el abastecimiento de paquetes de atención, incluso para producir equipos de protección y desinfección como respuesta del gobierno a la pandemia, ha redirigido la atención y los recursos de las principales operaciones contra grupos criminales y terroristas, facilitando a estos el ejercicio del control sobre espacios en los que operan.
A largo plazo, el gobierno peruano ha gastado en programas sociales y otros elementos como respuesta a la pandemia (más que cualquier otro país en América Latina en relación al PBI), tomando fondos de operaciones que tendrían impacto en actividades criminales; desde programas de sustitución de cultivos y la construcción de infraestructura de apoyo, hasta la reforma de instituciones y el desarrollo de capacidad para combatir la amenaza.
La Respuesta de las Fuerzas Armadas Peruanas
En el contexto de estos desafíos, las Fuerzas Armadas Peruanas están trabajando para transformarse con el fin de dar un apoyo más efectivo a los esfuerzos del gobierno en combatir diversos retos. Parte de esto es a través de la coordinación con sus vecinos como Colombia y Brasil, entre otros estados en la región. La Marina Peruana, en conjunto con otras entidades del estado, ha desplegado tres embarcaciones fluviales (Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS) que brindan servicios gubernamentales, tales como trámites administrativos, transacciones bancarias, y servicio médico en áreas remotas. Actualmente hay en funcionamiento tres PIAS en el Río Putumayo, a lo largo de la frontera norte del Perú cerca de Iquitos—y el área delictiva tri-fronteriza en el área noreste—y en el Lago Titicaca en la frontera boliviana en el sureste (al sureste de la región Madre de Dios, con alta presencia de minería ilegal).
El Ejército Peruano tiene un despliegue similar denominado “Convoy de Acción Cívica Verde” (COVACs), y actualmente está desarrollando una versión terrestre del concepto de PIAS con el objetivo de brindar servicios gubernamentales en otras zonas remotas a través de vehículos terrestres (Convoyes Itinerantes de Acción Social – CIAS). Como parte de su iniciativa de transformación de fuerzas, el Ejército también está trabajando en las nuevas “Brigadas de Protección de la Amazonía”, para ser desplegadas cerca a la frontera, teniendo como objetivo proporcionar ayuda en la protección contra la tala ilegal y otras actividades ilícitas en estas zonas. Además, tiene la misión de desarrollar una serie de nuevos puestos de seguridad y centros de poblaciones habilitados con nueva tecnología a lo largo de las fronteras, lo que daría un mayor apoyo y presencia del Estado en ellas, no muy diferente a lo que Brasil ha buscado hacer con su propio sistema fronterizo (SISFRON).
Si bien esas iniciativas innovadoras son prometedoras, el Perú tiene una larga historia de alteración de las buenas ideas, conferido por intereses creados e ilícitos, así como de recursos inadecuados o malversados. Con las múltiples y crecientes amenazas que la delincuencia, el terrorismo, y las presiones políticas, económicas y presupuestarias de la pandemia plantean a la nación, queda mucho por hacer.
Conclusión
En el contexto de estos desafíos, otros actores como la República Popular China, están aprovechando estas necesidades y vulnerabilidad económica para expandir su presencia comercial e influencia en el país, ofreciendo nuevos recursos de comercio, préstamos, e inversiones cuyos beneficios a largo plazo para el Perú son cuestionables.
El siguiente artículo de esta serie examinará el crecimiento de la huella económica china; así como su influencia asociada y las implicancias para el país, la región, y los Estados Unidos.
Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de EE.UU.
Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente suyas.
El autor quiere agradecer a su colega y analista estratégico Oscar Picon Alcalde para la traducción del articulo al Español. El autor también desea agradecer a COL Paul Vera, GEN® Leonardo Longa, RADM® Jose Mejia, COL® Richard Hurtado, Jorge Serrano Torres y CAPT® Mario Vinatea, entre otros, por sus conocimientos e información que contribuyeron a este trabajo.
