La polémica respecto a qué tan obligado está el gobierno de la Nueva Mayoría a cumplir al pie de la letra el programa de gobierno refleja la concepción equivocada de algunos sobre cómo funciona la democracia. Los programas no son contratos. A lo más, son hojas de ruta que van siendo ajustadas de acuerdo a cómo evoluciona el país, a la coyuntura y a los cambios en la correlación de fuerzas política que ocurren en sociedades democráticas en que todos tratan de avanzar sus propios intereses.
Desde el gobierno de Salvador Allende que el contenido de un programa de gobierno de un candidato no había generado tanta controversia. En buena medida, el problema que tiene el gobierno de la Presidenta Bachelet se parece al que en su momento tuvo Allende. Como la coalición oficialista está conformada por partidos con visiones de sociedad profundamente diferentes, el programa de gobierno puede interpretarse como base común sobre la que construir. Ocurre que en este caso, esa base común está cargada hacia la izquierda, lo que incomoda al PDC. Después de todo, la redacción del programa de gobierno se hizo en el círculo más cerrado del, donde el PC tiene un peso relativo mayor que su tonelaje electoral y el PDC siempre ha tenido una presencia menor de lo que debiese ser dado su caudal electoral y la importancia estratégica que implica tener a ese partido en la coalición de centro-izquierda.
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