Cada vez que el nombre de Pinochet vuelve a aparecer en las noticias, la derecha chilena tiene más razones para preocuparse que para celebrar. Pero hoy que se conmemoran los 20 años de su arresto en Londres, Chile Vamos debiera recordar, primero, que no necesita reescribir la historia y, segundo, que los chilenos están más interesados en soluciones para los problemas de hoy y los desafíos de mañana que en acusaciones mutuas sobre qué partidos y coaliciones cometieron más errores en el pasado o tienen más cosas de las que arrepentirse.
Porque ya han pasado tres décadas desde el plebiscito y dos décadas desde el arresto de Pinochet, la memoria de la dictadura y de su legado en los noventa corresponde más a los libros de historia que a la política cotidiana. Si bien sus defensores y sus detractores tienen todo el derecho a seguir pegados en el pasado, debatiendo las brillantes luces y las negras oscuridades del régimen -como tan bien resumiera el legado de Pinochet el fallecido historiador Gonzalo Vial-, la clase política tiene la obligación de abocarse a construir un mejor futuro.
La evaluación popular de Pinochet es hoy más negativa que positiva. El quiebre de la democracia y las violaciones a los derechos humanos ensombrecen cualquier aspecto positivo del legado. Precisamente porque los gobiernos que le sucedieron hicieron propio el modelo de una economía abierta —social de mercado—, el principal legado económico de Pinochet se ha convertido en un gran acuerdo nacional que muy pocos cuestionan o critican. A medida que se ha consolidado la democracia y se ha fortalecido el consenso respecto al modelo económico, aquellos que apoyaron y defendieron a la dictadura crecientemente deben dar explicaciones —y nadie parece interesado en oír que ellos también querían defender un modelo que gobiernos posteriores de izquierda y de derecha han hecho propio.
En estos días, varios líderes de derecha, incluido el Presidente Piñera, se están viendo presionados a dar explicaciones de por qué aparecieron defendiendo a Pinochet después de su detención en Londres en octubre de 1998.Afortunadamente para ellos, también hay varios líderes de la Concertación que recibirán críticas por unirse a esa defensa. De poco servirá que aclaren que ellos defendieron el argumento de que los crímenes cometidos en Chile deben ser juzgados en Chile o que defendían la soberanía del país más que a Pinochet. Esos argumentos, que por cierto también fueron utilizados en 1998 para justificar el esfuerzo del gobierno de la Concertación para evitar que fuera enviado a España a enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad, ya eran cuestionables entonces. Tampoco es fácil entender por qué esos mismos que hoy se muestran tan comprometidos con la defensa de los derechos humanos —en Chile o Venezuela— hayan participado tan activamente en viajar a visitar a Pinochet a Londres o en los numerosos actos que se hicieron en Chile exigiendo la liberación del exdictador.
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