Photo Credit: Ernesto Benavides/AFP via Getty Images
Note: La versión original de este artículo fue publicada en el portal de Noticias Univision. Ha sido actualizado para ser publicado en Global Americans por Katya Salazar, Directora Ejecutiva, Fundación para el Debido Proceso Legal (www.dplf.org), abogada peruana y ex Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.
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El martes 17 de noviembre asumió la presidencia del Perú Francisco Sagasti, intelectual peruano de reconocida trayectoria, quien encabezará un gobierno de transición hasta el próximo 28 de julio del 2021, cuando asuma el cargo la presidenta o el presidente que resulte elegido en las elecciones generales del 11 de abril. La llegada de Sagasti a la presidencia se produjo después de una semana de profunda inestabilidad política en el país, que se inició con la declaración de vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso peruano, argumentando “incapacidad moral permanente” luego de unas pocas horas de debate y con serios obstáculos para una defensa adecuada.
El Congreso fundamentó su decisión en la existencia de acusaciones por actos de corrupción que habrían sido cometidos por Vizcarra mientras se desempeñó como Gobernador de Moquegua, región ubicada al sur del país. En clara contradicción con el artículo 117 de la Constitución, que señala expresamente que el presidente no puede ser acusado durante su mandato salvo en los supuestos mencionados taxativamente en el mismo articulo, el Congreso peruano procedió a vacar a Martín Vizcarra, ocho meses antes de finalizar su mandato. Al día siguiente, el entonces presidente del Congreso Manuel Merino de Lama -empresario y político de bajo perfil- juramentó como nuevo titular del Poder Ejecutivo desencadenando una ola de indignación popular que se expresó en protestas ciudadanas en la capital y el resto del país.
Durante una semana el Perú vivió una situación de zozobra como no se veía desde los años noventa, originada por un Congreso integrado por partidos políticos y personajes con dudosos intereses. Mientras la ciudadanía -principalmente jóvenes- expresaba su descontento a través de protestas pacíficas en distintos puntos de la capital y ciudades del país, organizadas y difundidas a través de redes sociales y otras aplicaciones propias de las nuevas generaciones, las imágenes nos mostraban una policía actuando “a la antigua”. La represión indiscriminada, el uso excesivo de la fuerza y de armas prohibidas produjo un saldo trágico: dos jóvenes fallecidos, mas de cien heridos -varios de gravedad- con perdigones y hasta canicas de vidrio– y algunas personas que permanecieron desaparecidas por varios días, aparentemente bajo custodia policial. Según el Comité de Protección de Periodistas, por lo menos treinta y cinco periodistas resultaron heridos durante las protestas. La presión social fue tan fuerte que el domingo al mediodía se produjo la renuncia de Merino, menos de una semana después de haber sido nombrado presidente.
La llegada de Sagasti a la presidencia es una brisa de aire fresco. Aunque no podemos esperar cambios estructurales en sólo ocho meses de gobierno, hay algunos temas prioritarios que la comunidad internacional debe seguir con atención. En primer lugar, se deben aclarar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas ciudadanas, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. La Fiscalía de la Nación anunció la apertura de una investigación contra el ex presidente Merino, el ex Premier Flores-Araoz, y el ex ministro del Interior Rodríguez por diversos delitos cometidos durante las protestas. Esta y cualquier otra investigación abierta por estos hechos debe avanzar y ofrecer resultados en el corto plazo.
Con la finalidad de prevenir eventos similares en el futuro, el gobierno de transición debería promover un proceso de reflexión y reforma de esta institución, con la ayuda de personas expertas. Este proceso debería empezar con el diseño de un protocolo de actuación de la Policía Nacional durante protestas sociales, que recoja los mas recientes desarrollos en esta materia y las lecciones que ha dejado la experiencia comparada.
En segundo lugar, se debe suspender el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional hasta la llegada del próximo Congreso, en julio del 2021. El proceso iniciado en agosto ha sido muy cuestionado por su opacidad y la arbitrariedad en la evaluación de los requisitos, entre otras razones. Y este Congreso ha demostrado que no es el indicado para seleccionar a seis de los siete miembros de la máxima instancia constitucional del país, cuya independencia es fundamental para resguardar el estado de derecho y la democracia en el país. Además, un Congreso cuya mayoría de integrantes tiene investigaciones penales abiertas, tiene fuertes incentivos para cooptar el máximo tribunal del país. La semana pasada, varios partidos políticos expresaron que este proceso debía ser realizado por el siguiente Congreso y abandonaron la comisión a cargo de la elección. Esta decisión debe quedar firme.
Finalmente, tanto la OEA, como Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos -órgano principal y autónomo de la OEA- han enviado sendas misiones para verificar la situación de derechos humanos en el país. Estas misiones deben tener el mas alto perfil y estar dispuestas a jugar un papel no solo de monitoreo sino también de promoción del dialogo entre distintos actores. Nuestra “estabilidad” es muy frágil y aunque el presidente Sagasti logró el apoyo necesario para ser elegido, nadie asegura que el Congreso -que días antes vacó a Martin Vizcarra- no lo vacará a él ante cualquier medida que no sea de su agrado.
Esta posibilidad se ha visto reforzada por la reciente decisión del Tribunal Constitucional peruano, que decidió no zanjar la discusión sobre el contenido material de la “incapacidad moral permanente” como causal de vacancia, dejando abierta la posibilidad de que el Congreso vuelva a usar esta causal, claramente vaga y subjetiva, para futuros casos. La ciudadanía peruana y la comunidad internacional debemos estar atentas y acompañar activamente el proceso iniciado el martes 17 de noviembre y que debe terminar el próximo 28 de julio de 2021, con objetivos cumplidos.
