El país sigue a la espera de una solución de la crisis del paro. Un acuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro deberá incluir tanto las plenas garantías para la protesta pacífica como el fin de los bloqueos. Y debe ser el punto de partida para la discusión de los temas de fondo que han generado el enorme descontento que le dio lugar.
En el momento de escribir esta columna no se conocen las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha visitado el país. Espero que el Gobierno haya dado información clara acerca de las investigaciones que debe llevar a cabo sobre los abusos de derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública. Espero también que la Comisión se vaya plenamente informada sobre el vandalismo y los actos de violencia contra la Fuerza Pública que han realizado algunos actores que han participado en el paro.
Y confío, especialmente, en que la Comisión se vaya con claridad sobre el compromiso que tenemos la abrumadora mayoría de los colombianos con el pleno respeto a los derechos humanos.
Los bloqueos de vías han tenido costos enormes: entre 5 y 6 billones de pesos, según Fedesarrollo, pero pueden ser más altos. En el suroccidente del país han sido considerables y tendrán efectos de largo plazo: 16 por ciento de las empresas del Valle y el Cauca les manifestaron a sus cámaras de Comercio que están pensando en cerrar su actividad. Los costos son también de largo plazo por la pérdida de contratos de exportación, como los que anunció la Federación Nacional de Cafeteros.
El efecto social de los bloqueos es también muy elevado, como lo mostró el aumento de los precios de los alimentos en mayo, con efectos distributivos adversos. Se reflejará también en los datos de empleo cuando estén disponibles. Los bloqueos deben, por lo tanto, terminar, como lo han indicado virtualmente todas las fuerzas políticas.
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