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Apuntar a las oportunidades de crecimiento verde en América Latina y el Caribe podría ser una forma para que la administración Biden amplíe su agenda nacional de acción climática para incluir objetivos de política exterior más amplios. A pocos días de la Cumbre del Clima de la ONU (COP 26) en Glasgow, el debate en Washington sobre la infraestructura y la reconciliación presupuestaria tendrá implicaciones globales, especialmente en lo que respecta a la crisis climática.
Las negociaciones actuales dentro del Partido Demócrata sobre el tamaño del gasto propuesto probablemente requerirán que la Casa Blanca posponga algunas propuestas de políticas relacionadas con el clima, incluidos los esfuerzos para descarbonizar el sector eléctrico. Sin embargo, la geopolítica de la energía todavía debe sufrir un cambio radical del status quo actual. Un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indicó que los gobiernos planean producir alrededor de un 110 por ciento más de combustibles fósiles para 2030 de lo que sería consistente con limitar el calentamiento a 1.5°C. Incómodos con estos hallazgos, funcionarios gubernamentales de Australia, Japón, Arabia Saudita y otros países presionaron a las Naciones Unidas para que minimizara sus mensajes sobre los recortes necesarios a los combustibles fósiles.
Los líderes mundiales de todo el espectro político han expresado su apoyo a los ambiciosos objetivos climáticos. Pero los países del G20 han dirigido aproximadamente 300.000 millones de dólares hacia actividades de combustibles fósiles desde el comienzo de la pandemia -más que el nivel de financiación que se ha dirigido al sector de la energía limpia. Esto no es “reconstruir mejor.” Si esta tendencia continúa, pone a Estados Unidos y sus vecinos hemisféricos en una trayectoria precaria, amenazando potencialmente la estabilidad regional en el futuro. Además, pone en peligro importantes esfuerzos multilaterales, debilitando la agenda de transición energética, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la energía, y amenazando la arquitectura general de la COP que los países han desarrollado desde 1995. ¿Cómo puede cambiar el status quo entonces? Una gran parte de la solución se basa en abordar la influencia política y económica de los intereses de los combustibles fósiles en todo el mundo, que, en los Estados Unidos, por ejemplo, gastan más que lo que se gasta en la promoción de las energías renovables en una proporción de 13 a 1.
Quedan otras preguntas críticas. En primer lugar, ¿puede la política interior y exterior de EE.UU. promover de manera más efectiva el desarrollo de la energía renovable en los Estados Unidos y en la región, ayudando a revitalizar las exportaciones manufactureras de Estados Unidos y generar buenos empleos remunerados? En segundo lugar, ¿podría tal énfasis en las exportaciones estadounidenses ayudar a cerrar la división partidista y cambiar el cálculo político hacia un consenso sobre la transición energética en Washington? Por último, si los Estados Unidos desean superar seriamente a China en el hemisferio occidental como una forma de rivalidad económica, ¿pueden las asociaciones tecnológicas y científicas en energía renovable con aliados clave en América Latina ayudar a ampliar las relaciones económicas, impulsando así una transición energética global que sea más rápida y rentable? Estas son preguntas importantes a considerar ya que los países del Hemisferio Occidental son de los socios económicos más cruciales para los Estados Unidos y viceversa.
Del mismo modo, los países de la región también se enfrentan a continuos desafíos, si no crisis, desde la salud pública y el estado de derecho hasta la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. La crisis climática de muchas maneras ha sido capaz de unir a diversos grupos y coaliciones políticas en toda la región. Por ejemplo, la reciente cumbre climática latinoamericana organizada por Argentina, junto con Chile, Costa Rica y Colombia, y a la que asistió el enviado especial presidencial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry.
Si bien puede no parecer evidente ahora, los líderes latinoamericanos que buscan una relación económica y comercial más sólida con los Estados Unidos pronto podrían encontrar que la transición energética se ha convertido en una prioridad para la administración Biden. Funcionarios estadounidenses se han reunido con líderes en Colombia, Ecuador y Panamá, en un aparente intento de proyectos financiados por Estados Unidos por contrarrestar la Iniciativa de la Ruta de la Seda de China. Los países de las Américas pueden beneficiarse del renovado compromiso de Estados Unidos para aumentar las exportaciones de tecnología de energía limpia a la región, y también pueden desarrollar importantes asociaciones en manufactura. La escala de las inversiones necesarias es grande y la ambición por nuevos proyectos de energía e infraestructura es impresionante.
El proyecto Horizonte en el norte de Chile es un ejemplo. Desarrollado por la firma energética chilena Colbún, se proyecta que este parque eólico de 778 megavatios esté operativo en 2024. Con 140 aerogeneradores y 850 millones de dólares en inversión privada, es el proyecto de energía eólica terrestre más grande de América Latina. Mientras tanto, en la vecina Argentina, el proyecto solar Cauchari, el más grande de América Latina, recibió el 85 por ciento de su financiamiento del Banco de Importación y Exportación de China, con la condición de que el 80 por ciento de los materiales se obtuvieran de proveedores chinos. Si se hubiera ofrecido en términos similares, los argentinos no habrían rechazado el financiamiento de fuentes estadounidenses o europeas. En pocas palabras, los financistas de China vieron una oportunidad económica que otros no vieron y la tomaron.
Más allá de las oportunidades de mercado para las empresas estadounidenses, ambos partidos políticos también deben reconocer las prioridades cambiantes para la seguridad internacional y las amenazas globales que existen en el horizonte. El último informe de Tendencias Globales de las agencias de inteligencia de EE.UU. destacó que el cambio climático probablemente se intensificará junto con los cambios demográficos, lo que resultará en nuevas vulnerabilidades en los países en desarrollo y empeorará “los riesgos existentes para la prosperidad económica, los alimentos, el agua, la salud y la seguridad energética”. Más recientemente, el Consejo Nacional de Inteligencia publicó un nuevo informe sobre las tendencias de seguridad para las próximas dos décadas, indicando que los efectos físicos del cambio climático “aumentarán el potencial de inestabilidad y posiblemente conflictos internos” en las naciones en desarrollo, las que son más propensas que los países desarrollados a sentir los impactos del cambio climático. Por lo tanto, las cadenas de suministro regionales sostenibles no solo promueven la prosperidad en América Latina y ofrecen beneficios al sector de energía renovable de los Estados Unidos, sino que también benefician los intereses de los Estados Unidos en materias de seguridad nacional.
Los mercados regionales de América Latina y el Caribe pueden estimular una mayor inversión y ampliar el desarrollo de las energías renovables en los Estados Unidos, pero sólo si los líderes reconsideran como se desarrollan sus relaciones comerciales existentes. Las relaciones comerciales modernas no deben depender simplemente de productos básicos, como el cobre, el litio, el cobalto, el níquel y los minerales de tierras raras. Además de desarrollar estos recursos, una asociación equitativa también se debe basar en la innovación científica y el descubrimiento, lo que puede llevar al florecimiento y construcción de alianzas sólidas y sostenibles a largo plazo. El desarrollo de baterías mejores y más eficientes, la evaluación y expansión a gran escala de la industrial de energía de concentración solar, e incluso el logro de economías de escala que viabilicen comercialmente la industria de hidrógeno verde, son áreas en las que varias naciones latinoamericanas desean avanzar.
La política comercial de Estados Unidos puede establecer las nuevas reglas del juego para un planeta que está en calentamiento, mediante la incorporación de mejores estándares laborales y ambientales en los mercados extranjeros. Al mismo tiempo, puede beneficiar a los Estados Unidos al incorporar la diplomacia comercial, científica, tecnológica, y proyectar su influencia en las relaciones comerciales bilaterales y regionales.
Hasta ahora, Estados Unidos ha dejado esta oportunidad sobre la mesa para las naciones europeas, como Alemania, España e Italia, que tienen crecientes intereses comerciales en el sector de la energía limpia, así como para las empresas estatales chinas, que a menudo buscan solo la obtención de rentas y el control sobre los recursos naturales. Pero no siempre ha sido así en los EE.UU. Entre 2010 a 2014, el gobierno de Obama lanzó la Iniciativa Nacional de Exportación, que buscaba duplicar las exportaciones de Estados Unidos durante un período de cinco años. Un aspecto clave de la política incluía un enfoque en la exportación de energía renovable y tecnologías de eficiencia energética a mercados clave. El gobierno de los Estados Unidos identificó a varios países latinoamericanos con oportunidades de mercado significativas y como socios potenciales para las empresas estadounidenses.
Del mismo modo, la administración Biden ha propuesto la creación de una Iniciativa de Exportación de Energía Limpia e Inversión Climática para “ofrecer incentivos a las empresas estadounidenses que suministran soluciones bajas en carbono al mercado internacional con el fin de estimular la industria, los empleos y la competitividad de los Estados Unidos, y hacer de Estados Unidos el líder mundial en tecnologías de energía limpia”. Este tipo de propuesta de política se alinearía con la meta regional en el hemisferio de alcanzar el 70 por ciento del uso de energía renovable para 2030, que ya cuenta con el apoyo y respaldo de Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos debe desempeñar un papel más activo en el apoyo a este objetivo más allá de simplemente promover sus exportaciones. Debe contar con un programa de promoción de las exportaciones con mayores inversiones en investigación y desarrollo con países claves en la región. Lo que es más importante, los líderes estadounidenses deben desalentar el uso de combustibles fósiles. Aquí, la administración Biden tiene poder ejecutivo para iniciar el importante trabajo requerido para reformar y cambiar la política interior y exterior de los Estados Unidos, y con ella, influir en el status quo de los mercados energéticos en el exterior. Sin embargo, también el Congreso debe actuar e ir más allá de los intereses electorales de corto plazo.
Durante la COP 26 y hacia adelante, la administración Biden debería ir aún más allá en áreas donde tiene la capacidad de hacerlo, sin las limitaciones de la dinámica política intrapartidista y donde puede lograr el mayor impacto en el corto plazo. Considerando un marco de políticas más ambicioso en su aplicación de “contratos de colaboración y suministro con proveedores aprobados” para los objetivos de mitigación del cambio climático en el extranjero, la administración Biden puede apoyar los objetivos de energía renovable y el desarrollo sostenible en el Hemisferio Occidental comenzando por abordar los desafíos de reforma de los subsidios a los combustibles fósiles, tanto dentro del país como en América Latina.
Limitar la inversión respaldada por Estados Unidos para proyectos contaminantes en petróleo y gas es muy importante para evitar nuevos activos que rápidamente serán desplazados esta década. Esto también debe ir acompañado de compromisos mayores con objetivos de transición energética renovable de la región. Al abordar el papel de las inversiones respaldadas por Estados Unidos en la industria de los combustibles fósiles, en las principales economías extractivas como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México, el rol de las principales instituciones de financiamiento para el desarrollo de estados Unidos, como la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y la Agencia de Comercio y Desarrollo, deben encaminarse hacia una nueva estrategia donde se vinculen los intereses de seguridad nacional, cambio climático y oportunidad económica de Estados Unidos con el logro de beneficios compartido con todo el hemisferio.
Si el progreso en EE.UU. es difícil obtener, un mayor énfasis y conexión con las economías de América Latina y el Caribe puede comenzar a crear cadenas de suministro más resistentes, promover la inversión y el comercio transfronterizos y promover aún más los beneficios de la transición energética no solo para el pueblo estadounidense, sino también para aquellos elegidos para servir a sus intereses.
Ricardo Raineri es ex ministro de energía de Chile, asesor principal de AUI, Inc., y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anders Beal es asociado en el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Los puntos de vista y opiniones expresados son los de los autores.
