La discusión sobre si la migración es un derecho humano —y si los estados receptores están obligados a proveer salud y educación a los inmigrantes indocumentados— ha sido un tema prioritario en los países más desarrollados que hace años enfrentan este complejo fenómeno. El progreso económico de Chile en años recientes nos obliga ahora a tomar una postura clara sobre cómo entendemos la migración y las consecuencias económicas, sociales y políticas de declararla un derecho humano. Corresponde que tengamos ese debate antes de que el gobierno decida firmar o retirarse definitivamente de esta iniciativa.
La decisión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera de restarse de la cumbre en Marruecos —el 10 y 11 de diciembre— donde se promulgará el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular refleja la creciente politización que existe en el país sobre la llegada de migrantes. El acuerdo, que ha sido negociado al amparo de la ONU por dos años, contiene 23 objetivos que buscan avanzar hacia una regulación internacional de la migración —en cierto modo, como ya existe para el comercio internacional de bienes y servicios.
Si bien el pacto tiene una serie de medidas razonables y de sentido común, el documento ha generado rechazo en muchos países que son destino favorito de inmigrantes y refugiados. La razón es que, aunque no lo dice explícitamente, el documento da a entender que la migración puede ser entendida como un derecho humano. Si bien los juristas y expertos en derecho se han apurado a aclarar que, al igual que otros derechos, la migración no es un derecho absoluto —y por lo tanto puede ser restringido por los países en nombre de la seguridad nacional, la democracia y los derechos de otros grupos— el solo hecho de sugerir que la migración puede ser un derecho humano ha generado resquemor en países que enfrentan la llegada masiva de migrantes y refugiados de zonas en guerra o con estados fallidos.
Para leer más, visite El Líbero.
