Un elemento central del debate político actual es la nueva reforma tributaria de la administración Duque. Es un proyecto mucho más modesto que el presentado en abril y que fue centro de oposición del paro nacional. Es un reconocimiento al arte de lo posible.
Es positivo que el Gobierno haya reconocido de nuevo que es necesario aumentar los recaudos tributarios para financiar gastos sociales esenciales. Es encomiable, además, la labor del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, de discutir el proyecto con amplios sectores, así como la aceptación por el sector empresarial del aumento del impuesto de renta a las personas jurídicas.
La discusión parlamentaria es una oportunidad de mejorar algunos de sus elementos. Entre ellos podrían incluirse la eliminación de la totalidad del descuento tributario del impuesto de industria y comercio, no solo de la mitad. El Congreso debería, además, adicionar un impuesto al patrimonio de las personas naturales, como lo había propuesto la reforma anterior, aunque permanente y no temporal, siguiendo quizás la propuesta de Fedesarrollo. Y habría que gravar con el IVA las transacciones digitales, que hoy en día no lo pagan.
Sin embargo, queda claro que será una tarea del próximo gobierno proponer la reforma estructural que se necesita para financiar en forma permanente el mayor gasto social que demanda el país, así como reducir los altos niveles de deuda pública, los más altos de nuestra historia. Sin embargo, la propuesta de poner un techo a la deuda pública, como lo propone el actual proyecto, no debe ser aprobada. El tema de la regla fiscal apropiada debe quedar en manos de la siguiente administración.
El debate sobre la reforma tributaria estructural que necesita el país debe estar en el centro del debate y tener en cuenta tres factores fundamentales.
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