Foto: La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) fue establecida en 2004. Fuente: Noticias ONU.
Este artículo se publicó originalmente en Diario Libre.
Durante casi treinta años – desde 1994 hasta el presente – Haití ha tenido una presencia internacional significativa, aunque los resultados dejan mucho que desear. Como punto de partida, en octubre de 1994 se produjo, por mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), una intervención militar encabezada por Estados Unidos para reponer al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido depuesto por un golpe militar el 30 de septiembre de 1991 tras apenas siete meses en la presidencia luego de haber sido el primer presidente democráticamente electo en la historia política haitiana. Ese golpe de Estado ocurrió cuatro meses después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptara, en la Asamblea General de ese año en Santiago de Chile, la Resolución 1080 que instituyó el concepto de defensa colectiva de la democracia cuando en algún país de la región se produjera una interrupción abrupta e irregular del proceso democrático.
Con esa intervención como telón de fondo, la vida política haitiana experimentó una precaria normalización democrática con la elección de René Preval el año siguiente y la transferencia pacífica de mando el 7 de febrero de 1996. Tras el fin de su mandato, Aristide retornó al poder en febrero de 2001 luego de ser nuevamente electo a la presidencia de su país, aunque en unas elecciones que fueron boicoteadas por los partidos de oposición. Esta vez su presidencia duró tres años en lugar de cuatro pues fue derrocado el 29 de febrero de 2004 por fuerzas políticas y militares que se movilizaron en su contra.
En ese contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, el 30 de abril de 2004, la Resolución 1542 (2004) en virtud de la cual se estableció la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah por sus siglas en francés), la cual sustituyó la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) que autorizó el Consejo de Seguridad inmediatamente después del golpe de Estado a Aristide. La Minustah, creada originalmente por un período inicial de nueve meses, tenía un componente civil y otro militar, lo que expresaba la voluntad de asistir al gobierno haitiano en lo que respecta a la normalización de las instituciones gubernamentales y a la consolidación de una fuerza policial para incrementar el orden y la seguridad. Las Fuerzas Armadas habían sido desmanteladas tras el regreso de Aristide al poder en 1994, lo que creó un problema enorme de inseguridad cuyos efectos se han mantenido hasta el presente.
El mandato de la Minustah se renovó repetidas veces, por lo que esta misión duró en Haití hasta el 17 de octubre de 2017 cuando fue sustituida por la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (Minujsuth por sus siglas en francés), la cual fue creada por el Consejo de Seguridad mediante la Resolución 2350 (2017) del 13 de abril de 2017. Esta misión tuvo como mandato general apoyar al gobierno haitiano en el desarrollo del estado de derecho en áreas como la Policía Nacional, la justicia, las prisiones y la protección de los derechos humanos.
En ese tiempo Haití fue impactado por un devastador terremoto en enero de 2010, así como por otros fenómenos de la naturaleza, que han deteriorado aun más las precarias condiciones de vida del pueblo haitiano. Estos acontecimientos hicieron que la ayuda internacional tuviera que canalizarse hacia la asistencia humanitaria en lugar de atacar los problemas estructurales que afectan a esa nación desde hace décadas.
La Minujusth concluyó su labor el 15 de octubre de 2019 siendo reemplazada el día siguiente por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh por sus siglas en francés), la cual fue creada por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2476 (2019) del 25 de junio de 2019. El mandato de la BINUH está enfocado en procurar la estabilidad política y la buena gobernanza, preservar y fomentar un entorno pacífico y estable, promover los derechos humanos, así como apoyar un diálogo nacional entre los diferentes sectores de la sociedad haitiana. Esta misión, que originalmente se concibió por doce meses, se ha prorrogado sucesivamente, incluyendo una reciente prórroga hasta el 15 de julio de 2023 mediante la Resolución 2645 (2022) del 15 de julio de 2022.
A pesar de esta presencia de las Naciones Unidas en Haití a través de sucesivas misiones, la crisis haitiana se profundiza, su sistema político se desarticula o más bien se pulveriza y la conflictividad se hace prácticamente intratable. En ese escenario se produce, el 7 de julio de 2021, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, lo que ha agudizado la crisis político-institucional dando paso a la proliferación de bandas criminales que toman control cada vez más amplio del territorio y hacen que el Estado sea cada vez más débil y menos efectivo.
Sería pretencioso dar consejos sobre qué hacer ante una crisis de la magnitud que afecta a la sociedad haitiana luego de tantos intentos fallidos por resolverla. No obstante, parece evidente que en esas misiones de la ONU y otras iniciativas de apoyo a Haití ha faltado una visión de construcción del Estado como premisa básica para articular la sociedad, el sistema económico y la estructura gubernamental. En su informe al presidente francés Jacques Chirac con motivo del bicentenario de la independencia haitiana en el 2004, Regis Debray señaló que Haití era el país como más ONGs por kilómetro cuadrado en el mundo. Esto indica que una cantidad enorme de recursos de la ayuda internacional se ha diluido en proyectos que contribuyeron muy poco o nada en la (re) construcción de las instituciones estatales en áreas claves como seguridad, administración fiscal y aduanera, planificación económica, gestión medioambiental, obras públicas, educación, salud pública, sistema de justicia, entre otras. Es decir, lo que Haití necesita es más Estado, no menos.
Pensar de manera fresca en estos temas podría ser útil en la siempre difícil tarea de asistir al pueblo haitiano en su búsqueda de orden, estabilidad y gobernabilidad. La idea plasmada en la resolución que creó la Binuh de promover un diálogo entre todos los sectores sociales puede ser muy auspiciosa si se lleva a cabo con una visión estratégica, incremental y sostenida en el tiempo, con el auspicio de actores con capacidad de convocatoria, ya sea de la comunidad nacional o internacional. Este diálogo podría ser el punto de partida para comenzar a articular, pieza por pieza, peldaño a peldaño, el Estado haitiano y su sistema de gobierno. Por supuesto, la responsabilidad por el destino de ese país recae, en último término, en los propios haitianos, en sus dirigentes políticos, empresariales, eclesiales y sociales. Sin un compromiso activo y consciente de esos sectores no habrá posibilidad alguna, ni ahora ni nunca, sin importar si hay o no apoyo internacional, de enrumbar a ese país por el sendero de la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo.
Flavio Darío Espinal es abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal y columnista en Diario Libre.
