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La aplastante victoria de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales de Guatemala ha sido la más clara señal de rechazo del pueblo guatemalteco hacia la actual clase política. El país, asolado por la corrupción, ocupa los últimos puestos en todos los índices relativos internacionales más citados. Según el último informe de percepción de la corrupción en el sector público de Transparency International, Guatemala ocupa el puesto 150 de 180 países.
Los tiempos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) representaron un breve periodo de esperanza. Desde el 2007 hasta su expulsión en 2019 por el expresidente Jimmy Morales, Guatemala parecía estar a la vanguardia de los esfuerzos regionales anticorrupción. Con la salida de la CICIG, la capacidad para combatir el Pacto de los Corruptos, como se denomina a las redes de corrupción que involucran a las élites políticas, económicas y judiciales, ha decaído abruptamente. Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción de Americas Quarterly (AQ), Guatemala sólo puntúa por encima de Venezuela y Bolivia, y sus valores han ido en negativo todos los años desde que se empezó a medir el índice.
Con Arévalo, Guatemala puede volver a ser el foco entre las cruzadas anticorrupción en América Latina, pero para eso necesitará aliados. La gran atención que la comunidad internacional le ha brindado a la persecución judicial contra Semilla, el partido de Arévalo, muestra que la situación del país no pasará desapercibida. Para Estados Unidos, esto implica tomar pasos concretos para fortalecer su relación con el gobierno guatemalteco más allá del tema migratorio.
El reto de gobernar en tiempos de persecución judicial
El plan de gobierno de Arévalo se centra en los principales problemas estructurales del país: falta de infraestructuras físicas y digitales, acceso desigual a la educación, seguridad fronteriza, sanidad ineficaz e ineficiencias de las instituciones públicas y del sistema político. Estos temas son de gran importancia para los guatemaltecos, cuyas condiciones de vida se ven directamente afectadas por la falta de oportunidades que los obliga a emigrar hacia Estados Unidos. A la base de todos estos problemas, la estrategia de Arévalo contempla la lucha contra la corrupción, piedra angular de estos y otros desafíos estructurales como el crimen organizado y el retroceso democrático. Por eso, la materialización de la primavera democrática prometida por Arévalo, aunque sea solo en sus primeros pasos, dependerá principalmente del éxito de sus esfuerzos anticorrupción.
Lograr gobernar y hacer reformas será un reto enorme para el gobierno de Arévalo. Por un lado, en el Congreso no cuenta con una bancada mayoritaria. Además, los esfuerzos para cancelar su partido pueden llevar a que sus diputados no participen en las discusiones para la definición del presupuesto y de la agenda legislativa. Por otro lado, tiene un sistema de justicia en su contra, con la elección de nuevos jueces y magistrados que lleva postergada casi cuatro años y, sobre todo, con los esfuerzos de la fiscalía general para judicializar a los miembros de su partido y socavar la voluntad popular. Sumado a esto, Arévalo deberá hacer alianzas claves con actores tan diversos como la comunidad internacional, empresarios, el ejército y el poder local.
El apoyo desde el exterior: EE. UU. y la comunidad internacional
Como nota positiva, hay que reconocer que el apoyo externo recibido por Arévalo ha sido contundente. El Secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, se sintió obligado a felicitar a Arévalo por segunda vez tras la certificación de su victoria por el Tribunal Supremo Electoral. “Una segunda vuelta justa y pacífica“, dijo el presidente estadounidense Biden, en un contexto donde no todos los actores políticos reconocen la victoria de Arévalo. La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha estado muy pendiente de Guatemala: la visita de Almagro al país y su canal de diálogo abierto con el presidente Giammattei han contribuido a mantener la presión sobre quienes se oponen a la toma de posesión de Arévalo el próximo 14 de enero.
La preocupación de la comunidad internacional sobre el futuro de la transición democrática en Guatemala se ha profundizado con la reciente denuncia de un posible golpe por parte del presidente electo. Aunque la investidura de Arévalo parece destinada a producirse como previsto, la suspensión del partido Semilla (temporáneamente revocada hasta el 31 de octubre) contribuye a la intensa incertidumbre sobre lo que podría significar para gobernar sin partido.
Si Guatemala logra una transición ordenada, se deberá a la resiliencia de las instituciones democráticas guatemaltecas y de la presión popular. A pesar de ello, el apoyo del cuerpo diplomático estadounidense y su continua visibilización desde el exterior será clave, como lo fue en las últimas elecciones de Brasil.
Una oportunidad de renovación
El compromiso de la administración de Biden con las elecciones de Guatemala es un avance bienvenido considerado el frágil estado de la relación bilateral. Al mismo tiempo, es una oportunidad única para re-equilibrar la relación en un tema que no sea únicamente controlar los flujos migratorios. Durante la administración de Trump, la relación descansó en la intimidación verbal y el agite del “ban” y las amenazas arancelarias, que presionaron al gobierno guatemalteco a firmar el acuerdo de “tercer país seguro” y aliviar la presión en la frontera.
La migración ha sido, y seguirá siendo, la principal preocupación relacionada con los países del Triángulo Norte. La región no ha sido prioritaria en el gobierno de Biden a pesar de la estrategia “Causas Raíces” y no ha contado con interlocutores fiables en la región. Pero ahora, después de las elecciones, Estados Unidos podría encontrar en Arévalo y Semilla el socio fiable y democrático que tanto tiempo llevaba buscando. Si bien Guatemala tiene una importancia relativa en la agenda de EE. UU. con respecto a otros socios estratégicos como Colombia y México, una profunda cooperación bilateral contra la corrupción es una oportunidad única para EE. UU. de mejorar sus relaciones con la región.
Hacia una nueva agenda anticorrupción
La lucha contra la corrupción es prioridad para el próximo gobierno de Arévalo y para ello ha definido una serie de 10 acciones concretas para combatirla. Aunque la mayoría dependan del Congreso, la identificación de actos de corrupción en el gobierno, el despido de funcionarios públicos corruptos y la cancelación de contratos acordados a través de prácticas corruptas son un gran avance para el país. Sin la CICIG, los esfuerzos anticorrupción solo pueden ser más modestos que a los que se aspiraba previamente. Al mismo tiempo, es necesario aprender de los errores del pasado que, en el afán de luchar contra la corrupción, provocaron fuertes reacciones no calculadas de las élites políticas y económicas que llevaron a la persecución judicial de los fiscales y jueces anticorrupción, así como al retroceso democrático.
La llegada al poder de Arévalo representa una oportunidad clave para tener un interlocutor estratégico en la región. Por ello, es clave que, dentro de la estrategia “Causas Raíces” se reconozca la lucha contra la corrupción y la recuperación de las instituciones, como una de las bases para crear mejores condiciones socioeconómicas, y así evitar la migración forzada. Esto permitirá la identificación de objetivos comunes y la definición de acciones concretas entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala.
Para apoyar a Guatemala en la lucha contra la corrupción, será de vital importancia el apoyo técnico para acciones a corto plazo que otorguen al gobierno de Arévalo un mayor respaldo social. Estas acciones pasan por la prevención de sobornos, detección de contratos sobrevalorados, identificación de tráfico de influencias, transparencia en las contrataciones públicas y una limpieza de las “plazas fantasmas” en el poder ejecutivo.
Este apoyo técnico del gobierno estadounidense sienta las bases para la posibilidad de un apoyo político en la recuperación de las instituciones del sistema de justicia. Esto será a través de sanciones a actores claves y presión internacional para recuperar el sistema democrático guatemalteco. Estados Unidos ya ha apoyado a administraciones anteriores de la fiscalía general en la identificación de redes criminales a través de recursos técnicos, financieros y tecnológicos. Hoy estos recursos se utilizan para perseguir fiscales, jueces, sociedad civil, periodistas y políticos de oposición que han denunciado y judicializado actos de corrupción. Por tanto, es del interés regional recuperar la institución de la fiscalía general de Guatemala, y el sistema de justicia en general.
Conclusión
Estados Unidos tiene la oportunidad de colaborar con el próximo gobierno de Arévalo y tener un aliado estratégico clave en la región centroamericana. Además, es una ocasión de redención histórica, ante el vergonzoso papel que Estados Unidos jugó en el golpe de Estado de 1954 que terminó con la “primavera democrática” en Guatemala.
Para ello, Estados Unidos necesitará adoptar estrategias conciliatorias antes que impositivas. El apoyo de los Estados Unidos es clave para que Arévalo resista el embate de los actores no democráticos. La relación bilateral EE.UU.-Guatemala podría recibir un nuevo impulso cooperando en la lucha contra la corrupción, y sentar las bases para abordar otros temas y construir relaciones más armónicas que bajo las administraciones anteriores de ambos países.
Andrea Colombo es estudiante del Máster Erasmus Mundus en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Estocolmo y la Sorbonne Nouvelle Paris III. Ha trabajado en Inter-American Dialogue, Insight Crime y actualmente dirige la sección América Latina de Lo Spiegone, un periódico italiano en línea. Ha publicado artículos en Inter-American Dialogue, LAA-Advisor, LSE Blog, ISPI and Affari Internazionali. Twitter: @AColomboLAC
Carlos Muñoz es estudiante del Máster Erasmus Mundus en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Estocolmo y la Sorbonne Nouvelle Paris III. Ha trabajado en el Instituto Nacional Demócrata de Guatemala, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, y fue pasante en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Además fue asistente de investigación y profesor auxiliar en la Universidad Rafael Landívar.
