En las últimas semanas, tanto la decisión del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín de construir una torre de inclusión social como las declaraciones del diputado frenteamplista Gonzalo Winter criticando la llegada del metro a la popular comuna de La Pintana (por la presumible especulación inmobiliaria que eso generaría) pusieron en el debate el efecto de las políticas públicas sobre el valor de las propiedades. Ya que las políticas de inclusión debieran hacerse mejorando las condiciones de vida de los menos afortunados preferiblemente sin dañar las condiciones de vida de los que más tienen, parecería más razonable generar incentivos de mercado para que disminuya la brecha que hoy existe en favor de las personas que viven en el barrio alto. Porque ninguna iniciativa de construir edificios para sectores de bajos ingresos en el barrio alto solucionará los problemas en los sectores populares, tiene más sentido invertir mucho más en mejorar la calidad de vida en los sectores marginados. El objetivo de una sociedad desarrollada es que la gente pueda tener la misma calidad de vida que hoy existe en el barrio alto sin tener que cambiarse de comuna.
El debate sobre la segregación territorial que existe en Chile ha estado lleno de comparaciones injustas, aseveraciones falsas, declaraciones voluntaristas de buena intención e injustificados miedos de los que creen que se verán negativamente afectados. El mejor ejemplo de que, cuando se trata de políticas de integración territorial, la ideología a menudo remplaza los razonamientos razonables y bien fundados provino de las declaraciones del diputado frentamplista Gonzalo Winter, quien criticó la extensión del metro a La Pintana porque “de inmediato arranca especulación inmobiliaria y aumenta valor del suelo”. Como si el valor del suelo no fuera a beneficiar a la gente que es dueña de sus casas en La Pintana, Winter parece creer que el desarrollo inevitablemente produce desigualdad, por lo que parece preferir igualdad en la pobreza que desigualdad en la riqueza.
Pero las reacciones desmedidas también han venido desde la derecha. El exdiputado José Antonio Kast criticó la “torre de integración social” al calificarla como una estrategia de Lavín de posicionar sus aspiraciones políticas. Es cierto que vivir en esa torre será el equivalente de experimentar la lógica de inclusión simbólica que muestra la película Machuca—sobre el ingreso de niños de sectores populares en colegios de elite en la Unidad Popular (1970-73). Si bien la intención era loable, la integración social forzada desde arriba genera un rechazo en la gente que no quiere ser conejilla de indias en experimentos de integración social y tampoco ayuda mucho a los supuestos beneficiarios que terminan siendo víctima de estereotipos del resto de la sociedad.
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