El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe (i), saluda al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), antes de la ceremonia de apertura en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Isla Margarita, Venezuela, el 17 de septiembre de 2016. Fuente: Juan Barreto / AFP.
Venezuela y Zimbabue alguna vez estuvieron entre las economías más prósperas de sus regiones. Cuando Zimbabue obtuvo la independencia en 1980, se le llamaba el “granero de África.” Casi al mismo tiempo, los académicos describían a Venezuela como “un ejemplo de libro de progreso paso a paso” que ofrece “el único camino hacia un futuro democrático para las sociedades en desarrollo.” Sin embargo, cuando uno mira estos países hoy en día, es evidente otra historia. El ingreso per cápita de Venezuela comenzó a estancarse a mediados de la década de 1970 y entró en caída libre a principios de la década de 2010, contrayéndose en al menos un 71 por ciento. En el caso de Zimbabue, el colapso comenzó en la segunda mitad de la década de 1990 cuando sus ingresos se redujeron en al menos un 40 por ciento. Entonces, ¿cómo es que estas dos historias de éxito se convirtieron en ejemplos canónicos de colapso económico?
Mucho de lo que se ha escrito sobre las fortunas económicas de estos países se centra en las malas políticas: un auge petrolero desperdiciado y controles de cambio disfuncionales en Venezuela; una reforma agraria fallida y costosas aventuras militares en Zimbabue y élites cleptocráticas en ambos países. Si bien hay mucho de verdad en esto, está no es la historia completa. Tanto Nicolás Maduro como Robert Mugabe fueron hábiles para sobrevivir a todo tipo de tormentas políticas, por lo que no son exactamente incompetentes o tontos. Venezuela y Zimbabue son, más bien, ejemplos de un fenómeno peligroso: colapsos de crecimiento inducidos políticamente. Son episodios en los que los actores políticos adoptan estrategias que generan resultados económicos negativos severos para mantenerse en el poder. Cuando lo hacen, la lucha por el control puede convertir la economía en un campo de batalla político—con consecuencias dramáticas.
LA ECONOMÍA DE TIERRA ARRASADA DE MUGABE
En Zimbabue, gran parte de la disminución de la producción puede atribuirse al colapso de la productividad agrícola que siguió luego de las expropiaciones arbitrarias y violentas de tierras a gran escala llevadas a cabo como parte del programa de reforma agraria del país. A principios del 2000, las fuerzas gubernamentales y los grupos paramilitares comenzaron a tomar por la fuerza las tierras propiedad de los colonos blancos. Muchos de los agricultores reubicados carecían del capital necesario, tanto humano como financiero, para invertir en cultivos comerciales. Como consecuencia, la destrucción de la base agrícola afectó negativamente a la agroindustria, reduciendo las exportaciones y cargando a la industria bancaria con préstamos morosos.
Lo que a menudo se olvida es que Mugabe ya había estado aplicando políticas de reforma agraria dos décadas antes bajo un modelo voluntario en el que las transferencias de tierras se realizaban mediante ventas voluntarias. El sistema había funcionado bastante bien. No solo se logró redistribuir cuatro millones de hectáreas a unas 70 mil familias, sino que también el país experimentó un crecimiento económico positivo de casi el uno por ciento anual durante un período en el que África subsahariana en su conjunto se estaba contrayendo.
Entonces, no es que Mugabe no supiera hacer una reforma agraria compatible con la eficiencia económica. Lo que pasó es que decidió implementar una política confiscatoria más agresiva que terminaría destruyendo la productividad agrícola, solo por razones políticas. En febrero de 2000, los votantes de Zimbabue rechazaron sorprendentemente su propuesta de reforma constitucional que habría fortalecido los poderes presidenciales. Cuatro meses más tarde, los candidatos de la oposición casi obtuvieron el control del parlamento, tomando 57 de 119 escaños (anteriormente tenían cero). Estos eventos no tenían precedentes y el partido ZANU-PF de Mugabe comenzó a ver una clara probabilidad de perder el poder.
Tan solo un mes después de las elecciones parlamentarias, el gobierno anunció la revisión de las políticas agrarias y el lanzamiento de un programa de reforma agraria de “vía rápida.” Los beneficiarios de la reforma no fueron, en general, los pobres y los sin tierra, sino los llamados veteranos de guerra y activistas políticos progubernamentales. Los perdedores de las reformas fueron los grandes agricultores, que habían favorecido a la oposición. La incertidumbre en los derechos de propiedad permitió a Mugabe mantener a sus seguidores a raya, ya que el presidente y el partido podían quitarle la tierra en cualquier momento. A través de la reforma agraria de vía rápida, Mugabe mató dos pájaros de un tiro, debilitando a la oposición mientras fortalecía su control sobre el partido y el poder.
CÓMO EL CAOS ECONÓMICO AYUDÓ A MADURO
Al igual que en Zimbabue, Nicolás Maduro manipuló las fuerzas del mercado para obtener ganancias políticas en vísperas de una elección clave. Maduro había sido elegido presidente en una elección anticipada en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez. Su victoria por un pequeño margen, así como el hecho de que muchos votantes parecían haberlo apoyado más por lealtad al difunto líder socialista que por entusiasmo por su candidatura, significó el comienzo de una presidencia con un capital político limitado. Los grandes desequilibrios fiscales y económicos dejados por su predecesor llevaron a Maduro a tomar algunas decisiones políticas impopulares, incluida una gran devaluación del tipo de cambio y recortes considerables de las importaciones, lo que agotó aún más su capital político.
Menos de un año después de asumir la presidencia, las encuestas indicaban que su partido estaba a punto de perder una elección municipal clave, una elección que se consideraba su primera prueba política real. Necesitaba hacer algo dramático para evitar la derrota, y lo hizo. Exactamente un mes antes de las elecciones, Maduro acusó a los propietarios de Daka, uno de los minoristas de productos electrónicos más grandes del país, de especulación. A la mañana siguiente, se produjo un saqueo en una tienda de Daka. El gobierno procedió a ordenar la ocupación militar de tres grandes minoristas de productos electrónicos. Muchos venezolanos aplaudieron esta decisión y Maduro vio aumentar sus índices de aprobación, lo que permitió que su coalición alcanzara la victoria.
Las consecuencias económicas de las decisiones de Maduro fueron duras. Venezuela se hundió en recesión cuando los minoristas prefirieron cerrar sus tiendas antes que correr el riesgo de ser el próximo Daka. Maduro también comenzó a depender de la impresión de dinero para aumentar el gasto público antes de las elecciones, lo que generó beneficios políticos tangibles a corto plazo a costa de un caos monetario a largo plazo. El Dakazo es solo un ejemplo de las políticas adoptadas por Maduro que parecían tener poco sentido económico, pero que le permitieron reforzar su control sobre el poder. Un tipo de cambio oficial enormemente sobrevaluado, grandes subsidios al consumo interno de gasolina y un sistema de control de precios afectaron significativamente la economía. Sin embargo, al gobierno le permitió seguir transfiriendo rentas a sus aliados mientras afirmaba al mismo tiempo que en realidad estaba protegiendo a los consumidores de los estragos de los especuladores.
Sin embargo, no fue solo Maduro quien decidió adoptar políticas que generaron pérdidas de productividad agregada. Si bien las malas decisiones de políticas causaron una disminución prolongada y sostenida de la productividad económica que precedió al empeoramiento del conflicto político de mediados de la década de 2010, la disminución de más del noventa por ciento en los ingresos petroleros después de 2014 hizo que la economía cayera en picada. Investigaciones recientes, incluidos varios artículos de uno de los autores, muestran que las sanciones financieras y petroleras de EE. UU., a favor de las cuales la oposición hizo lobby, contribuyeron significativamente a la disminución de la producción de petróleo. Los líderes de la oposición estaban conscientes de que estos impactos podrían materializarse, pero decidieron que era un riesgo que valía la pena correr si significaba mayores posibilidades de sacar a Maduro del poder. Para ambas partes en el conflicto político del país, el bienestar de los venezolanos pasó a un segundo plano para ganar la lucha sin cuartel por el poder.
CUIDADO CON LO QUE PIDES
No es casualidad que estos dos países sean también las únicas dos hiperinflaciones que hemos visto en el siglo XXI. Tanto Mugabe como Maduro demostraron ser aptos para capear las tormentas políticas provocadas por sus políticas económicas y para permanecer en el poder mediante una combinación de otorgar incentivos selectivos a sus seguidores y llevar a cabo una represión dirigida contra los opositores.
Las economías de Venezuela y Zimbabue se convirtieron en campos de batalla políticos porque el costo de perder el poder era demasiado alto. En ambos casos, los altos costos relativos de perder el poder fueron consecuencia de la historia previa de la nación. En 1999, el líder venezolano Hugo Chávez había impulsado una reforma constitucional que convirtió a la presidencia en una institución todopoderosa. En 1980, Robert Mugabe llegó al poder tras una insurgencia armada contra un gobierno controlado por blancos. Como resultado, en contraste con la vecina Sudáfrica, que experimentó una transición negociada pacífica, hubo menos controles sobre la autoridad presidencial.
Los colapsos del crecimiento inducidos por conflictos políticos nos sirven de advertencia de lo que sucede cuando las sociedades pierden su capacidad para gestionar los conflictos. Entre los factores de riesgo clave para caer en un conflicto político económicamente destructivo se encuentran los altos niveles de polarización política y el desmantelamiento de las restricciones al poder ejecutivo. Vale la pena tener esto en cuenta cuando uno escucha llamados, incluso bien intencionados, para reducir el poder del poder judicial o eliminar los requisitos de mayoría calificada en las democracias. Una de las razones por las que las restricciones al poder de los funcionarios electos son vitales para las democracias es porque limitan el alcance del poder ejecutivo. Los gobiernos que adquieren más capacidad para manipular la economía con fines políticos pueden convertir la economía en un campo de batalla político. Entonces, si usted piensa que hacer que la presidencia sea más poderosa es bueno para la democracia, es posible que desee pensarlo de nuevo. Muchos zimbabuenses y venezolanos pensaron lo mismo.
Los hallazgos discutidos en este documento provienen de un documento de trabajo publicado recientemente por los autores de este artículo.
Patrick Imam es director adjunto del Instituto Conjunto de Viena y ex representante residente del Fondo Monetario Internacional en Zimbabue.
Francisco Rodríguez es Profesor de la Familia Rice de Práctica de Asuntos Públicos e Internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel de la Universidad de Denver.
