El pasado 19 de marzo de 2023, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició inesperadamente una campaña anticorrupción sin precedentes contra la deteriorada industria petrolera venezolana. Dicha acción provocó la renuncia del Ministro de Petróleo Tareck El Aissami, una figura chavista de alto calibre sancionada por Estados Unidos. También impulsó decenas de arrestos ejecutados por la poco conocida “Policía Nacional Contra la Corrupción”—incluyendo el arresto de Joselit Ramírez (jefe de la agencia reguladora de criptos de Venezuela), así como también el de un diputado chavista, un alcalde, varios jueces y oficiales militares subalternos. La operación se llevó a cabo tras descubrir que al menos tres mil millones de dólares habrían desaparecido de la empresa petrolera estatal, PDVSA, en ventas hechas mediante canales que evadían sanciones internacionales. Dado que el régimen venezolano ha sido clasificado como uno de los más corruptos del mundo en los últimos tiempos, incluso por encima de Corea del Norte y Yemen, estas acciones anticorrupción han dejado a observadores latinoamericanos sorprendidos.
Tras las detenciones, Maduro, en pos de aumentar su escasa credibilidad interna y legitimidad internacional, intensificó sus esfuerzos, afirmando en una reunión con los principales funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que este es solo el “primer golpe” contra la corrupción en su gobierno, asegurando su “absoluta decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias”. En una fuerte muestra de apoyo a Maduro, los arrestos también fueron respaldadas por otros aliados y posibles rivales internos, incluyendo al Primer Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, el jefe negociador, Jorge Rodríguez y el principal jefe militar de Venezuela, Vladimir Padrino López.
Desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, esta campaña podría considerarse el esfuerzo más significativo del régimen para “combatir” la corrupción entre los propios partidarios de su gobierno. Como tal, es posible que más funcionarios del régimen sean investigados. De hecho, hay motivos sólidos para creer que Maduro enfrentará la corrupción entre sus filas políticas con seriedad. En definitiva, el régimen venezolano no ha sido el único régimen autocrático en perseguir a funcionarios y antiguos camaradas por malversación, fraude e incompetencia. Lee Kuan Yew en Singapur, Khalifa al-Thani en Catar y Paul Kagame en Ruanda son reconocidos ejemplos de líderes no democráticos que redujeron de forma efectiva y exitosa la corrupción dentro de sus gobiernos. Al reducir la corrupción, estos regímenes autocráticos no solo lograron obtener mayor legitimidad y apoyo popular, sino que también consiguieron centralizar aún más poder y mejorar el desempeño económico. Teniendo en cuenta la variedad de problemas que existen actualmente en Venezuela, es posible que Maduro recurra a estas mismas prácticas autoritarias para hacer frente a la corrupción del régimen y mantener el poder político. Además de ser el presidente más repudiado de la región, Maduro se enfrenta a unas difíciles elecciones presidenciales en 2024, el salario mínimo más bajo de América Latina y un historial nefasto en la lucha contra la corrupción.
Además de motivaciones domesticas, el régimen de Maduro necesita enviar señales de liberalización política a espectadores internacionales, especialmente a Estados Unidos. Considerando las sanciones estadounidenses contra los responsables de la catástrofe económica y política venezolana, Maduro podría anotar puntos con Washington al dirigir las investigaciones anticorrupción contra funcionarios sancionados, como El Aissami, o arrestar a funcionarios procesados en cortes estadounidenses, como Joselit Ramírez. De hecho, John Kirby, Coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), afirmó que la administración Biden apoya las investigaciones de corrupción en Venezuela y “espera que las autoridades venezolanas” investiguen los esquemas de corrupción dentro del régimen “de manera muy responsable, transparente y creíble”. Esto es sumamente relevante en un contexto internacional mucho más favorable para Maduro, dada su decisión de regresar al proceso de negociación en México, así como la suavización de las sanciones estadounidenses en la comercialización del crudo venezolano y un enfoque diplomático más conciliador por parte de la administración Biden.
Si bien las experiencias de otras autocracias y condiciones políticas actuales sugerirían que Maduro está abordando la corrupción de buena fe, la realidad es que estos esfuerzos anticorrupción reflejan una táctica autoritaria para consolidar más poder, reorganizar las redes de corrupción y redistribuir sus beneficios dentro del régimen. Es ampliamente sabido que Maduro suele respaldarse en fachadas supuestamente democráticas que le sirven para purgar a rivales, expandir redes y oportunidades de corrupción y consolidar la disciplina partidista y gubernamental.
Por ejemplo, en 2021, Maduro anunció inesperadamente que el PSUV se sometería a elecciones primarias para elegir candidatos para las elecciones regionales de ese año—en lugar de utilizar el método tradicional de selección de candidatos a dedo. Eventualmente, las primarias sirvieron para recompensar a aliados cercanos y leales, y castigar a funcionarios no confiables e ineficientes. La participación del régimen de Maduro en negociaciones con la oposición también ha mostrado ser una táctica destinada a ganar tiempo y dividir a la oposición. En fin, si bien la campaña anticorrupción puede mostrarse alineada con prácticas de transparencia democrática, es muy probable que esta cruzada culmine con una dictadura más consolidada y cohesionada internamente.
Los recientes esfuerzos anticorrupción de Maduro reflejan un amplio pedigrí de prácticas de “buena gobernanza” que es improbable que suprima la principal fuente de ingresos del régimen: las extensas redes de corrupción. Desde que las sanciones de Estados Unidos afectaron a la industria petrolera venezolana en 2017, el régimen se ha sustentado de otras fuentes de ingresos, a menudo turbias o ilícitas. El contrabando de oro y el tráfico de drogas se han convertido en fuentes recurrentes de divisas desesperadamente necesarias para el gobierno. Asimismo, miembros del PSUV, funcionarios estatales, jueces y oficiales militares ahora dominan la economía venezolana, con el apoyo financiero y logístico del régimen, al establecer importantes y lucrativos negocios en el sector privado.
Las recientes investigaciones anticorrupción también pueden aparentar ser, erróneamente, una lucha entre facciones en un régimen internamente fracturado. Sin embargo, las investigaciones exclusivamente en PDVSA y la selectividad de algunos funcionarios sobre otros sugieren que se trata de una falsa campaña anticorrupción diseñada por Maduro—probablemente destinada a reorganizar los esquemas de corrupción estatales y mantener el apoyo de los principales grupos políticos y militares. El hecho de que se hayan arrestado individuos relativamente desconocidos, pero no al importante exministro del petróleo Tareck El Aissami—quien es poco probable que enfrente encarcelamiento—indica que esta cruzada ni es un intento serio de abordar la corrupción, ni demuestra que el régimen está débil y fracturado.
Entonces, para aquellos que anhelan que los recientes esfuerzos anticorrupción de Maduro y sus aliados conduzcan a una reducción de la corrupción, la aplicación de la justicia contra altos jerarcas del gobiernos y mejores condiciones económicas, la realidad arroja una imagen mucho menos optimista. El régimen venezolano sigue manteniéndose en el poder firmemente y sin desafiantes creíbles. Por lo tanto, Estados Unidos y otros socios internacionales harían bien en no caer en las tácticas de Maduro y llamar a su reciente intento de frenar la corrupción por lo que realmente es: otro intento dictatorial para consolidar el poder.
Leonardo Di Bonaventura Altuve es estudiante de posgrado en la Universidad de Oxford y futuro estudiante de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley. Di Bonaventura Altuve es oriundo de Guanare, Estado Portuguesa (Venezuela)
