Si bien el gobierno del Presidente Piñera hace lo correcto al expresar su molestia por la decisión de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas de concederle asilo político a Ricardo Palma Salamanca, el peso de la historia ayuda a entender por qué una institución de la República de Francia ha tomado tan desafortunada e impropia decisión. La forma en que se produjo la transición en Chile —con la presencia de Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército hasta marzo de 1998 y con su frustrada condición de senador vitalicio— alimentan la equivocada creencia que en Chile no ha habido justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.
La decisión de otorgarle asilo político a Palma Salamanca es injustificable. Palma Salamanca está condenado por asesinar a Jaime Guzmán, un senador democráticamente electo, en abril de 1991, más de un año después de que se terminó la dictadura. Su condena fue emitida en democracia por un tribunal legítimamente establecido y con evidencia concluyente en su contra. Palma Salamanca huyó de la cárcel de alta seguridad en 1996 y desde entonces ha estado prófugo de la justicia. Resulta incomprensible que haya personas que en Chile todavía pretendan alegar la inocencia de Palma Salamanca o relativicen su crimen aludiendo a la forma en que se produjo la transición, a la activa participación que tuvo Jaime Guzmán en la dictadura militar o a la insuficiente justicia que ha habido para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese periodo.
Primero, nada justifica el asesinato de un senador democráticamente electo. Si bien puede haber un argumento a favor de asesinatos contra altos personeros de una dictadura por parte de aquellos que luchan por recuperar la democracia —matar a un alto dirigente de la dictadura cubana hoy, por ejemplo, podría ser justificado a partir de un intento por generar una crisis que produzca la caída del régimen— no hay excusa posible para el de Jaime Guzmán. No es lo mismo intentar un asesinato político en dictadura que en democracia. Lo primero puede ser justificado bajo ciertas condiciones especiales y particulares —y muchos podremos creer que nunca se fundamentan ese tipo de acciones. Pero nadie en su sano juicio puede justificar el asesinato de un líder democráticamente electo en un país que vive en un sistema democrático (con problemas y tutelaje militar en 1991, pero democrático).
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