La compleja situación política por la que atraviesa Chile semanas antes del inicio del proceso constituyente comprensiblemente genera preocupación en muchas personas. Porque la pandemia ya genera una realidad económica compleja, la incertidumbre asociada a la redacción de una nueva constitución pondrá a prueba la credibilidad y el atractivo de Chile como país receptor de inversión extranjera y como líder regional en desarrollo económico e inclusión social. Ya que el proceso constituyente obligará a repensar nuestras instituciones y nuestro modelo de desarrollo, un criterio razonable que debiera primar entre las personas que sean electas para redactar el nuevo texto es que siempre es mejor repartir la torta que destruirla.
Aunque sigue pareciendo poco razonable y profundamente riesgoso ir por el camino de rediseñar las reglas del juego y de un sistema institucional que nos permitió ser el país que más creció, se desarrolló y redujo la pobreza y la desigualdad en América Latina en estas últimas tres décadas, la mayoría de los chilenos que se molestó en ir a votar en el plebiscito de octubre de 2020 optó por iniciar un proceso constituyente. Es así como en menos de 10 días, los chilenos que así lo deseen irán a votar para escoger a las 155 personas encargadas de redactar una nueva constitución en un plazo de 12 meses. Aunque no sabemos cuál será la composición de este grupo de personas, el hecho que haya un sentimiento prevalente en el país de rechazo a los partidos políticos ha llevado a muchos a creer que habrá un número sustantivo de independientes y personas sin trayectoria política en la convención. Por otro lado, el hecho que los partidos de derecha hayan sido capaces de formar una sola coalición debiera darle una ventaja respecto a la fragmentada centroizquierda. Si la coalición de derecha logra ser la primera mayoría relativa en casi todos los distritos, esa coalición logrará un porcentaje de escaños mayor al porcentaje de votos que reciba en las urnas.
Pero sea como fuere, las 155 personas que formen la convención constitucional no estarán obligadas a responder ni a órdenes de partido ni a las expectativas de aquellos que los eligieron. Aunque no sabemos qué independencia tendrán de las presiones populares, las funas en redes sociales o las marchas frente al lugar donde sesionará la convención, al menos en el papel esas personas serán libres para redactar cualquier texto que crean generará suficiente apoyo como para ser aprobado en el plebiscito de salida a realizarse en la segunda mitad de 2022 (si es que la convención logra terminar el texto en el plazo acordado). Por cierto, en ese plebiscito de salida, la participación será obligatoria (aunque, probablemente, eso será más un deseo que una realidad).
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