Foto: El embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 29 de agosto de 2022. Fuente: Twitter / @AABenedetti.
El colapso económico y la hiperinflación que experimentó Venezuela durante los años 2013-2019 provocaron la reducción de su PIB en un 70,1 por ciento. Estos factores obligaron, recientmente, al régimen de Maduro a flexibilizar—o al menos obviar parcialmente—el modelo político-ideológico del socialismo del siglo XXI.
Esta flexibilización se inició con la aceptación del uso de la divisa estadounidense como medio de pago, lo que favoreció la superación de la escasez y el desabastecimiento. Como consecuencia, se redujo la incertidumbre y se impulsaron algunas actividades productivas capaces de recuperar lenta y parcialmente la capacidad adquisitiva del ciudadano. Si bien estas actividades han sido de bajo encadenamiento productivo y de carácter principalmente comercial, permitieron evidenciar como la dinámica del mercado logró colarse por el boquete abierto del corsé ideológico impuesto por el régimen. Por ejemplo, leyes como la controversial Ley de Costos y Precios Justos de 2011—aún vigente—han caído en desuso por el momento. Es más, actualmente emergen planteamientos tales como el desarrollo de Zonas Económicas Especiales y, más recientemente, la esperanza de que la reanudación de relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela traigan mayor dinamismo a la economía.
En particular, esta última ha impulsado las expectativas de diversos sectores económicos tanto en Venezuela como en Colombia. Pero ¿son realistas estas expectativas? Y en caso de serlo, ¿hasta dónde es factible esperar que conlleve grandes beneficios para la población de ambos países? ¿se ajustan verdaderamente a la naturaleza de los actuales gobiernos de Caracas y Bogotá? En definitiva, ¿qué cabe esperar al respecto?
A pesar de las intenciones de Maduro de introducir medidas que favorezcan el crecimiento económico y eventualmente le permitan seguir aferrado al poder, para que exista una recuperación económica sostenida, Venezuela debe recuperar su democracia. Y en este sentido, es crucial no perder de vista que al nuevo presidente colombiano no parece incomodar en lo más mínimo el carácter autoritario de su homólogo venezolano. Es preciso tener presente que todo incremento de las relaciones comerciales estará sujeto a las arbitrariedades propias de un régimen como el venezolano, así como también a la complicidad de dos proyectos políticos que comparten su tensa relación con el empresariado y el libre comercio.
En este sentido, lo que muchos saludan como un acercamiento positivo entre ambos gobiernos luce más bien como un reacomodo pragmático que deja por fuera cualquier intento de recuperar el andamiaje institucional venezolano. Bajo estas circunstancias cabe preguntarse si el nuevo Gobierno colombiano seguirá o no abogando por la restauración democrática y republicana en Venezuela. ¿Qué hay de la promoción del Estado de derecho; de la defensa de las libertades civiles, políticas y económicas; y naturalmente, del respeto a los derechos humanos de la ciudadanía? ¿Este acercamiento diplomático y comercial va en detrimento del compromiso colombiano de promover el restablecimiento democrático en Venezuela?
La institucionalidad republicana y democrática es vital para la debida interacción de los actores en sociedad. Esta impide la imposición por la fuerza y favorece la libertad ciudadana. Sin embargo, esto no se menciona en ningún momento. De ahí la falta de credibilidad y la debilidad en la atracción de inversiones que marcan la tímida reactivación de la economía venezolana tras años de confiscaciones, falta de seguridad jurídica y acoso al sector privado. Una verdadera reactivación exige condiciones legales que le permitan a los actores privados defenderse de la arbitrariedad del Estado y sus actores asociados.
Por ende, hasta que no exista una restauración republicana y democrática, no habrá una reactivación económica que ponga a Venezuela de nuevo en el sendero del desarrollo y le permita a Colombia contar con un socio comercial dinámico. Un ejemplo de lo anterior es la serie de inconvenientes que se vienen presentando para retomar los vuelos entre Caracas y Bogotá, o las dificultades con los que se han topado los camiones de carga colombianos (conocidos como “tractomulas” en Colombia y como “gandolas” en Venezuela) al intentar introducir sus mercancías en Venezuela.
Hace unos días el sistema SiduneaWorld del SENIAT—agencia tributaria venezolana—no aceptaba los certificados de origen de los transportes colombianos, lo cual los habría exonerado de ciertos impuestos. Por su parte, la aerolínea Wingo, filial de Avianca para vuelos entre Colombia y Venezuela, tampoco ha podido empezar sus operaciones en la fecha pautada inicialmente (4 de octubre) porque faltaba una serie de trámites que las autoridades venezolanas no completaron. Se trata, a fin de cuentas, de algo que los venezolanos conocen bien desde hace ya muchos años: la ausencia de un verdadero Estado de derecho en Venezuela, ausencia que facilita toda clase de mecanismos extorsivos a las transacciones comerciales.
A pesar de lo anterior, Armando Benedetti, nuevo embajador de Colombia en Venezuela, rememora el intercambio de USD 5.000 millones que tuvo lugar entre ambos países en 2008 y afirma que ahora podría llegar a los USD 10.000 millones. Pero del lado venezolano se sabe que la situación es muy compleja. Por ejemplo, el sector industrial venezolano trabaja como puede en un entorno muy adverso, donde además de la ya mencionada ausencia de seguridad jurídica coinciden erráticas políticas industriales, la ausencia de servicios básicos confiables, la insuficiencia de crédito bancario y un entorno inflacionario que provoca apreciación cambiaria y resta competitividad a la producción nacional.
Naturalmente, los grupos más estrechamente vinculados al poder y principales entusiastas de la apertura de la frontera con Colombia nunca han requerido de una institucionalidad jurídica que los proteja. Todo lo contrario, gracias a las condiciones ventajosas y la información privilegiada con la que cuentan han podido eludir la competencia del mercado. Este crony-socialismo alardea y disfruta de posibilidades que están fuera del alcance del resto de los actores económicos. Y quedaría aún por comentarse los complejos problemas que encarnan las agendas políticas de los gobiernos de ambos países, que sin duda tendrán un impacto considerable en el comercio binacional.
Así las cosas, están por verse los impactos netos de esta apertura colombo-venezolana, la cual luce particularmente compleja y llena de riesgos.
Miguel A. Martínez Meucci es un politólogo venezolano. Tiene un doctorado en el Programa de Conflicto Político y Procesos de Pacificación de la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como profesor de Estudios Políticos en la Universidad Austral de Chile.
Sary Levy-Carciente es una economista venezolana con experiencia en el campo de la macroeconomía financiera. Tiene un doctorado en Estudios del Desarrollo, un máster en Economía Internacional y una especialización profesional en Ciencias Administrativas. Actualmente se desempeña como presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela.
