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La “Economía Azul” es un nuevo marco de desarrollo para la economía de los océanos, que busca equilibrar tres objetivos: el desarrollo económico de los sectores marítimos, la equidad social y la sostenibilidad del medio ambiente. Para que un programa pueda enmarcarse en este innovador marco de desarrollo, las actividades de la Economía Azul deben ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental, equitativas desde el punto de vista social y viables desde el punto de vista económico. Un aspecto crucial es que la Economía Azul difiere del Crecimiento Azul: mientras que este último trata de maximizar el crecimiento económico, el primero se centra en la sostenibilidad. La Economía Azul incorpora sectores económicos específicos capaces de equilibrar los objetivos ya señalados, siendo los más relevantes y consolidados la pesca, el turismo y el transporte marítimo, mientras que los más relevantes y emergentes son las energías marinas renovables en alta mar, la acuicultura, las actividades extractivas y la biotecnología. Por el contrario, algunos autores han sugerido que las industrias extractivas de recursos no renovables, al no ser sustentables, no pueden formar parte de la definición de Economía Azul.
La importancia económica, social y ambiental de la Economía Azul
La región de América Latina y el Caribe tiene más de veinte mil kilómetros de costa y la necesidad de desarrollar y promover actividades sostenibles en sus océanos es crítica, ya que sus océanos están sometidos a una gran demanda, la pesca ha alcanzado niveles insostenibles y la deforestación de los manglares es de tres a cinco veces mayor que la de los bosques terrestres. La Economía Azul podría desempeñar un papel más relevante en la región mediante una acción coordinada para proteger el medio ambiente marino y costero y a las comunidades que dependen de él. Sólo el turismo y otros importantes sectores que dependen de los océanos pueden representar más del 20% del PIB de la región. La Economía Azul ampliada representa notables oportunidades económicas y comerciales. Por ejemplo, la recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas podría aumentar la producción mundial anual en 16,5 millones de toneladas, lo que sería equivalente a unos ingresos anuales de entre 53.000 y 83.000 millones de dólares. Los países de América Latina podrían llevarse buena parte de esta producción, ya que son exportadores netos de pescado. La Economía Azul también es relevante por sus beneficios para la humanidad. Según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, por sus siglas en inglés), el océano podría proporcionar de forma sostenible alimentos suficientes para alimentar a toda la población mundial en estado de vulnerabilidad alimentaria. Además, desempeña un rol fundamental para aliviar la demanda de recursos terrestres y favorecer la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.
La Economía Azul en la región
América Latina está empezando a adoptar la Economía Azul. Recientemente, un estudio clasificó los territorios de América Latina y el Caribe según la aplicación de estrategias de fomento de la Economía Azul por parte de los respectivos países. Encontró que a pesar de que el concepto está siendo incluido en el discurso de al menos el 80 por ciento del territorio, sólo el 23 por ciento está vinculado a estrategias regionales de Economía Azul, mientras que las estrategias o proyectos nacionales cubren sólo el 16 por ciento del mismo. Sobre las estrategias regionales, el estudio mapeó dos esfuerzos: la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los Países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), liderada por la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), que incluye ocho países centroamericanos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; y el Marco Regulatorio de la Economía Azul Sostenible, que vincula a los países miembros del Parlamento Andino: Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. En cuanto a las Estrategias Nacionales, el estudio mapeó de los esfuerzos de Bonaire, Colombia y Trinidad y Tobago, que cuentan con planes y programas propios, junto con Montserrat, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, con planes elaborados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antigua y Barbuda, basados en el marco del Commonwealth, y Granada, con un plan de referencia mundial asistido por el Banco Mundial. El estudio muestra la diversidad de enfoques de la Economía Azul en la región, pero subraya la necesidad de vincular el discurso sobre políticas a la estrategia.
Otro estudio relevante apunta a los esfuerzos de organizaciones internacionales y bancos multilaterales para apoyar proyectos de Economía Azul en la región. Encontró que, aunque, entre 2012 y 2020, los donantes internacionales aportaron 13.300 millones de dólares a la región -representados en 434 proyectos azules-, concentraron los recursos en algunos sectores y países. Por ejemplo, Brasil fue el mayor receptor en número de proyectos (81), seguido de Colombia (62), Perú (55) y Panamá (54). Brasil también tuvo la mayor inversión dedicada a sus proyectos. Asimismo, el estudio constató que los recursos fueron orientados preferentemente hacia proyectos de desarrollo del estado costero (5.000 millones de dólares), seguidos de proyectos energéticos (3.200 millones), gestión y conservación de recursos medioambientales (2.500 millones), agricultura (600 millones), turismo (500 millones) y pesca y acuicultura (170 millones).
Estos estudios muestran que los programas que promueven la Economía Azul en América Latina se enfocan en objetivos diversos, que abarcan desde el desarrollo económico, la sostenibilidad y hasta el desarrollo social. Mientras países como Brasil, Chile y Perú priorizan sus esfuerzos de Economía Azul en el desarrollo costero y la conservación del medio ambiente; países como Colombia, Nicaragua y Honduras lo hacen en la explotación económica del océano. Sólo países como Ecuador y Costa Rica se orientan en mayor medida hacia la sostenibilidad del océano, la pesca y la acuicultura. Sin embargo, el turismo se prioriza en todos los documentos regionales y nacionales como un sector clave a desarrollar.
Los desafíos de la Economía Azul en la región:
La aplicación de un enfoque holístico de Economía Azul en la región se enfrenta a numerosos desafíos, entre los que cabe destacar los siguientes:
La adopción del concepto de Economía Azul en todas sus dimensiones. La confusión entre Economía Azul y Crecimiento Azul puede generar una desviación en los objetivos regionales y específicos de cada país. Por ejemplo, el enfoque en el desarrollo económico ha marginalizado a sectores como la pesca artesanal de la planificación e inversión a gran escala. Del mismo modo, el enfoque en la industria turística a gran escala ha puesto en riesgo la sostenibilidad y la equidad social. El turismo puede generar tensiones entre la comunidad local y los turistas, así como brechas socioeconómicas derivadas de la reubicación forzosa por el aumento de los ingresos en los lugares turísticos.
La cristalización de los objetivos en planes concretos y financiados. Los países de América Latina y el Caribe aún deben adoptar estrategias regionales o desarrollar proyectos nacionales para casi el 60% de su territorio con el fin de fomentar la Economía Azul. También es necesario destinar más recursos de los presupuestos nacionales de los países de América Latina y recursos de la cooperación internacional, para responder a las necesidades de implementación de la Economía Azul en la región.
Frágil implementación de los marcos legales para la gobernanza costera y oceánica. Esta debilidad genera fenómenos como la sobreexplotación de especies, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad al cambio climático. Por ejemplo, en Panamá, el uso sostenible de los recursos marinos es posible pero no se aplica debido a la falta de herramientas de gestión que el gobierno tiene asignadas. Esto permite que grupos ilegales exploten los recursos, perjudicando al ecosistema de la región y a los pescadores artesanales. Además, en Costa Rica y Colombia la gobernanza costera y oceánica es débil debido a la escasa coordinación entre los organismos gubernamentales y a problemas políticos como la corrupción y la priorización de los beneficios económicos.
El enfrentamiento entre los derechos de las comunidades y la industria tradicional. Los intereses de los actores convencionales de las grandes industrias estratégicas limitan la incorporación de los intereses de los grupos minoritarios a las estrategias de la Economía Azul. Por lo tanto, los grupos de pequeños y medianos pescadores y las mujeres suelen quedar excluidos, o sus intereses minimizados, en el diseño de planes y programas. Por ejemplo, en Brasil es difícil que los pescadores artesanales tengan poder e influencia sobre la pesca industrial y las infraestructuras, ya que hay menos oportunidades de participación pública y supervisión en la gobernanza de los océanos. Situaciones similares se han dado en Colombia, Panamá, Costa Rica y otros países.
Conclusiones
La incorporación de la Economía Azul en América Latina aún necesita trabajo. Aunque hay evidencias de avances en el desarrollo de planes y programas regionales y nacionales, éstos sólo cubren el 39 por ciento del territorio de la región. A su vez, los marcos de gobernanza vigentes son frágiles y en ocasiones se apartan del concepto. La adopción del concepto de Economía Azul en la región requiere un enfoque holístico y global que equilibre los beneficios económicos con los posibles impactos sobre el medio marino y las comunidades locales. El desarrollo de este enfoque requiere mejores marcos de gobernanza, medidas eficaces de seguimiento y gestión, y la construcción conjunta con todas las partes interesadas, incluidas las comunidades locales, para garantizar la inclusión y el beneficio de todas las partes.
Camilo Ayala es un exdiplomático colombiano que ocupó cargos en Ecuador y EE.UU. Durante varios años lideró el equipo de abogados de la Oficina Comercial de Colombia en Washington, D.C. También fue Jefe de Gabinete y encargado de asuntos en la Embajada de Colombia en Ecuador. Es abogado internacional (LL.M.) especializado en asuntos económicos, y tiene una maestría en estudios internacionales en American University, Washington, D.C. Camilo tiene más de 20 años de experiencia, asesorando a gobiernos, bancos, asociaciones, exportadores e inversionistas en diversos asuntos de derecho corporativo, empresarial, comercio e inversión, y finanzas. Ha dirigido con éxito programas de internacionalización, proyectos, asuntos gubernamentales y negociaciones. En la actualidad, Camilo dirige su propia empresa de consultoría en comercio internacional (www.millanandayala.com), centrada en el comercio entre ALC y EE.UU.
