Cuando faltan dos años para las primarias presidenciales de 2021, hay varios candidatos que ya están abiertamente haciendo campaña. Como la ley chilena no reconoce que éstas se inician con tanta antelación, las actividades, eventos, viajes y gastos personales de los pre-candidatos están en una nebulosa que atenta contra la rendición de cuentas y que invita al financiamiento irregular. Porque es innegable que hay varios legisladores, alcaldes, excandidatos presidenciales que quieren repetirse el plato y figuras públicas intentando levantar candidaturas, es momento de transparentar esas intenciones y transparentar también los gastos en que están incurriendo.
En años recientes, los chilenos han puesto más atención a cuestiones de las que históricamente nadie hablaba, al menos en público. Si bien las campañas, desde que hay elecciones, han requerido de financiamiento, en Chile la opinión pública ha demandado saber cuánto se gasta y quién paga por las campañas solo desde hace algunos años. La clase política ha reaccionado de forma insuficiente y tardía, promulgando leyes que han forzado a mayor transparencia y han establecido límites al gasto electoral.
Pero la ley actualmente en vigencia solo regula el financiamiento durante el periodo oficial de campaña. La llamada pre-campaña —que en realidad es la campaña electoral antes de que ésta comience oficialmente— todavía ocurre en una sospechosa nebulosa, con falta de transparencia y rendición de cuentas. Es momento de que eso también se legisle y regularice.
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