Ahora que las encuestas muestran al candidato de la Nueva Mayoría cada vez más complicado, el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha decidido tirar toda la carne del discurso populista de la coalición a la parrilla para obstaculizar lo que parece ser cada vez más el inevitable camino del retorno de Sebastián Piñera hacia la Presidencia de la República. Al anunciar el cierre de Punta Peuco y enviar el proyecto de ley de reforma a las pensiones, el Gobierno busca polarizar al electorado y retrotraerlo a la división entre buenos y malos: democracia versus autoritarismo. Como sabe que Alejandro Guillier probablemente no va a poder ganar por mérito propio, La Moneda quiere ayudar a generar las condiciones que hagan más vulnerable a Piñera.
Desde el plebiscito de 1988, la Concertación/Nueva Mayoría ha recurrido a la división autoritarismo-democracia cada vez que corre riesgos de perder una elección. Por eso, el Gobierno ha anunciado que ordenará el cierre del penal de Punta Peuco, donde cumplen sentencia decenas de violadores a los derechos humanos. Porque la derecha carga con la culpa de haber apoyado la dictadura militar, la izquierda usa esa bala de plata como recurso de última instancia para intentar aferrarse al poder. Lamentablemente para la izquierda, el efecto de esa herramienta es cada menos útil. Porque el principal punto de referencia para los chilenos sobre lo que implica tener un gobierno de ese sector es el recuerdo del cuatrienio de Piñera —y no los años de la dictadura—, resulta improbable que esa bala de plata sea suficiente para evitar la victoria del empresario en las elecciones de fin de año.
Por eso, el Gobierno también ha anunciado el envío de un proyecto de ley que busca reformar el sistema de pensiones. Aunque resulta especialmente sospechoso que quiera iniciar una reforma así de monumental cuando quedan sólo 100 días para las elecciones presidenciales y legislativas, la Presidenta decidió dinamitar el debate público sobre qué tipo de reforma se requiere para el sistema de pensiones. Como es evidente que las posturas se polaricen y porque los tiempos legislativos hacen imposible que se pueda pensar en concluir el trámite de la reforma en los seis meses que restan de período legislativo, la decisión de enviar el proyecto de ley responde exclusivamente a fines electorales.
Al anunciar una reforma que altera las bases del sistema de pensiones, introduciendo un componente de reparto —curiosamente llamado “ahorro colectivo”—, el Gobierno ha optado por usar la necesaria reforma a las pensiones como un misil cuyo único objetivo es dañar la candidatura de Sebastián Piñera. Es verdad que los chilenos quieren una reforma al sistema de pensiones. Pero también es cierto que resulta especialmente irresponsable que un Gobierno que va de salida y cuyo desempeño en las reformas que ya implementó es especialmente decepcionante, inicie una reforma así de importante a sabiendas de que hay cero chance de que se pueda tramitar adecuadamente.
Para leer más, visite El Libero.
