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Una vez más, el conflicto venezolano pareciera estar “estancado”. Ciertamente un cambio político inmediato no parece estar sobre la mesa. Desde 2019, la oposición, con un amplio apoyo de actores internacionales, intentó una nueva estrategia política con el fin de producir una transición, hasta ahora sin éxito. Por su parte, el gobierno, pese a presiones importantes, ha logrado consolidar un régimen autoritario que, aunque volátil, mantiene el poder. Bajo la facilitación del Reino de Noruega se ha propuesto retomar las negociaciones entre élites del gobierno y sectores de la oposición tradicional. Al parecer este espacio representaría, en teoría, una nueva ventana de oportunidad para establecer nuevas reglas del juego político. Pero ¿para quiénes y con qué fin? Este artículo, propone una aproximación distinta a la negociación y a un eventual proceso de democratización: una que entiende el proceso de cambio con una perspectiva feminista y transversal de género.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos no han cesado, tal y como indica el último informe de la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas. Estas violaciones junto a la emergencia humanitaria, agravada por el COVID-19, ha tenido un impacto diferenciado en mujeres y niñas. El autoritarismo además ha exacerbado patrones de dependencia, exclusión, sexismo y misoginia. Son las mujeres las que hacen largas filas para conseguir alimentos, incluso las últimas en comer; ellas son también las que están a cargo de los cuidados de sus familiares. Son las abuelas y madres las que evitan gastar recursos en alimentación, educación y salud propia, incluyendo artículos de higiene personal, para distribuirlos entre sus hijos e hijas. Además, son las mujeres y las niñas cis atraviesan la falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos, incluida la pobreza menstrual.
Lo que sucede en Venezuela es lo que se reconoce como la “feminización de la pobreza”, un fenómeno donde las mujeres son las más pobres. Asimismo, las violencias contra las mujeres van en aumento. De acuerdo a datos del Centro para la Paz y la Justicia (CEPAZ), en 2021 hubo al menos 290 feminicidios y de enero a septiembre de 2022 se calculan hubo 199 feminicidios. La trata y tráfico con fines de explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres también incrementó en los últimos años. Las mujeres activistas, políticas, trabajadoras en el área de comunicación son víctimas de violencia, persecución y criminalización. Esta situación requiere un plan de acción urgente que debe estar sobre la mesa antes y después de una transición, así como también de una respuesta programática-ideológica por parte de la alternativa democrática en Venezuela.
El futuro democrático en Venezuela debe ser feminista
¿Qué entendemos por feminismo? Es importante destacar que, los feminismos son corrientes teóricas variadas y diferentes; “el feminismo”, así como el patriarcado, también evoluciona y cambia. Sin embargo, el objetivo final siempre es el mismo; la búsqueda de la igualdad, la no discriminación y sobre todas las cosas arrancar las raíces del patriarcado. El feminismo es interseccional y plantea que funcionamos en sociedades con sistemas de opresión y privilegios que no dependen únicamente del género, sino también de la clase social, etnia, orientación sexual, entre otras, tal y como lo define Patricia Hill Collins. Esta corriente teórica práctica, que ha sido cooptada por el partido de gobierno, debe ser abrazada por la alternativa democrática. Tanto desde una perspectiva de formas, como de fondo. Los feminismos dan respuestas a una oposición heteronormativa que, hasta ahora, ha sido liderada por hombres capitalinos y mayormente privilegiados, y cuyos objetivos no han sido alcanzados.
Ahora bien, para que una nueva democracia pueda ser sostenible en el tiempo debe ser feminista. Estudios comparados muestran que la inclusión de las mujeres en los procesos de resolución de conflicto y paz afectan positivamente las probabilidades de ser duraderos. Las sociedades que han atendido sus desigualdades estructurales suelen ser las más democráticas, pacíficas y las que cuentan con posibilidades de mayor crecimiento económico. En consecuencia, ésta debería ser la exigencia inmediata de la población venezolana a sus élites políticas.
Esto es imperativo si el objetivo final es lograr un cambio transformador en la sociedad. Por tanto, los acuerdos políticos deben plantear como eje central la igualdad de género. Es más, toda política pública, apoyo humanitario, esfuerzos de inversión y/o reformas de Estado debe contar con una perspectiva feminista transversal cuyo objetivo sea fortalecer a la sociedad. Todo enfoque debería estar dirigido a atender viejas y nuevas estructuras de poder que han excluido a las mujeres y otros grupos. En este sentido, existen una serie de medidas para una transición democrática y feminista que deberían ser tomadas en cuenta.
Una transición democrática y feminista
En materia económica, los mecanismos de inclusión e igualdad deberían formar parte del eje central de las discusiones pre y post-transición. Según Naciones Unidas, “en América Latina y el Caribe, las mujeres dedican más del triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres y en cuanto al trabajo remunerado, de las más de 14,8 millones de personas que son trabajadoras domésticas, el 91,1 por ciento son mujeres”. La solución a esta problemática debe incluir reformas que prevean contrataciones y salarios en condición de igualdad. Esto a su vez implicaría medidas concretas para la no discriminación de quienes tienen responsabilidades familiares. El Estado venezolano ha firmado convenios en materia de igualdad de oportunidades (ILO) que no han sido garantizadas durante las últimas décadas. Una nueva economía sólo podría contribuir a la construcción de una nueva democracia si atiende las necesidades diversas de la sociedad.
En el plano institucional, es importante pensar las bases para una democracia más representativa y sostenible. Más allá de construir consensos en torno a edificar instituciones contra-mayoritarias, por ejemplo, a través de la descentralización y el fortalecimiento de mecanismos de accountability verticales y horizontales, los partidos deberían comprometerse con la introducción de elementos que favorezcan una representación y participación plural de la sociedad. Para esto, tal y como grupos de la sociedad civil han demandado, hay que incorporar mujeres en las mesas de negociación, lo cual es un paso positivo para la construcción de una democracia paritaria y feminista. Sino que además sugerimos se deben incorporar acciones afirmativas. Estas son medidas positivas para equilibrar y lograr la representación de mujeres en espacios históricamente dominados por hombres, las cuales se ajustan a tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y su Recomendación General 25.
En el caso de la representación política, el gobierno chavista ha tomado ciertas medidas para facilitar mayor participación de las mujeres, con su más reciente reglamento especial promulgado en el 2021 para las elecciones municipales y regionales. Esta medida no es suficiente y debería ser ampliada a todos los cargos públicos, ministerios, delegaciones diplomáticas. Con esto no serían “cambios cosméticos”, sino una transformación real del espacio público hacia uno feminista donde la igualdad sea la norma.
Por último, un nuevo enfoque sobre la relación Estado-sociedad debería ser construida con perspectiva de género y comparada. Hay casos en la región y en Europa que nos demuestran la relevancia de políticas de género innovadoras y su impacto en la calidad de las democracias. Esto demanda una amplia capacitación en materia de derechos humanos y género de todas las personas que ejercen cargos públicos. Aplaudimos las formaciones y capacitaciones que se llevan a cabo para posicionar a mujeres en puestos de liderazgo, sin embargo, hay que ser cautelosos con aquellos que replican estereotipos sobre la insuficiencia de la mujer como líder lo que requiere formación y trabajo gratuito constante. Estos se deberían dar a través de cursos cortos obligatorios para el ejercicio de la función pública. Los insumos para un programa de capacitación de esta dimensión así como futuras referencias en materia de políticas públicas, deberían proceder de una estrecha cooperación institucional entre universidades y Estado. En otras palabras, la profesionalización de toda política pública en materia de igualdad de género es clave para lograr una democracia sostenible.
Además, es esencial el diseño y promoción de políticas públicas en contra de la violencia machista. Estas campañas no solo deberían centrarse en la mujer, sino en quienes son, en la mayoría de los casos, los perpetradores de las violencias, mediante mensajes que hablen de masculinidades no violentas y positivas. Por supuesto que estas campañas y medidas deberían contar con los recursos necesarios para sostenerse en el tiempo, y proveer de partidas presupuestarias para el mismo, puesto que de lo contrario, sería nuevamente reforzar los trabajos no remunerados. Asimismo, las universidades, movimientos sociales, gremios profesionales, ONGs locales son fundamentales para esta construcción. De la misma forma, la diáspora venezolana, con más de 7 millones de personas venezolanas en el extranjero, puede jugar un papel fundamental en este proceso debido a que sus experiencias comparadas podrían servir para transferir conocimientos de los países receptores a Venezuela.
Estos planteamientos servirían para construir una Venezuela feminista y democrática, las cuales por supuesto, deberán ser expandidas a otros sectores históricamente discriminados. Para nosotras, los feminismos pueden representar una oportunidad para el trabajo común entre élites políticas con un interés compartido de producir cambios sostenibles en Venezuela. Después de décadas de confrontación y violencia, violaciones a los derechos humanos y el socavamiento de espacios democráticos, la bandera de la igualdad e inclusión, haciendo uso del feminismo interseccional, debería ser abrazada por la alternativa democrática. Hacerlo le ofrecería una oportunidad histórica de mostrar su compromiso con debates e ideas modernas que además han comprobado ser exitosas para el progreso y la durabilidad de las democracias.
Maryhen Jiménez es Marie Skłodowska-Curie Fellow en la Universidad de Oxford. Obtuvo su PhD en Ciencia Política y MPhil en Estudios Latinoamericanos de la Universidad en la Universidad de Oxford, es politóloga por la Universidad Goethe Frankfurt. Su campo de investigación se centra en autoritarismo comparado, democratización, movimientos de oposición y partidos políticos.
María Corina Muskus Toro es abogada feminista y actualmente estudiante de Doctorado en Osgoode Hall Law School York University, donde estudia alternativas no carcelarias para mujeres que han experimentado violencias en Venezuela. Cuenta con un LLM en Osgoode Hall Law School y otra maestría con especialidad en género y derechos humanos de American University Washington College of Law.
Este artículo sólo refleja las opiniones de las autoras.
