El pasado jueves 20 de octubre, el chavismo terminó de concretar una decisión que había tomado hace tiempo. Cayó la última condición que lo ubicaba como un autoritarismo electoral, una definición contemporánea que hace referencia al avasallamiento de gran parte de las instituciones democráticas, pero manteniendo la celebración de elecciones periódicas. Ahora Venezuela no es más que un autoritarismo a secas, ya que la decisión del chavismo ha sido dejar en el limbo la celebración de elecciones, que—por cierto—perdería ampliamente según todas las encuestas. Con esa decisión, cierra la puerta a una transición política democrática en el corto plazo.
Cinco tribunales regionales, de carácter penal (sin competencia sobre el ámbito electoral), anunciaron al unísono lo que ya era esperado por millones de venezolanos: el régimen de Nicolás Maduro le cerró el paso al referendo revocatorio, en un momento en que tres de cada cuatro venezolanos votaría por recortar su mandato para que deje la presidencia este año, según la firma Datanálisis.
Dinamitar el puente que le brindaba una salida democrática del poder, como lo era el referendo revocatorio y dejarlo en el limbo, sin fecha de realización ni en 2016 ni en 2017, no es una decisión aislada. Dos días antes de las acciones judiciales, cuyas sentencias no difundieron los jueces sino los gobernadores chavistas de los cinco estados (provincias), ya el Consejo Nacional Electoral había diferido—sin explicación alguna—las elecciones regionales para el año próximo, pese a que constitucionalmente correspondían a este diciembre de 2016.
Venezuela, como lo ha descrito un inusual comunicado público de la Compañía de Jesús difundido a inicios de octubre, es una “olla de presión con todas las válvulas tapadas.” Y con la última decisión, el chavismo no deja abierta ninguna puerta para la transición.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en respuesta a las decisiones judiciales y del CNE de no celebrar el referendo revocatorio, denunció un golpe de Estado. Los opositores han dicho que harán presión interna, con protestas en las calles, y presión internacional—principalmente ante la Organización de Estados Americanos (OEA)—para “restituir la constitución.”
Visto en retrospectiva, durante todo 2016 se sumaron en Venezuela diversas señales de que el chavismo terminaría saltándose el marco constitucional que—paradójicamente—hizo aprobar Hugo Chávez en 1999.
El poder ejecutivo, con Maduro a la cabeza, se ha apoyado en los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que designó sin cumplir con las credenciales que establece la constitución para esa tarea. También encontró Maduro una alianza clave en las cuatro rectoras del poder electoral, quienes han aplastado al rector independiente para imponer la agenda del gobierno y postergar las elecciones de gobernadores.
El TSJ ha dictado más de dos docenas de sentencias, entre enero y julio de este año, para dejar sin efecto las decisiones de la Asamblea Nacional, que está dominada ampliamente por la oposición desde que la MUD venciera en las urnas al chavismo el 6 de diciembre de 2015. Al asfixiar a la Asamblea Nacional, el chavismo sencillamente está desconociendo la voluntad popular.
La última decisión tomada por el TSJ, que echó a un lado la letra constitucional, le dio potestad a Maduro para saltarse la presentación y discusión del presupuesto de la nación en el seno del Parlamento. Éste es quizás uno de los hechos más graves en la larga lista de acciones desinstitucionalizantes llevadas a cabo por el chavismo en Venezuela.
La supresión de la ruta electoral se oficializó este 20 de octubre, pero se trata de un asunto que ya el chavismo venía develando ante la opinión pública. El 4 de octubre, en su programa de televisión “En contacto con Maduro,” el presidente venezolano abiertamente dijo que no se celebrarían elecciones ni el referéndum ni en este año 2016 ni en el año 2017, ya que la prioridad del país es hacer frente a la crisis económica.
También parece Maduro prepararse para esta nueva etapa en el plano discursivo. Por ejemplo, ya ha comenzado a decir que su gobierno en Venezuela es una “dicta-pueblo,” en lugar de dictadura, en clara referencia a las acusaciones que ha hecho la oposición y al carácter que ahora toma su régimen.
¿Qué pasará en Venezuela ahora? No hay una respuesta cierta. El país camina sobre la incertidumbre. Lo que sí parece claro es que por ahora no se celebrarán elecciones, y ello implica un cambio sustantivo en la naturaleza del régimen autoritario de Maduro. El que no nos sorprenda no le resta gravedad.
