En ocasión del 15° aniversario de la aprobación de la Carta Democrática Inter-Americana (CDIAM) de la OEA, en Lima el 11 de septiembre de 2001, su reciente “activación” en el caso de la erosionada democracia venezolana amerita una revisión con miras a su re-activación. La Carta es un compromiso de los 34 Estados miembros de la OEA, asumido libremente, con el ejercicio, la promoción y defensa, individual y colectiva, de la democracia representativa.
En la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 23 de junio pasado, una mayoría (20) de sus miembros aprobó escuchar el devastador informe sobre la erosionada democracia venezolana de su Secretario General, Luis Almagro, quien convocó la reunión, invocando el artículo 20 de la CDIAM. El régimen chavista y sus menguantes aliados (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y algunos países del Caribe) no lograron impedir la presentación de dicho informe. La reunión terminó sin discusión del mismo, sin declaración o resolución alguna del cuerpo y sin fijarse fecha para continuar el tratamiento del tema. Para algunos, especialmente la oposición venezolana, la mera realización de la reunión en el marco de la Carta significó que su aplicación se había activado; para otros, ello no quedó tan claro.
El proceso de aplicación de la Carta quedó así en suspenso. Se pasó implícitamente a una suerte de cuarto intermedio para permitir la reflexión de los Estados miembros sobre el informe del Secretario General, y esperar los avances del diálogo entre el gobierno y la oposición, facilitado por los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. El diálogo, auspiciado originalmente por UNASUR, había obtenido un amplio apoyo en una reunión previa del Consejo Permanente.
Pero el diálogo no ha mostrado resultado alguno; parece más bien ilusorio y un engaño. El gobierno expresa su adhesión al mismo, pero radicaliza su intimidación, persecución y encarcelamiento de líderes de la oposición y del Asamblea Nacional; lo usa como cortina de humo para ocultar, en vano, la alteración del orden constitucional, la polarización y persecución política, la violación de derechos y libertades fundamentales y la calamitosa situación humanitaria en el país, así como para encubrir su obstaculización de la convocatoria del Referéndum Revocatorio, para evitar que se efectúe este año. El régimen anticipa una barrida electoral de Maduro; lo que significa su colapso, el fin de la impunidad, el probable enjuiciamiento y encarcelamiento de dirigentes involucrados en corrupción y narcotráfico. Además, para distraer y justificar su creciente represión, Maduro alega la existencia de una conspiración internacional para derrocarlo.
El aparente fracaso del diálogo debería motivar la re-activación del proceso de aplicación de la Carta Democrática. Ello requeriría la realización urgente de otra reunión del Consejo Permanente para recibir un actualizado informe del Secretario General y otro sobre el estado del diálogo, y en base a ello efectuar una “apreciación colectiva de la situación” venezolana, ahora empeorada, así como “adoptar las decisiones que [se] estime conveniente.” Presumiendo la existencia de una mayoría que permita su convocatoria ¿Qué decisiones podrían adoptar los Estados para “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en Venezuela? (Art. 20).
Primero, una de ellas sería fortalecer el supuesto diálogo en curso, cuyo objetivo sine qua non debería ser acordar la realización del Referéndum este año, liberar los presos políticos y permitir la asistencia humanitaria -tal como han reiterado el Secretario General de la OEA y los quince países más importantes de la organización. El diálogo se podría fortalecer con la observación y/o facilitación adicional de representantes de Estados miembros.
Segundo, alternativa o adicionalmente, los Estados miembros podrían decidir conformar una misión diplomática de buenos oficios tendiente a lograr “la normalización de la institucionalidad democrática”; o sea, lograr que el gobierno chavista termine con las arbitrariedades y persecuciones políticas, con la violación a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de derecho, y con la obstrucción al proceso convocatorio del Referéndum para este año –la única salida democrática de la crisis.
Tercero, si lo anterior resulta infructuoso para restaurar el orden democrático, el Consejo Permanente podría decidir convocar una Asamblea General extraordinaria para evaluar posibles sanciones diplomáticas, financieras, comerciales y, eventualmente, con el voto de “los dos tercios de los Estados miembros” (Art.21), suspender al gobierno venezolano de la organización, como ha ocurrido en otras ocasiones con gobiernos transgresores de los compromisos con la democracia. Dado que la crisis política y humanitaria ha empeorado dramáticamente desde la presentación del informe del Secretario General Almagro, urge re-activar el proceso de aplicación de la Carta Democrática en el caso de la malversada democracia venezolana.
Este artículo fue originalmente publicado en el Diario Clarín el día 16 de septiembre de 2016.
Rubén M. Perina es Profesor Adjunto de Estudios Latinoamericanos y Hemisféricos en la Elliot School of International Affairs, George Washington University.
