Foto: Manifestación de la comunidad LGBTI fuera del Palacio de justicia en Trinidad y Tobago. Fuente: Andrea de Silva/Reuters.
A finales del 2022, activistas LGBTI en Barbados lograron una victoria contundente: la Suprema Corte de Barbados sentenció que la criminalización de la intimidad consensuada entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Al igual que otras ex-colonias británicas, Barbados heredó códigos penales con proscripciones contra la “sodomía” y otros actos vagamente definidos que se usan directamente contra personas LGBTI. La Ley de Ofensas Sexuales de Barbados de 1992 impuso sanciones incluso de cadena perpetua en caso de condena. Aunque que muchas de estas leyes en papel se implementan de forma selectiva, no dejan de ser señales peligrosas y estigmatizantes de desaprobación que pueden llevar a la violencia y discriminación contra las personas LGBTI.
La decisión de la Corte de Barbados parece reflejar un cambio muy marcado en la región que por mucho tiempo destacó, en comparación con otros países del hemisferio occidental, por su intransigencia contra los derechos LGBTI. En 2022, otros dos países del Caribe Oriental, Antigua y Barbuda, y San Cristóbal y Nieves, derogaron disposiciones legales que penalizaban conductas homosexuales. Anteriormente, otras dos demandas en países caribeños también lograron su despenalización: una resolución de 2016 de la Suprema Corte de Belice y un juicio de 2018 en Trinidad y Tobago.
No obstante, hoy en día también hay señales de que estas tendencias positivas se están revirtiendo. A lo largo de las Américas, grupos religiosos conservadores y movimientos populistas de derecha están desplegando retóricas y políticas anti-LGBTI para asegurar ganancias electorales, mientras que la violencia contra las personas LGBTI en la región está en su punto más álgido de la historia. Por lo apremiante de esta realidad, estos avances recientes en el Caribe llegaron en un momento de inflexión crítico en el hemisferio, donde el retroceso democrático y la creciente reacción violenta contra los derechos LGBTI amenazan con poner en peligro los logros alcanzados con tanto esfuerzo.
Las tres décadas anteriores trajeron consigo una expansión sin precedentes de los derechos LGBTI en las Américas. A finales de la década de 1990, la mayoría de los países de la región habían despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo (con excepciones notables como Estados Unidos, que no las despenalizó hasta 2003). A medida que los países de América Latina salían de décadas de regímenes autoritarios, las reformas constitucionales de muchas de sus jurisdicciones incorporaron directamente las normas internacionales de derechos humanos a sus legislaciones nacionales. Países como Argentina y Colombia crearon nuevos mecanismos legales que permitían a los ciudadanos impugnar fácilmente las leyes que violaban la Constitución. Aunque las experiencias de cada país varían, los grupos de activistas LGBTI aprovecharon ampliamente este discurso cada vez más extendido sobre los derechos humanos y los nuevos procedimientos constitucionales para impugnar leyes y políticas que discriminaban por motivos de orientación sexual e identidad de género.
En particular, las organizaciones de activistas se han centrado en los cambios en las leyes contra la discriminación, incluido el servicio militar, los derechos familiares y el reconocimiento legal del género. En 2016, 15 países de América Latina contaban con protecciones jurídicas robustas contra la discriminación por motivos de orientación sexual, y 13 de ellos permitían a gays y lesbianas servir abiertamente en el ejército. En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Brasil (2013), Uruguay (2013) y Colombia (2016) le siguieron sucesivamente. Argentina también ha sido líder en la codificación de protecciones para las personas transgénero. En 2012, Argentina aprobó una ley que permite a las personas cambiar su nombre y género en documentos de identidad sin necesidad de demostrar alguna intervención médica. Asimismo, una ley de 2021 estableció una cuota que reservaba el 1% de los puestos de trabajo del sector público a las personas transgénero.
Los avances en materia de derechos LGBTI en América Latina se han visto favorecidos por un activismo estratégico y coordinado a nivel regional. Este activismo culminó en 2017 con un dictamen histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que afirmaba que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la plena protección del matrimonio civil en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las sentencias judiciales que legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo en Ecuador (2019) y Costa Rica (2020) citan explícitamente el dictamen de la Corte Interamericana, y tanto Chile como Cuba aprobaron el matrimonio igualitario el año pasado. El mismo dictamen de la Corte IDH, que es vinculante para todos los Estados parte de la Corte, también sostuvo que los países están obligados a proporcionar un procedimiento administrativo simplificado para que las personas cambien su nombre y marcador de género en documentos de identidad legales sin necesidad de demostrar alguna intervención médica.
Sin embargo, los avances jurídicos han recibido una reacción negativa considerable, y en países de todo el continente americano ahora se observa una creciente resistencia a los derechos de las personas LGBTI. Liderados por un creciente grupo de personas evangélicas y pentecostales, los grupos opositores a los derechos LGBTI se están movilizando para bloquear nuevos avances y crear alianzas estratégicas con partidos políticos conservadores que buscan ampliar su base electoral. En Colombia, por ejemplo, las fuerzas conservadoras se movilizaron en 2016 para detener un intento de la entonces ministra de Educación (abiertamente lesbiana) de promulgar un nuevo plan de estudios que incluyera la diversidad sexual y de género. Ese mismo año, en México, los opositores lograron derrotar una propuesta ejecutiva del entonces presidente Peña Nieto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.
Más recientemente, la retórica y las políticas homofóbicas y transfóbicas están encontrando un terreno fértil en el ascenso de líderes populistas autoritarios. En Brasil, los grupos evangélicos fueron decisivos en la elección de Jair Bolsonaro, quien proclamó públicamente que “sería incapaz de amar a un hijo gay” y se comprometió a “combatir la ideología de género”, un concepto vago que los grupos de activistas y las figuras políticas de derecha utilizaron como arma para oponerse a los derechos de las mujeres, los derechos de las personas trans, y el matrimonio igualitario, entre otros temas. Del mismo modo, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump llegó al cargo gracias a la fuerza de los grupos evangélicos que apoyaron su oposición pública a los derechos de las personas transgénero, incluido el acceso a atención que es vital para su salud.
Es cierto que los cambios legales no han traído necesariamente una transformación social en la aceptación de las personas LGBTI. El Índice de Aceptación Global LGBTI utiliza datos de opinión pública de 175 países para dar una puntuación a los países de 0 a 10 en su apoyo a las personas LGBTI, con puntuaciones más altas que indican una mayor aceptación. En comparación con países con un alto nivel de aceptación, como Noruega (9,38), España (8,77) y Canadá (9,02), los países latinoamericanos con marcos jurídicos robustos sobre los derechos de las personas LGBTI, como Argentina (7,07), Colombia (6,1) y México (6,5), siguen siendo donde menos aceptan a estas personas. Además, la violencia contra las personas LGBTI en la región persiste con altos índices. Según datos reportados por organizaciones de la sociedad civil, más de 1.075 personas LGBTI fueron asesinadas sólo en Colombia entre 2014 y 2021, más de 647 en México y casi 100 en Perú. Otra investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que la esperanza de vida de las mujeres transgénero en la región es de entre 30 y 35 años.
En este contexto, las victorias legales en el Caribe ofrecen un rayo de esperanza de que el arco moral de los derechos LGBTI siga inclinándose hacia la justicia en las Américas. Aunque seis países del Caribe siguen criminalizando las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, cada vez son más los casos atípicos en la región. Además, los grupos de activistas siguen participando en actividades estratégicas de promoción a escala nacional e internacional que aumentan la presión sobre los países para que promulguen cambios. Una sentencia de diciembre de 2020 de la CIDH instó a Jamaica a derogar sus leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, señalando por primera vez que tales prohibiciones violan el derecho internacional de los derechos humanos. Como se ha puesto de manifiesto en toda la región, cualquier avance legal debe ir acompañado de una movilización social que incorpore normas de aceptación e inclusión en la sociedad para garantizar un cambio más duradero.
Ari Shaw es investigador y Director de Programas Internacionales en el Instituto Williams, especializado en derechos humanos internacionales, políticas LGBTI y política exterior de EE.UU. Anteriormente formó parte del equipo en Columbia World Projects y ha trabajado en temas de derechos humanos, gobernanza global y LGBTI para las Fundaciones Open Society, la Fundación Gill, el Consejo de Relaciones Exteriores y la Asociación de Naciones Unidas de EE.UU, entre otros.
