Admisión Justa: Un discurso poco creíble

El segundo gobierno de Piñera ha vuelto a repetir un error clave de su primera administración. La composición de los altos cargos de gobierno refleja las conexiones familiares y el origen de elite de sus miembros —el club de Cachagua— mucho más que el discurso de mérito y esfuerzo al que ahora apela para defender su propuesta de reforma educacional.

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En teoría, el proyecto de ley de Admisión Justa en la educación básica y secundaria en Chile debiera ser una estrategia ganadora para el gobierno. Un gobierno de derecha que promueve la competencia entre los proveedores y premia la meritocracia y el esfuerzo de los estudiantes y sus familias es consecuente con sus ideas y cumple sus promesas de campaña. Pero cuando el gobierno practica el amiguismo, el pituto y el elitismo en la forma en que selecciona a sus cargos de confianza, difícilmente podrá convencer a un electorado que ya desconfía de las elites que la reforma educacional que quiere implementar ayudará a construir una cancha más pareja para todos.

En la campaña de 2017, Sebastián Piñera tuvo duras palabras —justificadas, por cierto— contra las prácticas de nepotismo y amiguismo de los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría y, en particular, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Correctamente aprovechó la sensación de malestar que existía en la población al ver que muchos cargos de confianza en el aparato estatal eran tratados como botines de guerra a distribuir entre familiares y amigos, no como puestos que debían ser concursados en procesos que privilegiaran la meritocracia, independientemente de las relaciones de amistad, parentesco o afinidad política de los aspirantes.

En campaña, Piñera también prometió ajustes a la reforma educacional de Bachelet. Habiendo prometido terminar con el lucro, la selección y el copago en la educación, la entonces Mandataria buscó dar iguales oportunidades a todos los alumnos —independientemente de los recursos de sus padres o de sus atributos intelectuales (los que muchas veces responden a la educación o recursos familiares). Alegando que no se podía discriminar con recursos públicos, quiso dejar fuera el mérito y el esfuerzo individual y familiar del ámbito educacional porque, después de todo, los niños no son responsables ni de los ingresos ni del esfuerzo de sus padres. Además, como reconocidamente resulta difícil evaluar el mérito a temprana edad, Bachelet buscó exiliar las palabras mérito y esfuerzo del debate escolar.

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