Si aplicáramos la misma lógica que han usado las autoridades para defender la reforma que establecerá el control de identidad preventivo, deberíamos pedirle a los parlamentarios que se sometan a una revisión preventiva de sus cuentas bancarias por parte de la fiscalía. Después de todo, es más probable que un parlamentario haya cometido un delito al recibir financiamiento irregular para la política a que un ciudadano que aleatoriamente sea abordado por Carabineros tenga cuestiones pendientes con la justicia.
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