Cuando fue anunciado en noviembre de 2019, el plebiscito de entrada para el proceso constituyente fue celebrado como un paso significativo para el fortalecimiento de la democracia, el fin de los enclaves autoritarios y el comienzo de lo que presumiblemente sería un nuevo contrato social más justo y legítimo para el país. Hoy, a casi siete meses de firmado el Acuerdo para la Paz Social y una Nueva Constitución, se ha convertido en una piedra en el zapato para la clase política y para el proceso democrático. Pero aunque ahora muchos lo vean como un «cacho» y no pocos propongan simplemente olvidarse del asunto y proceder directamente a redactar una nueva constitución —por medio de una convención electa o del Congreso que será electo en noviembre de 2021—, la credibilidad de las instituciones democráticas chilenas quedará profundamente herida si no se respeta el acuerdo que estableció un calendario institucional para que los chilenos decidan si quieren iniciar un proceso constituyente. Las reglas se hacen para cumplirse. No se puede pretender construir una nueva constitución que busque ser la más legitima en la historia del país cambiando continuamente las reglas del juego.
Como todo estallido social requiere de un chivo expiatorio para poder comenzar a construir una salida al conflicto, en noviembre de 2019 el gobierno del Presidente Piñera y los partidos de la coalición derechista Chile Vamos optaron por aceptar la propuesta de los partidos de izquierda que apuntaban a la Constitución de 1980 como el mejor símbolo para quemar en la plaza mayor y así demostrar que todos podían finalmente expiar sus pecados. Es fácil entender el por qué. Impuesta en dictadura, la Constitución de 1980 tiene un origen ilegítimo y fue inicialmente diseñada para evitar que Chile pudiera tener una democracia plena. Pero el gran mérito de la transición a la democracia en nuestro país fue precisamente que pudimos, con dificultad, construir una democracia que funciona bien. A tres décadas del fin de la dictadura, Chile vive en democracia y aunque algunos burdamente busquen asociar al Presidente Piñera con la memoria del dictador, la comunidad internacional nos reconoce como una de las democracias más exitosas de América Latina en los últimos treinta años. Por cierto, la Constitución de 1980 ha sido modificada repetidas veces. Aunque muchos prefieran mantener el viejo discurso, es falso sostener que persisten enclaves autoritarios. Sin duda que hay temas contenciosos en ella. Pero eso ocurre en todas las constituciones de las democracias del mundo.
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