La muerte de Camilo Catrillanca amenaza con descarrilar los esfuerzos por construir una paz duradera y un desarrollo sustentable en la Araucanía. Por eso, abandonar ahora la voluntad por restablecer el estado de derecho y el normal funcionamiento de una sociedad democrática en la zona será más costoso para todos, especialmente para los residentes de esa región. Aunque sea tentador para la oposición agudizar las contradicciones y escalar la confrontación verbal respecto a las responsabilidades —aún por determinar— de la muerte del comunero mapuche, este no es el momento para intentar poner a la defensiva al gobierno y forzarlo a abandonar el Plan Araucanía.
Nadie puede negar que hay muchas cosas que no funcionan bien en la Araucanía.Todos los sectores involucrados tienen legítimas demandas y justificados reclamos respecto a cómo se ha manejado el conflicto hasta ahora. Hay muertos y heridos en todos los grupos que legítimamente sienten que ese es su hogar. Desde el retorno de la democracia, los esfuerzos de los sucesivos gobiernos han sido insuficientes o equivocados —dependiendo de las posiciones que tienen las distintas partes involucradas.
Pese a los esfuerzos de todos los gobiernos por reducir las tensiones y encontrar una vía que permita ‘normalizar’ la vida en la zona —esto es, hacer que esa región vea los niveles de violencia reducidos a lo que se observa en el resto del país—, la evidencia acumulada muestra que, mientras el resto de Chile vive un innegable periodo de paz y progreso social, en la Araucanía hay demasiada incertidumbre, demasiada violencia, y demasiadas balas.
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