El triste espectáculo que está dando el Ministerio Público producto de las acusaciones cruzadas entre el fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias y el fiscal de alta complejidad de la misma región Sergio Moya subrayan la urgencia de una reforma a la fiscalía. Porque en ninguna democracia las instituciones funcionan sin adecuada fiscalización, se debe diseñar un mecanismo que permita la existencia de un órgano externo de fiscalización a los fiscales.
Desde que gradualmente se comenzara a implementar la reforma procesal penal en dos regiones de Chile el año 2000, el Ministerio Público ha ido adquiriendo la importancia y poder que se esperaba tuviera cuando se promulgó la reforma constitucional de 1997. Comenzando con Guillermo Piedrabuena (1999-2007), tres fiscales nacionales han marcado la evolución del Ministerio Público. Después que Piedrabuena liderada la gradual implementación del nuevo sistema en todo el país —la Región Metropolitana fue la última en incorporarse en 2005—, Sabas Chahuán (2007-2015) debió emprender un proceso de consolidación. Desafortunadamente, en sus últimos meses Chahuán debió enfrentar el estallido de los escándalos de financiamiento irregular de la política y el escándalo de posible tráfico de influencias que involucraba al hijo y nuera de la entonces presidenta Michelle Bachelet.
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