La polémica que ha generado la decisión del alcalde UDI de Las Condes, Joaquín Lavín, de explorar la creación de una “inmobiliaria popular” en su comuna para que el Estado provea soluciones habitacionales a las personas de menos ingresos —ya sea vendiéndoles casas a precios subsidiados o arrendando casas que construya el propio gobierno comunal— demuestra la confusión ideológica que parece reinar en parte de la derecha chilena.
Si bien es cierto que lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones, la evidencia demuestra que el Estado es mucho mejor regulador que empresario. Más aun, precisamente porque un gobierno municipal va a tener incentivos para no cobrar arriendo a esos votantes que son beneficiarios de sus programas sociales —y así convertirlos en clientela electoral cautiva—, la idea de una inmobiliaria popular de propiedad de un municipio es, lisa y llanamente, mala.
Desde que se vino abajo el Muro de Berlín, las diferencias ideológicas entre la izquierda y la derecha han tendido a desaparecer. El hecho de que el modelo capitalista se impusiera al modelo de una economía centrada en el Estado llevó a la izquierda a abrazar elementos del modelo capitalista para articular propuestas socialdemócratas. A su vez, cuando la amenaza del ogro filantrópico —palabras de Octavio Paz— se desvaneció, la derecha comenzó a aceptar un rol regulador más potente del Estado y una participación más activa del sector público para ayudar a los que menos tienen y reducir los altos niveles de desigualdad que produce el sistema capitalista.
Pero la noción marxista de que, a través de la propiedad de los medios de producción, el Estado puede distribuir mejor la riqueza no ha sido abandonada del todo por la izquierda, especialmente aquella nostálgica que, además, cree que el capitalismo es sinónimo de violaciones a los derechos humanos. Esa idealización de lo que puede hacer el Estado ha llevado a que, en vez de buscar mecanismos que introduzcan mayor competencia en la provisión de servicios o de diseñar regulaciones que permitan el igual acceso a los servicios a las personas independientemente de su capacidad de compra, algunos idealistas de izquierda creen que basta con estatizar la provisión de servicios para garantizar la igualdad o la calidad de esos servicios.
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