La situación de la independencia judicial en Argentina

La situación de la independencia judicial en Argentina se ha deteriorado paulatina pero sostenidamente desde el año 2006 en adelante. Para discutir en profundidad esta problemática, dos ONG argentinas, Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles, solicitaron una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se celebró el viernes 23 de octubre pasado. Sin embargo, la noticia central no fue la temática analizada sino la actitud del estado argentino.

Author

[SpanishArticle]La situación de la independencia judicial en Argentina se ha deteriorado paulatina pero sostenidamente desde el año 2006 en adelante. En los últimos nueve años, el gobierno ha impulsado diversas medidas que tuvieron un serio impacto en el funcionamiento del sistema de justicia en general, y en la labor de los jueces en particular. La reforma del Consejo de la Magistratura en 2006 fue el puntapié de un proceso cuyo objetivo central era incrementar la influencia de la política sobre la justicia, para así minimizar la rendición de cuentas y el control de los actos de gobierno. La persistencia de los embates contra la justicia llevó a niveles inusitados de tensión entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así ocurrió en 2013 cuando la Presidente Cristina Fernández de Kirchner impulsó un paquete de leyes en el marco de una iniciativa erróneamente denominada como “democratización de la justicia”.

Para discutir en profundidad esta problemática, dos ONG argentinas, Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles, solicitaron una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se celebró el viernes 23 de octubre pasado. En dicha reunión se abordaron los temas más sensibles que afectan a la independencia judicial en Argentina, como ser la parálisis del Consejo de la Magistratura, las presiones al juez de la Corte Suprema Carlos Fayt para que renuncie (cosa que finalmente hizo), la proliferación de vacantes, y la preocupante expansión del número de jueces transitorios “subrogantes” que hoy llegan al 20% del total de magistrados.

Sin embargo, la noticia central no fue la temática analizada sino la actitud del estado argentino, que a último minuto no solo desistió de participar en la audiencia sino que además presionó a la CIDH para que la reunión no se llevara a cabo. Ante semejante solicitud, la CIDH tomó una decisión correcta y sabia. Primero, decidió por unanimidad que la audiencia se lleve a cabo. Segundo, transparentó la situación al contar públicamente que había recibido una carta firmada por el Canciller Héctor Timerman solicitando la cancelación de la misma. Rápidamente la noticia tuvo una amplia repercusión en los medios argentinos, convirtiéndose en un gran escándalo político a tan solo dos días de las elecciones presidenciales de las cuales depende la continuidad del kirchnerismo. Para enmendar su error, Timerman recurrió a una herramienta infantil: inventó una conspiración. Así, en una conferencia de prensa junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, anunció la existencia de una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín.

Asimismo, Timerman acusó a las ONGs que participaron de la audiencia de cometer un delito al introducir un debate político durante la veda electoral que regía ese día dada la inminencia de las elecciones presidenciales, y criticó duramente a la CIDH por supuestamente haber interferido en un debate político interno de la Argentina. Por último, junto al Ministro Alak, anunciaron que los directivos de las ONGs serían denunciados ante la justicia federal para que se determine si su conducta ante la CIDH había constituido un delito a la ley electoral.

Quizá el detalle más sensible de esta desopilante historia radica en el hecho de que el Canciller Timerman utilizó la emisora de televisión pública para atacar con nombre y apellido a los solicitantes de la audiencia, entre quienes se encuentra el autor de este artículo. Más allá de ser una acusación ridícula y sin fundamentos, usar el aparato del estado para amedrentar a organizaciones de la sociedad civil y a defensores de derechos humanos no solo es una práctica abiertamente antidemocrática, sino que, emula algunas de las desafortunadas experiencias totalitarias que ha visto nuestra región. Se puede disentir, se puede pensar distinto, pero atacar desde el gobierno a líderes sociales por tener una visión distinta respecto a las falencias de nuestro sistema político constituye, entre otras cosas, una flagrante violación a la libertad de expresión.

Cuando se trata de los desafíos de las democracias latinoamericanas, siempre he sostenido que Argentina no puede ser comparada con Venezuela, que ese es un contraste injusto. Pero el proceder del Canciller Timerman, al igual que la falta de críticas a su conducta por parte del resto del gobierno y de las organizaciones sociales y políticas afines al kirchnerismo, me hicieron recordar un poco a Venezuela y a las prácticas de Chávez y Maduro contra los líderes de la oposición. Por suerte, el resultado de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre reflejó el amplio descontento social respecto a un estilo de gobierno confrontativo e intolerante. El 22 de noviembre los argentinos tendremos la oportunidad de reforzar nuestro reclamo por un cambio, y por regresar a los cánones normales de convivencia política que caracterizan a una democracia moderna y respetuosa de las libertades individuales.[/SpanishArticle]

[EnglishArticle]Judicial independence in Argentina has been deteriorating, slowly but surely, since 2006.  In the past nine years, the government has implemented a series of measures and laws that have undermined the judicial system in general and the work of judges in particular.

The reform of the Judicial Council in 2006 was the kick-off of the government’s plan to politicize the judicial system, minimize government accountability and limit judicial control over government actions.  The administration’s attacks against the judicial system came to a head recently when the Supreme Court expressed its opposition to a package of laws that, in 2013, President Cristina Fernandez de Kirchner had pushed through the Congress—laws that she misleadingly named the “democratization of justice.”

To express their concerns over the past nine years, two Argentine NGOs, Citizen Power and the Association for Civil Rights, traveled to Washington DC on October 23rd to discuss the threats to judicial independence in Argentina with the Inter-American Commission for Human Rights (IACHR). At what is called—in IACHR parlance—a thematic audience, the NGOs and the commissioners discussed the paralysis of the Judicial Council (which is supposed to appoint justices but hasn’t been able to because of internal divisions), the pressure on Supreme Court judge Carlos Fayt to resign (which he eventually did), the growing number of unfilled judge positions, and the worrying expansion of the number of temporary judges, or “surrogates,” that now has reached 20 percent.

However, the main news ended up not being the substantive, thematic issues of the meeting, but the attitude of the Argentine government, which, at the last minute, withdrew its participation and pressured the Inter-American Commission to not hold the meeting.

Faced with the government’s demand to cancel the audience, the Commission made the right decision.  First, it decided unanimously to hold the meeting anyway.  Second, it made the situation public and transparent, by releasing the letter it had received from Foreign Minister Héctor Timerman requesting the cancellation.  The news spread rapidly in Argentine media, turning into a great political scandal just two days before the first round of presidential elections, which, in part, were a referendum on the legacy of “kirchnerismo.”  Attempting to fix the story, Timerman made things worse with a childish—though predictable—mistake: he invented a conspiracy.  In a press conference, the Minister of Justice and Human Rights, Julio Alak, alleged that there was a political-media operation to interfere in the Argentine electoral process orchestrated by sectors associated with the opposition and the Clarin Group (a media conglomerate often at odds with the Fernandez government).

Timerman also accused the NGOs that participated in the October 23 meeting of committing a crime by engaging in a political debate in the midst of a ban on political campaigning. (During the 48 hours leading up to the elections, Argentina prohibits candidates from engaging in electioneering.  The meeting took place on the Friday two days before the presidential election.)  He also criticized the IACHR for interfering in Argentine politics by agreeing to the meeting. Finally, together with Minister Alak, Timerman announced that the directors of the NGOs would be reported to the federal courts to determine if their conduct before the IACHR was a violation of Argentina’s electoral law.

Perhaps the most alarming detail of what would otherwise be a ridiculous story is that Minister Timerman used public television to attack by name, first and last, the NGO leaders who had requested the meeting, including the author of this article.  Beyond being a baseless accusation, using the state apparatus to intimidate civil society and human rights organizations is not only an openly undemocratic practice, it echoes some of the totalitarian practices we’re unfortunately seeing more and more in our region.

One can disagree, one can think differently, but a government attack on civil society leaders because they have a different view on the shortcomings of our judicial system is, among other things, a flagrant violation of the freedom of expression.

When it comes to the challenges of Latin American democracies, I have always maintained that Argentina is not comparable to Venezuela; it’s an unjust comparison.  But Minister Timerman’s conduct, as well as the lack of criticism of his conduct by the rest of the government, social organizations and politicians affiliated with kirchnerismo, reminded me a bit of Venezuela and the practices of Presidents Chávez and Maduro against the leaders of Venezuelan opposition and civil society.  Fortunately, the results of the presidential elections two days following our meeting reflected the broad social dissatisfaction with a confrontational and intolerant style of government.  On the 22nd of November we Argentines will have the opportunity to strengthen our claims for a change and for a return to the normal standards of coexisting politics that characterize a modern democracy and respect for individual freedoms.[/EnglishArticle]

More Commentary

Scroll to Top