Los países del Mercosur, entre ellos Venezuela, han suscripto cláusulas democráticas en cinco diferentes organismos regionales: el propio Mercosur en 1998, la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2001, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en 2010, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2011.
Sin embargo, frente a la alteración del orden constitucional y la institucionalidad democrática, acompañada de una represión estatal que ya cobró más de 50 vidas, la situación de Venezuela se abordó únicamente en la OEA debido al liderazgo de su Secretario General, Luis Almagro. En efecto, el ex Canciller del Uruguay invocó el 31 de mayo de 2016 la Carta Democrática Interamericana, convocando al Consejo Permanente para analizar la situación de Venezuela y publicando un contundente informe.
Posteriormente, Almagro publicó nuevos informes, comunicados y mensajes en video. El pasado 26 de abril y ante la pérdida de apoyos en el principal organismo hemisférico, la Canciller venezolana anunció el abandono de su país de la OEA.
Por su parte, en el Mercosur, Venezuela fue suspendida el 2 de diciembre pasado por decisión de los estados miembros fundadores del bloque debido al incumplimiento “de las obligaciones asumidas por la República Bolivariana de Venezuela en el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR”.
En un comunicado publicado por la Cancillería argentina se destacaba que Venezuela contó con cuatro años para incorporar la normativa vigente del MERCOSUR y que se le otorgó un plazo adicional para honrar sus obligaciones, que finalizó el 1 de diciembre de 2016 y que la medida adoptada regirá hasta que los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción convengan con ese país las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado Parte.
Es decir, no se le aplicó a Venezuela el “Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la Republica de Bolivia y la República de Chile”, suscripto el 24 de julio de 1998.
Ahora queda por ver cuál será el papel de la Argentina a cargo de la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR, teniendo en cuenta el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela. El gobierno de Mauricio Macri puede impulsar la activación del “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia“, adoptado el 26 de noviembre de 2010, o apelar a los buenos oficios del ex presidente de Ecuador Rafael Correa y al actual presidente de Bolivia, Evo Morales, para que intercedan ante el Presidente Nicolás Maduro en favor de una salida democrática.
La cláusula de la UNASUR es la que contiene la sanción más dura, pues en su artículo 4 inciso b que establece, entre otras medidas destinadas a restablecer el proceso político institucional democrático, el “cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros”.
En el caso de la OEI y la CELAC, la no activación de sus respectivas cláusulas democráticas frente a la continua erosión del estado de derecho y las libertades democráticas en Venezuela se debe a que las mismas carecen de credibilidad, pues la adopción de ambas tuvo al régimen de partido único de Cuba como signatario.
Efectivamente, ningún país latinoamericano formuló en su momento objeción alguna respecto a Cuba, al adoptarse tanto la “Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en Iberoamérica”, el 4 de diciembre de 2010, como la “Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”, el 3 de diciembre de 2011, esta última irónicamente fue suscripta en Caracas.
En definitiva, si el respeto a las libertades civiles y los derechos políticos estuviera efectivamente vinculado a las cláusulas adoptadas en los organismos intergubernamentales regionales, entonces América Latina sería la zona más democrática del mundo.
En todo caso, la lección que deja para los gobiernos verdaderamente comprometidos con la defensa de la institucionalidad democrática, es que frente a la inacción de varios organismos regionales frente a la situación en Venezuela y la continua complacencia con Cuba, es conveniente entonces concentrar su presencia, recursos y participación en aquellos que tienen mayor credibilidad y eficacia.
