El 17 de marzo de 2016 la señora Carmen se despertó en la unidad de tratamiento intensivo del Hospital Madre Teresa. Luego de una delicada cirugía y aún bajo el efecto de la anestesia, hizo una pregunta que causó gracia a quienes la acompañaban – o Lula já foi preso?
Minutos antes, el médico cirujano indagó si el color de la camisa de uno de sus hijos era en señal de luto por el nombramiento de Lula como Ministro Jefe de la Casa Civil. El malestar provocado por dicho nombramiento y las últimas interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la operación Lava Jato han convertido la política en algo omnipresente hasta en los pasillos de los hospitales de Belo Horizonte, ciudad natal de Dilma Rousseff.
En medio al impacto mediático de varias llamadas telefónicas entre Lula y correligionarios, hay quienes vean con preocupación la forma como algunas han sido autorizadas por el Poder Judicial y difundidas a la opinión pública. Dos de ellas son particularmente polémicas: la interceptación de una llamada entre Lula y Rousseff cuando la orden judicial que la autorizaba ya había perdido vigencia, y la divulgación de un diálogo entre el ex mandatario y su abogado.
A los ojos de la población, lo que importa es el contenido de las llamadas, no su legalidad. Pero a la luz de los principios de un Estado de Derecho, no se justifica emplear pruebas ilegales para hacer algazara política a un gobierno corrupto. Así lo entendió el Colegio de Abogados de Brasil, particularmente con relación al monitoreo de diálogos entre Lula y su abogado.
Tan pronto los diálogos empezaron a circular en los medios de comunicación, Rousseff manifestó que solamente el Supremo Tribunal Federal puede levantar la inviolabilidad de las comunicaciones de la Jefa de Estado. En respuesta, el juez Sergio Moro comparó la difusión de los diálogos con las interceptaciones a Richard Nixon en Estados Unidas, cuya Suprema Corte validó algunas pruebas producidas de esta forma en el incidente de Watergate. Sin embargo, le faltó aclarar que en el ejemplo estadounidense el propio Nixon había ordenado varias interceptaciones, por lo que no pudo alegar la ilegalidad de las pruebas que pesaban en su contra.
En un juego diferente de comparaciones, vale recordar la suerte de un paisano de profesión de Moro, el juez Antoine Quentin Fouquier-Tinville, titular de un tribunal penal extraordinario creado durante la Revolución Francesa. En 1794 algunos miembros de dicho tribunal fueron acusados de condenar arbitrariamente a la pena de muerte a cientos de personas, y de haber sido obsecuentes con los excesos de los jacobinos. Es así que Fouquier-Tinville terminó en la misma guillotina a la que había enviado la Reina María Antonieta.
La comparación entre los jueces Moro y Fouquier de Tinville puede ser exagerada en cuanto a la forma como cada uno ha administrado justicia en sus países. Sin embargo, sobran razones para desconfiar de la postura que un eventual gobierno pos impeachment de Rousseff mantendrá con relación a la operación Lava Jato. Ahora mismo, el activismo judicial de Moro está blindado por la convulsión política y social del país. Algo similar ocurrió con del Comité de Salvación Pública a Fouquier-Tinville durante el período más turbulento de la Revolución Francesa.
En caso de impeachment, las tres personas de la línea sucesoria a Rousseff han sido mencionadas (Michel Temer) por delatores o se encuentran penalmente investigadas (Eduardo Cunha y Renan Calheiros) en el escándalo del Petrolão. Este dato arroja razones suficientes como para desconfiar de la tolerancia de un posible gobierno del Vicepresidente Michel Temer hacia un Poder Judicial eficiente en la lucha contra la corrupción. Pero hay otro dato más sintomático del galanteo oportunista entre los proponentes del impeachment y los Hércules togados en Brasil. La campaña electoral de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Impeachment de la Cámara de Diputados ha recibido millonarias donaciones de empresas investigadas en la operación Lava Jato.
Entre 1989 y 2001, la señora Carmen tenía a Lula como candidato natural para Presidente de la República en cada elección que disputaba. Los escándalos del Mensalão y el más reciente del Petrolão le hicieron despreciar al Partido de los Trabajadores y desconfiar de la integridad ética de los demás partidos, en particular el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Michel Temer. Uno de los pocos personajes públicos que ha logrado pasar su filtro de escepticismo se llama Sergio Moro. Es por ello que el juez que conduce la operación Lava Jato debería evitar que la política sea omnipresente también dentro del Poder Judicial.
Mejor dejarla en espacios inusitados como las habitaciones del Hospital Madre Teresa, donde la señora Carmen bromea que la salud del Estado brasileño anda más debilitada que la suya.
Daniel Cerqueira es oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Twitter:@dlcerqueira.
This article originally appeared on El Pais.
