Al promulgar la ley que establece un nuevo estatuto para los partidos políticos, la Presidenta Michelle Bachelet entusiastamente declaró que con esta ley “estamos dejando el poder del dinero fuera de la política”. Como todas las democracias continuamente deben lidiar con la influencia que buscan tener los grupos de interés en el proceso político, parece improbable que Chile haya logrado inventar un cortafuego que termine con esa amenaza. En la frase de la Presidenta descansa el mayor problema de esta legislación. Precisamente porque los gobiernos toman decisiones que afectan intereses económicos, siempre existirán incentivos para que los poderes económicos influyan sobre las decisiones del gobierno. En vez de regular adecuadamente algo que de todos modos va a pasar, este gobierno ha intentado prohibir una práctica inherente al proceso político.
Si quiere leer mas, visite El Libero.
