Durante su 157ª reunión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo una audiencia regional sobre las amenazas a la libertad de expresión y asociación en América Latina. Entre las sociedades civiles que presentaron un caso ante la Comisión, estuvo Fundamedios, una organización con sede en Quito, Ecuador, cuyo principal objetivo es “apoyar a los medios de comunicación y periodistas a través de su red de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión y asociación.”
Poco después de su visita a la Comisión Interamericana, Fundamedios discutió con nosotros el estado actual de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador, el caso que dio a luz antes de la Comisión, su monitoreo de agresiones contra la libertad de expresión desde el 2008 hasta el 2015, y como entienden el panorama político después del 2017.
El Decreto 739: la disolución causal y controvertida
El 3 de Agosto del 2015 el Presidente Rafael Correa firmó el Decreto 739 para reformar el Decreto 16. El propósito de este nuevo decreto era reducir la amenaza que presentaba el previo decreto a la sociedad civil y su respectiva libertad de asociación. A pesar de la ilusión de reforma, Fundamedios argumenta que el Decreto 739 solo ha funcionado como un mecanismo regulatorio que empodera al gobierno para disolver a organizaciones civiles, como la de Fundamedios el 8 de Septiembre 2015.
El Decreto 739 permite dos formas de disolución: la disolución causal y la disolución controvertida. Según Fundamedios, “las organizaciones que incurran en algunas acciones causales serán objeto de disolución por parte de la autoridad.” La disolución causal fue la forma por medio de la cual el gobierno intentó conseguir la disolución de Fundamedios, afirmando que “estaba actuando como una organización política por difundir mensajes a través de Twitter.” Sin embargo, con el apoyo de actores internacionales como la Comisión Interamericana, el gobierno Ecuatoriano se vio obligado a abandonar su intento de disolución.
Fundamedios, también describe la disolución controvertida, y comenta que “el Decreto 739 termina siendo como una guillotina que está lista para cortar la cabeza de las organizaciones,” en particular porque la disolución controvertida permite que los ciudadanos se conviertan en “delatores” ya que cualquier persona puede presentar una denuncia contra una organización. Fundamedios entonces sostiene que “sin que dicha organización participe en un proceso con derecho a defensa, la autoridad decide la disolución y simplemente notifica a la organización de la disolución”. Esto no le da a la organización derecho a defensa, ya que no es incluido en ninguna parte de este proceso.
Disolución, o Desaparición?
Fundamedios también señala que el Decreto permite que el gobierno pueda solicitar cualquier documento en cualquier momento. Como resultado, las organizaciones civiles deben mantener un archivo de toda y cada una de las acciones de su organización, y están en su deber de permitir que un funcionario del gobierno verifique la información proporcionada.
Según Fundamedios, estos requisitos terminan siendo “muy onerosos” ya que tienen a las organizaciones trabajando por papeles. Estos obstáculos burocráticos amenazan o inhabilitan la existencia de las organizaciones. Es decir, cuando se les presenta una orden del gobierno, organizaciones como Fundamedios terminan dedicando “más tiempo a hacer escritos, y a presentar documentos que a la marcha diaria de la defensa de libertad de expresión que es lo que se supone debería ser lo principal.”
Aunque el Decreto 739 no disuelve a las organizaciones de la sociedad civil por si, se puede encargar de asegurar su desaparición. Como indica Fundamedios, las organizaciones se enfrentan a menudo con “problemas de registro de directivas, de reformas de estatutos y de sus procesos electorales internos.” Por lo tanto, el gobierno ha sido capaz de usar el decreto—de manera explícita (con los requisitos causales y la disolución controvertida) y sutil (con obstáculos burocráticos)—para obstaculizar los objetivos principales de las organizaciones civiles.
Fundamedios subraya que “la libertad de asociación no debe estar regulada por decreto. Al ser un derecho fundamental, la lógica jurídica manda que sea una ley orgánica la que regule el derecho para darle alguna estabilidad.” Para Fundamedios, la consecuencia más preocupante de estos requisitos es la “inseguridad jurídica” que inevitablemente surge. A pesar de que Fundamedios continúa existiendo, lo hace con una preocupación exacerbada debido a la excesiva discreción en manos del Presidente Correa.
Agresiones crecientes contra los medios y periodistas
Aparte de advocar por la libertad de asociación, Fundamedios ha seguido de cerca la aplicación de la polémica ley de comunicaciones que entró en vigencia después de una consulta popular en el año 2011 y indica que “el año pasado se produjo una agresión por día, y que dicho incremento substancial viene marcado básicamente por la aplicación abusiva de la ley orgánica de comunicaciones, que apareció casi al mismo tiempo que el decreto contra las organizaciones de la sociedad civil.”
De hecho, ellos también reportan que en el 2008 existieron 22 agresiones contra periodistas, pero que para el 2015 habían 377 agresiones. Además, señalan que en solo dos años, se han iniciado casi 500 procesos contra los medios de comunicación y periodistas, y se han sancionado por lo menos a 207.
Algunas sanciones se manifestaron “por titulares, por caricaturas, por fotografías, por la línea editorial, por lo que dicen, y por lo que no dicen.” Más allá de las sanciones, Fundamedios comento que “no es poco frecuente que el gobierno mande las primeras planas de los periódicos ya diseñadas con fotografías y titulares.” En efecto, la autocensura se convierte en la decisión más prudente para los medios, y periodistas. La autocensura ocurre por la intimidación legal en la que se encuentran, o por la aquiescencia de las demandas del gobierno.
Según Fundamedios, “en las redacciones de los diarios ya no son los periodistas los que deciden los contenidos, las decisiones las toman los abogados de los diarios.” Entonces, lo que “realmente vemos es un régimen de autocensura.”
El Panorama político después del 2017
Ya que el Presidente Correa no se postulará a la presidencia en las elecciones de 2017, Fundamedios sostiene que el contenido de la próxima agenda legislativa será muy importante. El congreso tendrá que desmontar muchas leyes, y eso no será una tarea fácil.
De hecho, Fundamedios comenta que “es toda una telaraña de leyes” las que “hay que reformar para garantizar plenamente la libertad de expresión: el código de democracia, la ley del monopolios, la mismísima constitución, el código penal, la ley de comunicaciones, y además variados reglamentos.” Fundamedios también sostiene que el nuevo gobierno debe promover políticas públicas, para casi 40 medios públicos para que “tengan un carácter independiente” ya que “la publicidad oficial no puede seguir, de forma discrecional, castigando a unos y premiando a otros.”
Aunque las reformas legales son necesarias, Fundamedios también subraya lo esencial que es la voluntad política de muchos actores involucrados en el proceso democrático. La reconstrucción institucional de la sociedad civil llevará a esfuerzos que no verán resultados inmediatos. “Como ocurre con un edificio, es muy fácil demolerlo, sucede en cuestión de minutos, pero construir un nuevo edificio toma años. Lo mismo pasa con la institucionalidad, y las leyes. Entonces el proceso post 2017, será quizás más complicado porque requiere de diálogos, de consenso, y de procesos altamente participativos para intentar recuperar todos los derechos que han sido vulnerados durante estos años.”
Respecto a lo que la sociedad civil debe hacer para impulsar las reformas necesarias, Fundamedios sugirió que es importante, “concertar una agenda democrática con la cual el nuevo gobierno se comprometa.” Esto ayudaría a Fundamedios a vigilar y acordar con el gobierno de su compromiso democrático. Sin embargo, Fundamedios sugiere que esto debe ocurrir sin el “descuido del trabajo habitual.”
La Voluntad Política
Por ultimo, la voluntad política de los actores involucrados será puesta a prueba ya que las reformas podrían ocurrir en medio de una recesión económica preocupante y que no se espera termine en los próximos años.
Lo importante es tener en mente que la situación no va a cambiar de la noche a la mañana, y que como Fundamedios contiende “no por un cambio de Presidente, al día siguiente se terminaran las amenazas o las agresiones” en especial porque la actitud en contra de los medios no es sana, ya que “cualquiera se cree con derecho de agredir a un periodista.” Esto da a conocer que los cambios que se tomen tendrán que tener en mente no sólo la “modificación de una ley” sino también el ambiente en el que se instituyen, y con la actitud que se apliquen.
Por último, Fundamedios comparte que este proceso “es un tema de conciencia ciudadana, de empoderamiento del periodismo, y de valores.” El empoderamiento de los liderazgos de las organizaciones civiles requerirá mucho esfuerzo y dependerá no solo de un apoyo local o nacional, sino también internacional.
