Es verdad que una golondrina no hace verano. Pero la reforma tributaria del Presidente Piñera es una pieza central —si no la más importante— de su intento por revertir algunos de los proyectos más controversiales que implementó Bachelet en su segundo gobierno.

El lento crecimiento económico golpea a los gobiernos en el poder y, para volver a ganar, éstos deben cumplir las principales promesas que les dieron en su momento la victoria. Más allá de eso, el caso de Argentina no ofrece muchas lecciones para Chile Vamos y sus posibilidades de seguir a cargo.

Probablemente no hay otro líder político más antagónico a Sebastián Piñera que le haya dado tantos dolores de cabeza al único presidente de derecha democráticamente electo en Chile desde el retorno de la democracia.

La carrera presidencial se puede convertir en el norte que ordene la agenda del gobierno y discipline a los contingentes partidistas de derecha.

Porque la opinión pública todavía no empieza a ponerle atención a la próxima contienda, es mejor que los que aspiran a ser candidatos se preparen para estar listos en el momento indicado que gastar fuerzas y energías haciendo una campaña que tendrá más impacto en los medios que en los votantes.

Una mejor forma de combatir la delincuencia y demostrar liderazgo en implementar políticas públicas bien diseñadas y efectivas es involucrando al poder judicial e introduciendo transparencia en el desempeño profesional de los jueces.

Si el gobierno aparece repitiendo el error de gobiernos anteriores de ser demasiado blando con las empresas que incumplen su rol de proveedores de servicios básicos, no hay que sorprenderse después cuando los candidatos a puestos de elección popular prometan estatizar el agua, las pensiones, la salud, el agua o la electricidad.

Independientemente de su color político, el gobierno tiene muy pocas herramientas legales para remediar la situación en Osorno y hacer responsable a la empresa por los altísimos costos que implica para la economía regional. Porque no hay nada que haga más daño a la legitimidad de una economía de mercado que las fallas regulatorias que permiten abusos y que violan los derechos de los consumidores, La Moneda debiera tomar medidas concretas que vayan más allá de la indignación, el enojo y las amenazas sin dientes.

Así como han estado las cosas en años recientes, deponer la movilización y abrir espacios de negociación para mejoras concretas es la mejor noticia que podría recibir el sistema de educación pública.

Potenciar la competencia, los mercados, la meritocracia, la eficiencia en el gasto público y la reducción de burocracia innecesaria en el Estado debieran ser prioridades para las decisiones discrecionales que toma el gobierno. No se necesita mayoría en el Congreso para hacer eso.