¿Con los empresarios o con la gente?

Independientemente de su color político, el gobierno tiene muy pocas herramientas legales para remediar la situación en Osorno y hacer responsable a la empresa por los altísimos costos que implica para la economía regional. Porque no hay nada que haga más daño a la legitimidad de una economía de mercado que las fallas regulatorias que permiten abusos y que violan los derechos de los consumidores, La Moneda debiera tomar medidas concretas que vayan más allá de la indignación, el enojo y las amenazas sin dientes.

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El escándalo sobre la contaminación y posterior corte de agua potable en Osorno ha vuelto a reducir el debate político chileno a una dicotomía entre los intereses de las grandes empresas y el bienestar de la gente. A menos que el gobierno demuestre irrefutablemente que su prioridad es defender los intereses de las personas y no las ganancias de las empresas, este incidente tendrá costos más altos para la administración del Presidente Sebastián Piñera que para la propia empresa, ESSAL (controlada por Aguas Andinas).

El inaceptable incidente que involucró, primero, el suministro de agua contaminada por petróleo en la red de agua potable de Osorno y, segundo, un extendido corte de agua, que ha durado ya casi una semana, ha demostrado la poca capacidad regulatoria y punitiva por parte del Estado a las empresas encargadas del suministro de los recursos básicos para la vida moderna —agua, electricidad, gas, teléfono e internet. A medida que los osorninos sufrían el corte de agua, el gobierno solo podía opinar con intensidad y convicción, pero sin herramientas para lograr solucionar el problema. En la práctica, las fuertes declaraciones del gobierno contrastan con la mínima capacidad de la administración para forzar a ESSAL a invertir lo que fuera necesario para restablecer a la brevedad posible el suministro de agua potable. Los voceros del gobierno parecen líderes de una oposición minoritaria que se llena la boca usando palabras como ‘inaceptable’, ‘imperdonable’ o ‘indignante’, pero que puede hacer muy poco para terminar con el problema.

La débil capacidad regulatoria y punitiva del gobierno para sancionar este tipo de incumplimiento de la responsabilidad pública de una empresa que suministra el agua a una ciudad de 150 mil habitantes refleja un problema de institucionalidad. Independientemente de su color político, el gobierno tiene muy pocas herramientas legales para remediar la situación y hacer responsable a la empresa por los altísimos costos que implica para la economía regional que la trigésima segunda ciudad en población del país literalmente se detenga por no tener agua.

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