El pasado 17 de julio, el canciller boliviano, David Choquehuanca, decidió visitar los puertos de Arica y Antofagasta en el norte de Chile, con el supuesto propósito de verificar denuncias de abusos a camioneros que perjudicarían el comercio de mercancías bolivianas a través de los puertos chilenos. La visita fue formalmente anunciada semanas antes, pero sin aprobación del gobierno chileno, lo que llevó a una guerra de declaraciones en las que Chile anunció la revocación del convenio que permitía el ingreso irrestricto de diplomáticos bolivianos a Chile (y la consecuente imposición de un proceso mediante el cual diplomáticos bolivianos deberán solicitar visas), a la par que Bolivia denunciaba que el gobierno chileno había bloqueado el acceso de la comitiva a los puertos por “miedo a la verdad.” Pero detrás de la guerra de declaraciones se esconde un uso político del conflicto fronterizo, que resurge con más ímpetu cada vez que los gobiernos de cada país necesitan un chivo expiatorio para ocultar sus propios problemas internos.
Éste es sólo un episodio más de una larga batalla entre los dos países andinos por el acceso al mar. El 24 de Abril del 2012, Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una salida soberana al mar. Desde ese momento hasta la fecha, el gobierno de Evo Morales ha elaborado una campaña en busca de apoyo internacional que ha resultado bastante exitosa. Una prueba de aquello fue el fallo en el que la CIJ se declaró competente para conocer la demanda boliviana por 14 votos contra 2, desestimando así las excepciones preliminares presentadas por Chile que cuestionaban la idoneidad de la CIJ para resolver la demanda marítima de Bolivia. Se trató de un primer triunfo por knock out para la comisión boliviana que llevó adelante la demanda utilizando argumentos jurídicos, históricos y diplomáticos. Por su parte, Chile ha intentado, sin mayores logros concretos, hacerle frente a los embates comunicacionales del gobierno boliviano. El lanzamiento del libro “Vocación de Paz, la Política Exterior de Chile” en Julio de este año, sería un intento de mostrar la cara más amable de la política exterior chilena, resaltando su rol en procesos de paz en América Latina y el sistema multilateral.
No obstante, en tribunales, Bolivia sigue ganando terreno, así como en los círculos de apoyo de la comunidad internacional. Ante estos eventos, Chile cambió su equipo de expertos que llevan el caso ante la CIJ, adoptando una estrategia más dura y confrontacional. Es así, que en Junio de este año, Chile decidió contra-atacar jurídicamente demandando a Bolivia ante la CIJ por el curso de las aguas del río Silala.
Más allá de los detalles jurídicos en los que estos litigios se encuentran y considerando que sus resoluciones toman bastante tiempo, tanto el gobierno de Evo Morales como el de Michelle Bachelet, han encontrado en la exacerbación de un enemigo externo una excelente excusa para ocultar sus problemas políticos internos. Es por ello que se han enfocado en una guerra de declaraciones, en la cual las descalificaciones mutuas le han ido ganando terreno a los argumentos más racionales, dando paso a argumentos nacionalistas.
El enfrentamiento comunicacional tiene como protagonistas en el lado boliviano al propio presidente Evo Morales mientras que en el lado chileno al canciller Heraldo Muñoz. Este último se ha posicionado en la primera línea de fuego blindando a la presidenta Bachelet en este juego de acusaciones cruzadas y “gestos políticos” como los que se vieron en Julio con la visita de la comitiva boliviana a Chile, que causó gran revuelo mediático en Chile y Bolivia. A través de la prensa y también en redes sociales – en las cuentas de Twitter de Evo Morales y Heraldo Muñoz – las acusaciones han ido creciendo tanto en su cantidad como en su creatividad. Pero el ingenio de las retóricas nacionalistas de las figuras políticas de ambos países no es el tema más preocupante sino el efecto que sus palabras tienen en el resto de la población.
Este efecto es doble. Por una parte generan las condiciones apropiadas para que reaparezcan los discursos nacionalistas más virulentos, que van cubiertos con capas de racismo y xenofobia. Y por otro lado, se intenta que con estos tira y afloja vía medios de comunicación masivos y redes sociales, los problemas internos de ambos países pasen a segundo plano a la vez que los gobiernos respectivos consiguen un breve respiro. Este mecanismo causa-efecto es un viejo conocido en las ciencias políticas, sin embargo su uso y abuso en el tiempo puede llegar a tener efectos perjudiciales para ambos gobiernos.
Evo Morales está utilizando la demanda marítima con mayor frecuencia, con el objetivo de distraer a la población boliviana de los problemas domésticos que cada vez se ven más ligados a su persona que a su gobierno. Entre los más renombrados se encuentran el caso del referéndum celebrado en febrero del 2016 para ser re-elegido por cuarta vez, el cual perdió con un 48 por ciento a favor de la re-elección versus un 52 por ciento en contra; el caso de tráfico de influencias y corrupción en la que se vio involucrada su ex-pareja Gabriela Zapata; y la desaceleración económica (crecimiento anual del GDP de un 6.8 por ciento el 2013 a un 4 por ciento en el 2015) afectando programas sociales como “Bolivia cambia, Evo cumple.”
En el caso chileno, ya no es novedad constatar que el segundo periodo de Bachelet está atravesando por sus momentos más duros, con una economía desacelerada cuyo avance del PIB para el 2016 se calcula en torno al 2 por ciento; una clase política desprestigiada que desfila por tribunales de justicia; una alta desconfianza a las instituciones públicas y la clase política y un malestar generalizado de la población con el gobierno, y en especial con la figura de la presidenta, que la tiene marcando en las encuestas alrededor del 22 por ciento de aprobación y 70 por ciento de desaprobación, algo completamente inimaginable al momento en que terminó su primer mandato en el 2010 marcando casi un 85 por ciento de aprobación ciudadana.
Si bien esta disputa jurídica tiene para rato, como suele ocurrir en cualquier tribunal de justicia en el mundo, y más aún cuando las partes involucradas son estados nacionales, el curso que está tomando la otra batalla, la mediática, es más preocupante. Sus efectos internos y externos son difíciles de presagiar. No obstante, en el tiempo transcurrido ha mostrado una creciente agresividad, que ambos gobiernos argumentan es resultado de los ataques del adversario. En un nivel más profundo, este escenario es caldo de cultivo para sentimientos y expresiones nacionalistas dañinas para las democracias de Bolivia, Chile y sus países vecinos. De este modo se van socavando las aspiraciones y esfuerzos de integración en la región. El curso que está tomando la guerra comunicacional entre ambas clases políticas, más que defender argumentos lógicos y mantener las diferencias circunscritas al ámbito jurídico, está pavimentando un camino incierto con destino potencialmente negativo para los dos países y para la región en general.
Los litigios entre ambos países eventualmente se resolverán por intermedio de la CIJ, y cada parte analizará los resultados como más le convenga, probablemente ambos declarándose vencedores. No obstante, esperamos que la batalla comunicacional no llegue al punto de exacerbar nacionalismos rígidos y mezquinos, y que tanto los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet comprendan las consecuencias que conllevan sus posturas y gestos políticos, poniendo así el bienestar de sus pueblos por delante de las maniobras políticas cortoplacistas.
Daniel Cano es candidato a Ph.D en Historia en Georgetown University, con especialización en comunidades indígenas en América Latina y co-fundador del proyecto Kuykuitin que trabaja con indígenas en el sur de Chile.
Contacto: dac239@georgetown.edu
