Desde que Camilo Catrillanca fue asesinado el 14 de noviembre de 2018, el gobierno del Presidente Piñera ha estado atrapado en la polémica que se generó por su muerte. Mientras no sea capaz de salir de esa jungla de críticas y recriminaciones, su capacidad para enfocarse en su agenda de reformas legislativas seguirá limitada y la aprobación a su administración seguirá en problemas.
La reacción inicial del gobierno a la lamentable muerte de Catrillanca probablemente hubiera sido muy distinta si hubiera tenido entonces toda la información que hoy existe sobre lo que ocurrió ese día y sobre cómo algunos carabineros involucrados en los hechos intentaron ocultar información. El gobierno ha pagado caro por su error. El intendente de La Araucanía renunció y La Moneda ha pasado dos meses arrinconada, defendiéndose y dando explicaciones. Los cuestionamientos de la oposición al ministro del Interior —con peticiones de renuncia que posiblemente no se materialicen, pero que indudablemente han debilitado la autoridad política de Andrés Chadwick— se han convertido en la estrategia favorita de debilitamiento a la agenda legislativa y de reformas que impulsa el Presidente Piñera.
Como resultado del asesinato de Catrillanca, el Plan Araucanía sigue en la unidad de cuidados intensivos y es cada vez más improbable que pueda materializarse antes del fin de este periodo presidencial. La bala que mató al comunero mapuche también puso en riesgo de muerte a una de las iniciativas más simbólicas impulsadas por Piñera durante su candidatura presidencial.
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